Las desapariciones forzadas y las plañideras.
Por: Oscar Müller C.
La comitiva fúnebre avanzaba lentamente por las calles de aquella pequeña ciudad minera del México Colonial, al frente iba el sacerdote acompañado del acólito que movía pendularmente el incensario dispersando el oloroso humo entre los presentes, tanto los que se encontraban en las aceras viendo la procesión como a los que seguían aquella procesión fúnebre; más atrás venían las personas que, sobre sus hombros, cargaban el ataúd que contenía el cuerpo del difunto; después de estos los amigos y familiares que le acompañaban en su última despedida y, al final de la procesión, un cortejo de personas, en su mayoría mujeres que rezaban y exclamaban en alta voz ayes de dolor que eran acompañados de expresiones corporales que pretendían expresar un profundo pesar. A estas personas se les conocía como las plañideras, personas pagadas cuya finalidad era realizar las expresiones de dolor que dieran al cortejo fúnebre esa tonalidad de duelo y dolor que debiera acompañar el último adiós del difunto.
El problema de la desaparición de personas en México tiene una larga data, pero la guerra contra el crimen organizado que se desató en la época del presidente Calderón, en vez de inhibir las conductas delictivas, las acrecentó pues los grupos criminales se vieron en la necesidad de incrementar sus ingresos para poder luchar contra ese nuevo frente que se abrió al entrar el ejército y la armada en la ecuación. Así, actividades criminales que antes eran cooptadas por pequeñas bandas, ahora pasaron a ser del interés de los grandes carteles, que acapararon actividades como robo de vehículos, secuestros y trata de personas.
Mayor actividad criminal implica también necesidad de mas gente que apoye a estas conductas, por lo que se vino el reclutamiento forzado y la desaparición de quienes no son útiles para los fines del grupo.
La criminalidad vivió un crecimiento exponencial en cuanto el gobierno dirigió la mirada hacia otro lado, iniciando con Peña Nieto que eliminó la Secretaría de Seguridad Pública, renunciando al combate al crimen y con mayor efecto de crecimiento con la política de abrazos y no balazos de los gobiernos de la 4T, que parece revelar una consciente complicidad.
Nuestro país tiene el deber jurídico de realizar actividades en materia de combate al crimen, esta obligación deriva de la suscripción de tratados y convenciones en esta materia, en donde los países se obligan a llevar a cabo políticas que son marcadas por los organismos internacionales y, como mi estimado lector se ha de imaginar, en materia de combate al crimen estamos reprobados.
Es por esto que no es de extrañar que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (el organismo oficial de mayor rango en el gobierno internacional) haya determinado que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, lo que encaja en la definición internacional de crímenes de lesa humanidad; que, si bien el crimen organizado es el principal perpetrador, persiste la colusión o aquiescencia de servidores públicos en diversos niveles; que las autoridades siguen "desbordadas" por la magnitud de la crisis, con más de 130,000 personas desaparecidas oficialmente registradas y una falta de capacidad para identificar restos humanos de manera masiva.
Todo esto derivó en la recomendación de llevar esto al consejo General de la ONU para que se lleven a cabo acciones que ayuden a nuestro país a combatir ese fenómeno.
La respuesta inicial de las autoridades mexicanas fue de rechazo, argumentando falta de rigor jurídico y que no se tomaron en cuenta avances en la materia que no son otra cosa que: mecanismos de alarma, que no sirven y reformas legislativas que se han quedado en el papel, ante la falta de voluntad política para llevarlas a la realidad.
La Presidenta Sheinbaum y su homóloga de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra, en un inicio, criticaron acremente el informe de la ONU, buscando todos los argumentos posibles para desvirtuar lo que en este se dice y que, conocemos todos los mexicanos, es la realidad que estamos viviendo en un México en donde la delincuencia organizada se ha infiltrado hasta las altas esferas de la política del país.
Estas personas se han rasgado las vestiduras y exclamados gritos como las plañideras de antaño, lo único que les falta es rasgarse las mejillas para demostrar su dolor, no por un México dominado por los delincuentes, ni por la muerte del Estado de Derecho cada vez más débil o por una Democracia que ha sido pisoteada, sino por la imagen de un gobierno ineficiente que ha develado el informe del comité de la ONU.
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