ORGANIZACIÓN RELIGIOSA CONTRA MEDIDA ANTIINMIGRANTE DE RIVERSIDE

La Coalición Nacional Latina de Líderes y Ministros Cristianos presentará el viernes una demanda en una corte federal en contra del pueblo de Riverside en Nueva Jersey, en un intento por detener una ordenanza que prohíbe emplear o alquilar vivienda a indocumentados.

El reverendo Miguel Rivera, presidente de la organización conocida por sus siglas de CONLAMIC, visitó hoy Riverside para conversar con comerciantes y residentes afectados con la medida, aprobada hace una semana.

“El viernes presentaremos una demanda con la intención de detener la decisión del consejo municipal de criminalizar la presencia de los indocumentados, así como a los dueños de propiedad y de negocios”, dijo a Efe Rivera.

Los argumentos se basarán en que “no hay base constitucional para que un gobierno municipal intervenga en la jurisprudencia federal” de regular la inmigración.

Según Rivera, la media crea “agentes de facto de inmigración” porque obliga a comerciantes y dueños de propiedades a verificar el estatus legal para empleo y vivienda, “y eso es ilegal”, dijo.

CONLAMIC argumentará además violación de derechos civiles desde el punto de vista de que la comunidad, documentada o no, tiene derecho a vivir donde lo desee y su estatus legal no debe ser impedimento para progresar económicamente y lograr su sueño”.

La medida obtuvo el visto bueno del Concejo municipal de Riverside, luego de que la localidad de Hazleton en Pensilvania se convirtiera en la primera jurisdicción en aprobar una medida anti-inmigrante de tal magnitud.

De acuerdo con Rivera, los miembros del Congreso son los culpables por la proliferación de estas medidas, que también se intentan aprobar en Palm Bay en Florida, por no haber alcanzado un acuerdo sobre una reforma migratoria que defina el futuro de los 12 millones de inmigrantes en EEUU.

“Muchas personas ya se fueron y muchos locales comerciales están vacíos” ante la imposibilidad de poder vivir o trabajar en Riverside, una localidad de unos 8.000 habitantes, comentó a Efe el líder religioso, quien destacó que los negocios están prácticamente vacíos.

“La gente o se ha ido o tiene temor de salir”, aseguró Rivera, quien denunció que el lunes y martes en la mañana agentes de Inmigración se presentaron en dos residencias y arrestaron a unos 13 inmigrantes brasileños y ecuatorianos.

Residentes de Riverside informaron al reverendo que los agentes “tocaron la puerta, no usaron fuerza exagerada, pero sí se apresuraron a entrar y comenzaron a detener personas sin hacer preguntas”.

Uno de los inmuebles intervenidos es propiedad de Luis Gustavo Ordoñez, que hasta el momento no ha tenido una explicación de las autoridades.

“Según familiares se han llevado unas 13 personas y el motivo no lo sabemos. El comentario es que andaban buscando a unos jóvenes brasileños y se llevaron a todo el mundo. Pero también podemos asumir que es por lo que estamos haciendo (contra la ordenanza) o pura coincidencia”, afirmó.

Ordóñez aseguró además que la aprobación de la medida “es criminal porque nuestras ventas se redujeron 70 por ciento”.

Para Rivera, “hay una relación obvia entre la ordenanza y las acciones de Inmigración y lo que nos preguntamos es quién habrá presentado la querella”.

Los detenidos fueron llevados a dos cárceles de Inmigración.

Destacó además “como dato interesante” es que hay policías en sus patrullas en las tres carreteras de acceso a Riverside desde el lunes “y hasta el momento, en lo que hemos podido observar, es que han detenidos personas por su perfil racial”.

“Técnicamente, la ciudad está bajo sitio”, señaló.

Rivera denunció además que la ordenanza aprobada primero en Hazleton, Pensilvania ya ha afectado a trabajadores agrícolas indocumentados en West Hazleton, al intentar alquilar un hogar en Hazleton, un pueblo cercano a donde viven.

“Mientras a 20 a 25 jornaleros que recogen frutas y vegetales bajo el sol caliente todos los días los tienen encerrados en ‘trailers’ prácticamente en hacinamiento, y se tienen que bañar en un dron (barril) de agua porque no hay ducha ni agua potable, para ellos (los antiinmigrantes) eso está bien”, indicó.

“Sin embargo, cuando mejoran económicamente y con su dinero quieren alquilar una casa en Hazleton para mejorar su calidad de vida e integrarse a la sociedad anglo, ahí viene este atropello social, como es esa ley” que presentó el alcalde Lou Barletta, afirmó. VN

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