PIDEN ASPIRANTES PRESIDENCIALES DEROGUEN LEY ANTIINMIGRANTE

Un grupo de inmigrantes, activistas y sindicalistas pidió hoy a los aspirantes a la presidencia de EEUU que se derogue la ley que impone penalidades a los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados.

La Alianza Rompiendo las Cadenas argumentó, en conferencia de prensa, que la ley de 1986 criminaliza a los inmigrantes, divide los trabajadores entre los documentados e indocumentados y niega a éstos el derecho al trabajo.

Sobre todo, reiteraron, la medida ha abierto las puertas para que empleadores abusen de los indocumentados con bajos salarios y malas condiciones laborales porque saben que éstos por temor no los denunciarán.

El grupo, que portaba carteles con mensajes de “derechos iguales para todos los trabajadores”, “eliminemos la ley de sanciones” y “queremos un camino genuino hacia la ciudadanía” envió el pasado martes una carta a los aspirantes demócratas Hillary Clinton y Barak Obama y al candidato republicano John McAin en la que señalan que los tres han hablado de la necesidad de fortalecer la ley de sanciones al empleador.

Tosh Anderson, que firma la carta a nombre de la Alianza, comentó a Efe que a pesar de que en este momento no hay un debate migratorio, será retomado bajo una nueva presidencia, por lo que piden a los aspirantes que cambien su posición y deroguen el estatuto en lugar de fortalecerlo, en detrimento de los trabajadores.

La misiva señala además que la ley de 1986 hace a los indocumentados más vulnerables a la explotación, víctimas de empleadores inescrupulosos, los mantiene viviendo en la sombra con miedo de hablar de lo que ven o lo que están pasando.

En lugar de ser una medida que mejore las condiciones de trabajo, uno de sus propósitos al ser creada, ha contribuido al deterioro de las condiciones de empleo y vida de los obreros, indica Anderson a los aspirantes presidenciales.

Los activistas argumentaron además que la ley no ha detenido el flujo migratorio ni a los patrones de contratar indocumentados. Por el contrario, alegaron, “criminaliza” a los inmigrantes por el abuso laboral, como el ocurrido al mexicano Adolfo López.

López contó que durante tres años trabajó 12 horas diarias en un restaurante llevando comidas al cliente en el hogar y limpiando el establecimiento por sólo 15 dólares al día “por no tener papeles y casi no tenía tiempo para comer” mientras que a los residentes legales les pagaban 25 dólares el día.

“Cuando le pedí aumento (al empleador), me dijo que me pagaba 15 dólares porque no tenía papeles”, recordó López, uno de los siete empleados latinos que hacían su misma labor en el restaurante, donde no trabaja desde 2007.

“Mi idioma no es el español, es el mixteco, apenas hablo el español y como yo, hay muchos otros mixtecos y otros inmigrantes que sólo hablan su idioma y por eso tienen temor de denunciar las injusticias que ha causado esta ley”, afirmó López, que junto a otros tres ex compañeros de trabajo demandaron al patrono por salarios no devengados.

“La ley nos afecta a todos. Todos tenemos derecho a trabajar ocho horas y compartir con nuestras familias porque muchos trabajan hasta 12 horas al día y no lo pueden hacer”, indicó López, quien aseguró que incluso trabajadores con estatus legal han sido víctimas de empleadores que les ofrecen bajos salarios “y les dicen si no lo aceptas, puedo contratar a un indocumentados”.

Nelly Bailey, de la organización Harlem Tenant Council, argumentó por su parte que si un trabajador no tiene un buen empleo, no puede tener una buena vivienda.

“La comunidad necesita trabajos, pero trabajos dignos. El rechazo a la ley es crítico para la igualdad de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

En la misiva, se cuestiona a los aspirantes si es esto lo que realmente quieren para la nación y les recuerda que comerciantes, sobre todo las pequeñas empresas, trabajadores y grupos de derechos civiles se oponen a dicha ley.

“¿Por qué ustedes persisten en decir que medidas como fortalecer las penalidades y la verificación por computadora de la identidad son la respuesta?”.

“Asegurar que todos los trabajadores tengan igualdad de derechos en su lugar de empleo es la respuesta”, afirmaron. VN