“SB 1070: UN ESTADO DE ÁNIMO ANTIINMIGRANTE, CON MÚLTIPLES RAMIFICACIONES”

Unos días antes de que este artículo salga a la luz, una jueza federal ha dejado en suspenso, mientras se resuelve en instancias superiores, elementos fundamentales de la ley 1070. Con ello le ha entregado un triunfo, al menos temporal, a los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, a la Administración del presidente Barack Obama, y a todos aquéllos que dentro y fuera del país han condenado ese proyecto.

El fallo de la juez Susan Bolton, de Phoenix, reviste una enorme importancia política y jurídica. Suspende la parte de la ley que manda que la policía determine el estatus inmigratorio de una persona detenida y prohíbe a ese estado que declare delito el no portar documentos que prueben que una persona es residente legal del país. Estos son los componentes medulares de la ley, y esa decisión es claramente una derrota para la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y para los legisladores que la aprobaron.

Obviamente, no es el fin de esta historia todavía. Los autores de la ley van a seguir defendiéndola en los tribunales y es probable que ésta termine siendo decidida en la Suprema Corte de Justicia, lo que puede tomar mucho tiempo.

La 1070 es la más eficaz disposición antiinmigrante de las últimas décadas. Antes de ella, muchos grupos, muchas ciudades, muchos personajes habían intentado hacer algo parecido. En 1994, los votantes de California aprobaron un proyecto llamado la Proposición 187. Era una ley dura. Prohibía a las escuelas educar a los niños que no tuvieran papeles, aunque por supuesto esos chicos no tuvieran la culpa de encontrarse en este país. Sus padres los trajeron –a algunos de ellos cargados en brazos– pensando en darles una vida mejor. Sin embargo, la 187 tenía serios desperfectos legales y terminó hecha trizas en los tribunales. Otro que acabó hecho trizas fue el gobernador Pete Wilson. Pensó llegar a la Casa Blanca si repetía y repetía y repetía que los inmigrantes indocumentados eran el gran problema de la nación. En ese entonces, muchos hispanos inmigrantes decidieron hacerse ciudadanos y votar. Tantos respondieron al llamado, que Wilson no sólo no llegó a la Casa Blanca, sino que no pudo reelegirse como gobernador. Wilson es ahora una mala memoria, un espectro apéndice de ese otro espectro llamado la 187.

La derrota de esta ley fue una enorme decepción, un gran revés para quienes querían criminalizar –para después castigar– a todo un grupo. Después de esto el asunto se olvidó. Vinieron tiempos mejores, la economía prosperó. Los indocumentados dejaron de ser en la imaginación pública el principal problema de la nación. En un tiempo, incluso, el presidente de México, Vicente Fox, se aprestaba a encontrarse con George Bush con vistas a la promulgación de una nueva ley de inmigración que abriera las puertas a la regularización de millones de trabajadores indocumentados. En eso vino el 11 de septiembre de 2001 y todo cambió. O quizás no es que todo haya cambiado, sino que los elementos racistas encontraron nuevo combustible para azuzar los temores y los prejuicios de la nación.

Aunque en años más recientes se han propuesto varios proyectos para regularizar la situación de los 12 millones de trabajadores indocumentados que se asume viven en Estados Unidos, todos y cada uno han sido torpedeados. El mismo senador John McCain, que figuraba como uno de los legisladores más equilibrados del Congreso, apoyando la idea de una reforma humanitaria, tuvo una reconversión y ahora se ha sumado a la cacería de brujas.

Quienes concibieron la SB 1070 aspiran a que esta se convierta en el modelo nacional para lidiar con el asunto de los indocumentados. Para esas personas, su plan es la verdadera reforma que el país necesita. Pero para que leyes como esa sean posibles, primero es necesario desnaturalizar al conglomerado contra el que están dirigidas. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo recientemente que la mayoría de los inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos para traficar con drogas. Es el tipo de cosas que hay que decir cuando se ponen en marcha planes contra todo un grupo de población. Pero no es Brewer la única que hace declaraciones de ese calibre. Los medios de comunicación –o mejor dicho, algunos voceros de los medios de comunicación– dicen cosas parecidas y peores. Lou Dobbs, el desafortunado presentador de CNN, expresó ese tipo de mensajes por varios años, cobijado por una de las cadenas de noticias más respetables.

Todo esto plantea una reflexión interesante. Estados Unidos se encuentra sumido en la peor crisis económica de su historia desde los tiempos de la Gran Depresión, que empezó en 1933 y duró casi una década. Millones de personas se encuentran sin empleo. Millones han perdido sus casas o van a perderlas en los próximos años como resultado de sofisticadas y no tan sofisticadas especulaciones que crearon la crisis inmobiliaria.

¿Pero en lugar de encarar a los responsables de esos problemas, contra quiénes se dirigen las iras de la nación –o al menos de los elementos menos conscientes y pensantes de la nación?– Contra los trabajadores indocumentados. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de Los Inmigrantes (CHIRLA), de Los Angeles, dijo recientemente que el propósito de la 1070 es “intimidar y castigar a familias y comunidades enteras de inmigrantes”. ¿Castigarlas por qué? Respuesta fácil: porque son vulnerables. No se necesita mucho valor para dirigir las frustraciones de un estado o una nación contra quienes menos pueden defenderse. Es fácil atacar a una familia que vive amontonada en un cuarto y que no pasa de ganar el salario mínimo, en lugar de afrontar problemas verdaderamente graves.

La 1070 es un estado de ánimo antiinmigrante, con múltiples ramificaciones. Similares disposiciones se han consagrado ya en otros estados y localidades. Todas persiguen el mismo fin. Colorado tiene una ley que ordena que los indocumentados matriculados en las universidades públicas paguen las mismas cuotas que pagan los no residentes y los extranjeros. California le niega la licencia de conducir a quienes no posean un número de seguro social. Tennesee considera un delito menor utilizar un carné falso para obtener un trabajo.

Arizona quiere ir más lejos, por eso sus autoridades también van a prohibir los programas de estudios étnicos y han promulgado que los profesores de inglés que hablan con “acento” no tienen cabidas en las aulas escolares. Otra secuela de la 1070: una lista conteniendo los nombres de 1,300 inmigrantes sin papeles fue hecha llegar por una fuente no identificada a los distintos cuerpos del orden en Utah hace unos días.

Sin embargo, la suerte de este tipo de acciones extremistas, van a depender mucho de la suerte que corra la 1070 en los tribunales durante las batallas legales que se avecinan. La Administración Obama hizo lo correcto al pedir un recurso contra esta medida, cuyo fruto inmediato ha sido la decisión de la jueza Nolton. Ahora hace falta que el Presidente aproveche todos los foros posibles para educar a sus conciudanos sobre la verdadera naturaleza de la xenofobia.

Que la 1070 sea derrotada en los tribunales es lo mejor que puede pasar, pero como ha dicho recientemente el obispo Gerald Kicanas, de Tucson, el problema de los inmigrantes es una cuestión humanitaria y ética. Pero si hace unos meses la mayoría de los estadounidenses expresaba en encuestas que apoyaba una reforma que conllevara a la regularización de los indocumentados, quiere decir que no está perdido, que quienes por ahoran apoyan la 1070, incluso en Arizona, sólo pasan por un período de confusión y frustración, y que a la larga será posible apelar a su sensatez y humanitarismo. VN