¿EXISTE UNA BASE COMÚN PARA LA REFORMA MIGRATORIA?

La reciente promulgación del proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona, ha reavivado el debate nacional sobre la situación de los inmigrantes en nuestro país, y ha llamado la atención del vacío evidente que existe en torno a una regulación efectiva en asuntos de inmigración. Por desgracia, mucho más calor que luz se está generando en este debate nacional. Discutiendo con individuos y grupos sobre la reforma migratoria, me sorprende darme cuenta del gran nivel de consenso entre los estadounidenses en relación a la mayoría de los elementos claves de la reforma de inmigración -en una auténtica base común-. Más de lo que me imaginaba, cuando se presenta un paquete con cada elemento de una reforma de inmigración, he encontrado gente que favorece cada vez más las diversas propuestas. Estos son algunos de los elementos claves que se incluyen en el paquete de la reforma integral:

• RESPONSABILIDADES DEL PAÍS DE ORIGEN. Las naciones cuyos ciudadanos deben emigrar a otros países en busca de un empleo decente, tienen la responsabilidad primaria de promover un desarrollo económico y facilitar oportunidades de empleo decente para sus pueblos. Hay demasiados gobiernos nacionales que simplemente no han tomado esta responsabilidad en serio y se han convertido en parte del problema, en lugar de parte de la solución. La mayoría de los estadounidenses quiere que nuestro Gobierno presione a los llamados “países de envío” (sending countries) para aumentar significativamente su desarrollo económico en su propio territorio. Es absurdo para estos países invertir sus escasos recursos en los países más altamente desarrollados con el fin de ganar una mayor tasa de retorno. Nuestro país -el más poderoso económicamente en este hemisferio y quizás del mundo- debe ayudar a lograrlo a través de políticas económicas internacionales que faciliten el desarrollo sustancial de esos países.

• FRONTERAS MÁS SEGURAS. De los individuos y grupos con quienes he hablado sobre la reforma de inmigración, casi todos creen que nuestro Gobierno Federal no ha tomado los pasos necesarios para proteger nuestras fronteras nacionales. Sin embargo, debemos recordar que hay cinco fronteras nacionales, no una o dos: la frontera con Canadá (3,987 millas); la frontera con México (1,933 millas); la frontera con la costa del Pacífico y la frontera de la costa atlántica. Pocas personas se dan cuenta de que los aeropuertos de nuestra nación le dan la bienvenida a innumerables visitantes con visados, pero estos visitantes nunca abandonan el país cuando caducan sus visas. El gobierno calcula que de los 12 millones de personas en nuestro país sin documentos, un 40% ha llegado con visas y nunca se han ido. Eso representa casi 5 millones de personas.

Al mismo tiempo, hemos gastado más de 100 millones de dólares en reforzar medidas de inmigración en los últimos diez años, mas sin embargo, el número de indocumentados ha crecido en nuestro país.

A pesar de que casi todos están de acuerdo en que nuestras fronteras deben hacerse más seguras, ¿cómo alguien puede proteger 5,920 millas de frontera terrestre abierta para que no puedan cruzarla?

Tomemos como ejemplo la frontera con México. Si el Gobierno coloca un guardia fronterizo cada 100 yardas -la longitud de una cancha de fútbol- se requeriría 34,020 guardias de seguridad en servicio los siete días de la semana, las 24 horas, para vigilar las 100 yardas.

Parte de la solución reside en una reforma de inmigración, que aumentaría el número de visas laborales y familiares para los trabajadores no especializados, permitiéndoles inmigrar legalmente y de manera segura a través de los puertos de entrada. Esto ayudaría a reducir el número de personas que cruzan la frontera, interrumpir las crecientes redes de contrabando y permitiría el fortalecimiento de leyes que enfoquen su tiempo y recursos en actividades delictivas. Una reforma de inmigración integral nos ayudaría a hacer que nuestras fronteras sean más seguras, no menos.

EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJADORES. El desequilibrio entre la necesidad de trabajadores y el suministro de trabajadores en nuestro país, es la raíz de gran parte de nuestros problemas en asuntos de inmigración. En tiempos de crecimiento económico, la necesidad de trabajadores normalmente supera la oferta -especialmente en la agricultura y muchas industrias de servicio-. Dado que no hay ningún sistema viable para manejar este desbalance, se crea un vacío -un vacío que se llena con trabajadores indocumentados que se sienten atraídos a aceptar los empleos disponibles-. En tiempos de recesión se invierte ese desequilibrio y muchos indocumentados quedan fuera del mercado laboral.

Las proyecciones a largo plazo de nuestra fuerza laboral muestran claramente que con un futuro crecimiento económico, la carencia de empleados a través de la nación se elevará porque semana tras semanas, los baby boomers ingresan por miles a la etapa de jubilación.

Muchos están de acuerdo en que todavía no se ha ubicado un sistema laboral que maneje las subidas y bajadas de las necesidades de empleo. Lo que se necesita es un programa que permita a los trabajadores no especializados entrar al país y trabajar legalmente, basado en las necesidades económicas. Tal programa debe asegurar que se respeten tanto los derechos de los estadounidenses como los de los extranjeros.

AG EMPLEOS. Parece existir un mayor consenso entre los miembros del Congreso y los ciudadanos de la nación de que la industria agrícola tiene necesidad de empleados en varias funciones como irrigación, poda, cultivo, empaquetado y envío, entre otras. Más del 50% de los campesinos en este país -aquéllos que cosechan las frutas y vegetales que nosotros comemos cada día-, son indocumentados. La porción de la reforma de inmigración llamada “Trabajos agrícolas, oportunidades y beneficios” (Ag Jobs), la cual legalizaría a los trabajadores agrícolas y agilizaría su entrada al país, podría proceder rápidamente si existiera la voluntad política de hacerlo realidad.

DREAM ACT. La ley Dream Act permitiría a los hijos de inmigrantes indocumentados -que fueron traídos aquí por sus padres a una edad temprana- a entrar en colegios y universidades, realizar postgrados y convertirse en residentes legales que contribuyan al bienestar de nuestras comunidades y de la nación. Negarles a estos estudiantes esta oportunidad, priva al país de un gran número de empleados especializados que satisfagan nuestras necesidades futuras de mano de obra. Una vez más, la mayoría de la gente cree que los niños que fueron traídos a nuestro país por los adultos no deben ser penalizados a través de su propia educación y contribución en mejorar nuestro país.

CAMINO HACIA LA RESIDENCIA LEGAL. Esta es un área de la reforma de inmigración que crea profundas divisiones entre nosotros. Muchos sostienen que permitir que personas indocumentadas permanezcan en este país e inicien un camino hacia la residencia legal no es otra cosa que “amnistía”. Pero lo que se está proponiendo no es amnistía. Resulta útil revisar las definiciones generalizadas de “amnistía”: “El acto de una autoridad (como un Gobierno) mediante el cual se concede indulto a un gran grupo de personas”; “un indulto general por delitos, especialmente delitos políticos, contra un Gobierno, a menudo concedidas antes de cualquier juicio o convicción”; “un acto de perdón de ofensas pasadas, especialmente a clase integral de personas”; “un olvido a revisar cualquier ofensa del pasado”. Pero ninguno de nosotros está proponiendo un indulto general, olvido o una revisión del pasado sin penalidades ni obligaciones estrictas. A los inmigrantes sin permiso se les debería requerir pagar por su transgresión y “enderezarse” con la ley, entonces ganar su camino hacia la eventual ciudadanía. Esto no es una amnistía. ¿Qué elementos podrían construir un camino hacia la residencia legal?

• REGISTRO CON EL GOBIERNO FEDERAL. Cada indocumentado tendría que presentarse ante el Gobierno, dar su nombre, dirección, huellas digitales, y ser registrado. A cada persona se le debería dar una tarjeta de residencia temporal y podría ubicarse al final de la fila de espera de la residencia permanente, después de aquéllos que la han solicitado a través de los canales adecuados. Esto no es una amnistía.

• PAGAR MULTAS. Después de registrarse, cada persona necesitaría pagar una multa debido a su entrada ilegal al país. Esto no es amnistía.

• PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS. Cada persona debería calcular, verificar y pagar todos los impuestos -tales como el Seguro Social- antes de proceder por el camino a la legalización. Esto no es una amnistía.

• APRENDER INGLÉS. Cada persona debería aprender a hablar inglés, y tomar una prueba para probar sus conocimientos de este idioma. Esto no es una amnistía.

• INTERVALO DE TIEMPO. Una vez que se cumplen todos estos requisitos, el gobierno le ofrece a esta persona un estatus de residencia más largo, conocido como estatus de residencia permanente, o “tarjeta verde”. Entonces podrían, al igual que otros residentes permanentes, esperar otros cinco años para solicitar la ciudadanía. En ese momento tendrían que cumplir todos los requisitos de un ciudadano de Estados Unidos -prueba de aptitud de escritura y lectura de inglés, conocimiento de la historia de Estados Unidos, y otros requisitos-. Es importante notar que en todas las encuestas de opinión de los últimos meses, tales como las encuestas tomadas por USA Today, el Instituto de Investigación Pew y el Instituto del Pacífico de Políticas Públicas, e incluso aquellas personas que estuvieron de acuerdo con la estricta nueva ley de Arizona, también creen que es totalmente impráctico localizar, detener y deportar a unos 12 millones de individuos de nuestro país. El espíritu estadounidense de acogida para inmigrantes parece ofrecer soluciones duras y poco realistas en relación a las personas indocumentadas de aquí. El bienestar común general de nuestra nación y sus ciudadanos exige una acción temprana, que sobre todo incluya medidas para reparar nuestro actual no viable sistema de inmigración. Cada día que pasa sin una acción del Congreso, nuevos y más profundos niveles de miedo y desesperación afectan a mucha gente que vive en las sombras en esta sociedad. Existe un consenso general en la opinión pública americana de que se requiere una solución a nuestro dañado sistema de inmigración. Ahora es el momento de que nuestras autoridades electas muestren valentía para promulgar esa solución. No hay excusa para la inacción de lo que quizás constituya el mayor problema de presión social del país -una reforma total de inmigración. VN