ORGANIZACIONES CIVILES DE MÉXICO EXIGEN REFORMA DE CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Ocho organizaciones civiles de México exigieron hoy a su gobierno una reforma del Código de Justicia Militar, que impida la aplicación de la jurisdicción castrense en las violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Las organizaciones se dirigieron al gobierno mexicano en una de las audiencias del 134 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington del 16 al 27 de marzo.

El portavoz de los peticionarios de la audiencia, Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los juicios en tribunales militares de delitos cometidos por miembros del Ejercito contra civiles “contradice los estándares internacionales de derechos humanos”.

Según Arriaga, la presencia de militares en las calles tiene como “consecuencia directa” un aumento de las violaciones de derechos humanos.

En concreto, señaló, las denuncias de este tipo de casos han aumentado en un 600 por ciento en solo dos años, ya que mientras que en 2006 se registraron 182 quejas, en 2008 fueron 1.230 las denuncias archivadas por supuestas agresiones de militares a civiles.

Además, añadió, la aplicación de la jurisdicción militar provoca que los responsables de un gran numero de estas violaciones queden en la impunidad.

Solo un 6 por ciento de los casos archivados en los tribunales militares entre 2006 y 2008 se llevaron a juicio, y se desconoce cuantos de ellos resultaron en condenas, según datos presentados ante la CIDH por Laura Aragón, del Centro de Derechos Humanos de la Montana “Tlachinollan”.

Muchas de estas violaciones se dirigen, según los demandantes, hacia comunidades indígenas como las que existen en Chiapas y Guerrero, y se producen “bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico y sin que exista legalidad alguna”.

Los tribunales militares se amparan en el artículo 13 de la Constitución, pero sus competencias se ampliaron mas adelante, en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, “a cualquier tipo de delito, siempre que el que lo perpetre sea un militar”, según indicó Arriaga.

“Se trata de una violación del código de la CIDH, que no solo resulta en altos índices de impunidad, sino en la aplicación de penas irrisorias a miembros del Ejercito”, aseveró.

El Congreso mexicano tramita en la actualidad “varias iniciativas” al respecto, incluida una, presentada este mismo mes, en la que se solicita revisar la constitucionalidad del articulo 57.

El representante del Estado ante la CIDH, Aníbal Trujillo Sánchez, recordó que el Gobierno puso en marcha en 2008 una “reforma garantista” del Sistema de justicia penal, que tendrá repercusión en el sistema de justicia militar y “pondrá punto final a la impunidad”.

Asimismo, señaló que la participación militar es un componente esencial de la estrategia nacional de seguridad pública, la cual es “uno de los desafíos mas importantes para el Estado y la demanda mas urgente de los mexicanos”, y recordó que su carácter es “estrictamente temporal” y que se dirige a problemas concretos.

“La participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico es un imperativo que asume la mayor parte de nuestra sociedad”, sentenció Trujillo. “Sin embargo, reconocemos que esto debe hacerse en pleno respeto a los derechos humanos”.

Las organizaciones se mostraron “insatisfechas” por la respuesta del Estado en la audiencia, que, según los peticionarios, “omitió condenar de manera firme las violaciones cometidas por los militares”. VN