PIDEN EN UTAH ANULAR INDEMNIZACIONES A INDOCUMENTADOS LESIONADOS EN TRABAJO

Varios dirigentes latinos de Utah expresaron su rechazo a un proyecto de ley que negaría el pago de indemnizaciones a trabajadores accidentados si éstos carecen de estatus legal en el país o tienen antecedentes delictivos.

Mike Martínez, un abogado de Salt Lake, indicó que, de entrar en vigor la nueva propuesta, la ley podría afectar a aquellos trabajadores que, aunque están legalmente en el país, no hablan suficiente inglés, como en el caso de numerosos inmigrantes latinos y asiáticos ahora radicados en Utah.

Martínez puntualizó que esos trabajadores son precisamente quienes con más frecuencia sufren accidentes laborales, especialmente en sitios de construcción, por lo que, de aplicarse la nueva ley, “serían discriminados y hasta quedarían sin recursos” para obtener la llamada “compensación de los trabajadores”.

La razón, comentó, es que esta propuesta de ley es “tan amplia y ambigua que muchos trabajadores, no solamente los indocumentados, podrían perder sus beneficios”.

En la actualidad, la ley estatal de Utah exige que los empleadores verifiquen que sus empleados están legalmente autorizados a trabajar en EE.UU. Una vez que esa verificación ocurre, se da por concedido que también están autorizados a recibir los beneficios laborales que les corresponda.

Sin embargo, la nueva propuesta autorizaría a los investigadores de las compañías de seguros a averiguar por su cuenta la situación migratoria del trabajador accidentado que solicite una indemnización.

Para Martínez, eso significa “darle autoridad migratoria a los agentes de seguros”.

Según Martínez, si la ley se basa en la suposición que inmigrantes indocumentados están abusando del sistema de indemnizaciones, entonces la solución sería exigirles a los empleadores que verifiquen con más cuidado los documentos de sus empleados.

“Y si un trabajador se lastima y luego se descubre que es indocumentado, entonces su empleador debería pagar de su bolsillo por todos los gastos médicos o beneficios por incapacidad del trabajador accidentado, más un multa por haber contratado a un indocumentado”, sostuvo Martínez.

Por su parte, el representante estatal Michael Morley (R-Spanish Fork), autor de la iniciativa, explicó que su propuesta no se enfoca en los indocumentados sino en evitar que los empleadores paguen beneficios directamente a sus empleados lastimados sin un reporte ante el Fondo de Compensación de Trabajadores, y en evitar que se les pague a trabajadores que en realidad no quedaron incapacitados.

Sin embargo, aclaró el legislador, su proyecto no afecta la prestación de servicios médicos.

El miércoles pasado, en una reunión en la que Morley explicó su propuesta ante el Consejo Asesor de Compensación de los Trabajadores de Utah, Martínez, allí presente, replicó que a pesar de las aclaraciones del legislador, “este proyecto de ley no es nada más que una táctica para atemorizar a los trabajadores indocumentados y para proteger a los empleadores de pagar indemnizaciones”.

“Con esta ley estamos volviendo a hablar de los indocumentados y los ilegales, ya que se dice que alguien con ‘conducta criminal’ no puede recibir los beneficios. Si un trabajador indocumentado se recupera (después de un accidente), volver a su trabajo sería ilegal, por lo que el empleador no tendría ni que pagar beneficios ni tampoco le aumentaría el costo mensual de su seguro”, puntualizó el abogado hispano.

“Esta ley puede interpretarse como que se les pedirá a todos los trabajadores que comprueben que están legalmente en el país antes de obtener beneficios por incapacidad. Así se crearía un atmósfera de miedo por la que muchos inmigrantes ni siquiera solicitarían esos beneficios”, declaró Martínez ante el Consejo Asesor de Compensación de los Trabajadores.

Por otro lado, varios dirigentes empresariales se expresaron a favor de la propuesta de Morley. Para James Olsen, presidente de la Asociación de la Industria Alimenticia de Utah, aseveró que la nueva ley reduciría el fraude.

Y Dennis Lloyd, vicepresidente del Fondo de Compensación de Trabajadores de Utah, negó que los empleados de las aseguradoras vayan a convertirse en agentes de Inmigración, sino que se trata de saber si el empleador para el que trabajaba la persona accidentada puede legalmente volver a contratar a ese trabajador.

Morley, quien además es dueño de varias empresas de construcción, presentará su propuesta ante la legislatura estatal en enero de 2008. VN