CASA BLANCA EN DESACUERDO CON SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY SANITARIA

Washington.- La Casa Blanca expresó su desacuerdo con la sentencia de un juez de Virginia que ha declarado inconstitucional una provisión de la ley de reforma del sistema sanitario promulgada por el presidente Barack Obama.

“Creemos que cuando se haya resuelto toda la disputa legal, se determinará qué es legal”, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.

El juez Henry Hudson consideró inconstitucional la provisión que obliga a los ciudadanos a adquirir un seguro médico, una parte de la ley que debe entrar en vigor en 2014.

En sus declaraciones, el portavoz presidencial indicó que esta provisión es imprescindible para el objetivo de la ley de proporcionar cobertura médica a los individuos que arrastren enfermedades crónicas.

Tras la decisión de Hudson, en respuesta a una demanda presentada por el fiscal del estado de Virginia, Ken Cuccinelli, se espera que el caso vaya ahora al Tribunal Supremo.

Varios estados han promulgado leyes que invalidan en sus jurisdicciones algunos aspectos de la legislación que consumió el debate político en el primer año de la presidencia de
Obama.

La decisión que ha adoptado el juez de Virginia no es la única que se ha interpuesto contra la ley, que se cuestiona en tribunales federales en todo el país.

En otras dos demandas un juez federal en Lynchburg, Virginia, y en Michigan, han dictaminado que esa misma estipulación es legal. Un juez federal en Florida sopesa ahora la constitucionalidad del mandato de seguro médico individual en una querella presentada en forma conjunta por 20 estados.

En un fallo de 42 páginas, distribuido hoy en Richmond, Hudson sostuvo que el Congreso no puede obligar a que las personas adquieran seguro de salud.

La legislación requiere que la mayoría de las personas adultas adquieran un seguro de salud antes de 2014 o que paguen una multa, y el juez dictaminó que ésta es una “expansión sin precedentes de las atribuciones del gobierno federal que no pueden sustentarse en la autoridad que tiene el Congreso para regular el comercio interestatal”. VN