PARA LOS INDOCUMENTADOS SU TABLA DE SALVACIÓN ES UN NUEVO PRESIDENTE

Son víctimas de redadas y una simple infracción de tráfico puede costarles la deportación de EEUU, pero los inmigrantes indocumentados no pierden la esperanza de que con un nuevo presidente en la Casa Blanca se apruebe una reforma migratoria.

Grupos pro-inmigrantes en todo Estados Unidos han reactivado su campaña a favor de una reforma migratoria integral, similar a la que fracasó en el Congreso en 2007 por falta de apoyo político.

Sólo que, del otro lado, grupos conservadores afilan sus armas para estrechar el cerco a los indocumentados y bloquear cualquier programa de legalización.

En medio de una reñida contienda electoral y con motivo de las celebraciones del 5 de mayo, los candidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama criticaron el lunes las políticas del gobierno de George W. Bush que, a su juicio, han perjudicado a los inmigrantes.

Ambos prometieron que, de llegar a la Casa Blanca, impulsarán una reforma migratoria con rostro humano.

En Arizona, el candidato republicano John McCain expreso su apoyo a una reforma, pero reiteró su posición de que, primero, hay que resguardar las fronteras.

Aseguró que los hispanos comparten la posición republicana de que se tiene que fortalecer la seguridad fronteriza “pero también quieren que tengamos una actitud, como creo que tiene la mayoría de estadounidenses, de que estos (inmigrantes) son hijos de Dios…y que el asunto debe abordarse de forma humana y compasiva”.

El Congreso ha hecho un paréntesis en el debate, mientras activistas pro-inmigrantes realizan protestas y campañas de inscripción de votantes para efectuar un cambio en las urnas.

En paralelo, el Gobierno ha recrudecido las redadas y mantiene una política de “mano dura” contra quienes contraten a indocumentados. Los empresarios reclaman, y los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) replican que sólo “cumplen órdenes”.

Mientras, en la geografía estadounidense, decenas de estados y localidades adoptan sus propias leyes que, para grupos como el Foro Nacional de Inmigración, sólo han empeorado las cosas en esas comunidades.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), para el pasado 31 de marzo, al menos 1.106 medidas vinculadas con la inmigración fueron debatidas en 44 estados del país.

Veintiséis estados han puesto en vigor 44 leyes y 38 resoluciones que afectan a los inmigrantes.

La mayoría de éstas se centra en medidas policiales, verificación de estatus migratorio en los trabajos, y un mayor control de los documentos de identificación.

En Virginia se aprobó en marzo una medida que prohíbe el registro de vehículos a quienes no puedan demostrar su estatus legal.

Más grave aún para los indocumentados ha sido una resolución contra los indocumentados que aprobó en 2007 el condado Prince William, donde viven más de 60.000 hispanos.

Entre otros elementos, esa resolución permite que la policía haga las veces de agentes de inmigración y pueda de esa forma identificar y expulsarlos.

Más al norte, en el condado Frederick (Maryland) grupos opuestos a la inmigración ilegal quieren copiar el modelo de Prince William.

Como han hecho otras localidades, el jefe de policía del condado Frederick, Charles Jenkins, suscribió el pasado 25 de febrero el llamado “Acuerdo 287(g)” con ICE para que la policía local haga cumplir las leyes federales de inmigración. El acuerdo entró en vigor esta semana.

“No vamos a permitir que ocurra en Frederick o cualquier otro sitio en Maryland lo que pasó en Prince William. Ellos están infundiendo miedo, pero nosotros estamos creando una coalición con iglesias y grupos cívicos para impedir este tipo de medidas”, dijo a Efe Gustavo Torres, director de Casa de Maryland.

“Están usando el pretexto del combate al crimen para deportar a los inmigrantes” indocumentados, enfatizó.

El temor a la policía es palpable en toda el área de Washington: los indocumentados se recluyen en sus casas y evitan cualquier contacto público, incluso en las iglesias, según dijo a Efe el reverendo Vidal Rivas, de la Iglesia Episcopal San Miguel, en el condado Prince George (Maryland).

“Nos estamos quedando sin gente y sin dinero”, se quejó. VN