REFORMA MIGRATORIA

El equipo de miembros de la Cámara de Representantes y el Senado que se reunirá en estos días a puertas cerradas para reconciliar sus respectivas ofertas sobre cuál debe ser la nueva política de inmigración del país, no la tendrán fácil. Será algo así como reconciliar un cangrejo con una jirafa. Cada paquete plantea enfoques totalmente distintos. La Cámara Baja o de Representantes, autora de la infame 4437, obra del congresista de Wisconsin James Sensenbrenner, ofrece un documento en sintonía con los clamores más xenófobos e intolerantes del país, una especie de “solución final”: sellar la frontera con un muro de 700 kilómetros, poner fuera de la ley a los 11 ó 12 millones de indocumentados que se encuentran en el país, perseguirlos y hostigarlos hasta lograr su total extirpación. Lo único que falta a ese mamotreto para ser de plano una estrategia de limpieza étnica es una enmienda sobre campos de concentración.

La 2611, la propuesta del Senado aprobada la semana pasada, es en cambio un documento más razonable y político, que incluye una fórmula para la regularización de millones de trabajadores indocumentados, a quienes lejos de considerar malhechores, ve como personas trabajadoras que merecen insertarse en la sociedad con plenos derechos, una pieza que hasta el presidente de la bancada republicana en el Senador, Bill Frist, secunda.

Frank Sharry, director del Foro Nacional de Inmigración, una organización que aboga por los inmigrantes fincada en Washington D.C., dijo que a diferencia de la propuesta punitiva e ineficaz que la Cámara de Representantes promulgó en diciembre pasado, la iniciativa del Senado contiene los elementos claves de una reforma integral.

“Durante el curso del debate en el pleno fueron derrotadas una multitud de enmiendas para destruir los programas de legalización y limitar la participación. Una coalición poderosa y bipartidista de senadores, incluyendo el liderazgo de ambos lados, se unieron para impedir el desgaste significativo de las provisiones centrales de la propuesta y dirigieron la propuesta para poder llegar a este resultado”, comentó Sharry.

“Es un paso importante para lograr una reforma de inmigración efectiva de nuestra nación que sea justa y humana”, dijo el Cardenal de Los Angeles Rogelio Mahonny. El proyecto, explicó en una declaración, comprende disposiciones que él y los otros obispos católicos de Estados Unidos han apoyado por años. Sin embargo, aseguró, la propuesta también incorpora medidas innecesarimente punitivas: detenciones forzosas a lo largo de la frontera, expulsión expedita de los solicitantes de asilo, construcción de una muralla doble y triple de 370 millas de extensión, y el despliegue de la Guardia Nacional, es decir, la reserva del Ejército, a lo largo de la frontera de México. En otras palabras, dice el cardenal, el proyecto 2611 propone soluciones militares a un problema económico.

La propuesta ofrece una vía de legalización a casi 8.5 millones de trabajadores sin papeles, incluyendo un millón de trabajadores del campo, así como a estudiantes indocumentados, que podrían continuar sus estudios, graduarse e incorporarse al mundo laboral. Crea un programa de trabajadores de temporada para 200 mil personas al año.

Aumenta las visas de reunificación familiar. Incluye normas estrictas para la verificación de empleos. Pero es una vía minada de dispositivos descalificantes y es extremadamente divisiva. Se reserva la residencia permanente para aquéllos que llevan en el país de cinco años para arriba (siete millones aproximadamente), siempre y cuando no tengan historial delictivo, se matriculen en clases de inglés y paguen multas y cuotas por valor de $2,750 -más un cobro extra de $500 para seguridad fronteriza-. El uso de documentos falsos y una larga lista de faltas -no informar a tiempo de cambios de dirección entre ellas- pueden dar pie a la detención y deportación de los infractores, que tendrán pocas opciones, pues el plan también recorta los recursos judiciales de amparo. Por otro lado, quienes han trabajado en el país entre dos y cinco años deberán salir temporalmente de EE.UU y aguardar una visa temporal de trabajo antes de poder retornar como trabajadores temporales, y así permanecerán hasta el día que reciban la residencia permanente, que con el tiempo les permitirá adoptar la ciudadanía estadounidense.

Los desafortunados que sólo han estado en el país dos años o menos -un millón de individuos aproximadamente- no obtuvieron nada del Senado. Deberán salir del país.

Grupos como CHIRLA que trabaja con inmigrantes en Los Angeles, descalificaron el esfuerzo. “No podemos apoyar el proyecto del Senado tal como está; el plan adolece de muchos problemas y no aborda los problemas de un sistema de inmigración fallido”, dijo la directora de la organización, Angélica Salas. Reconoce que la fórmula senatorial es bien intencionada, pero considera que no hará suficiente contrapeso al proyecto de Sensenbrenner a la hora de la reconciliación. A pesar de que ambas soluciones, la de la Cámara de Representantes y la del Senado, representan puntos de vista diametralmente opuestos (medidas de corte policial contra legalización), la última palabra la tiene el comité bicameral encargado de hacer uno solo de ambos proyectos. Si es que se logran poner de acuerdo. Dése por descontado que la Cámara de Representantes enviará a la negociación a sus partidarios más recalcitrantes. Si la junta de reconciliación concluye con un documento más cercano a Sensenbrenner que al Senado, han declarado algunos dirigentes latinos, es preferible que la reconciliación naufrague. Un desacuerdo es preferible a una ley desastrosa, dicen. Recuérdese que estamos en un año electoral.

Muchas partes del país, especialmente las del interior, experimentan por primera vez animadversión contra los inmigrantes, especialmente ahora que muchos latinos, siempre en busca de trabajo, empiezan a asentarse en el corazón del país. Aun republicanos moderados se sintieron obligados a votar a la par de Sensenbrenner en diciembre por temor a perder el curul a manos de adversarios más radicales en la elección nacional de noviembre. Vistas así las cosas, a lo más que los republicanos de la Cámara de Representantes accederán en la mesa de reconciliación será a aprobar un programa de trabajadores huéspedes, esencial para numerosas industrias que encaran escasez de mano de obra. Por supuesto, siempre puede producirse una sorpresa.

Piensan algunos: si los hispanos se naturalizan, se empadronan y votan masivamente, cualquier ley antinmigrante puede ser revertida a largo plazo en las urnas. Son aproximadamente el 14% de la población y siguen aumentando. VN