LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LAS UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LAS UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA

Por Monseñor JOSÉ H. GOMEZ
Arzobispo de Los Ángeles

5 de agosto 2016

Nota del editor: Esta semana, el Arzobispo Gómez se unió al obispo Charles E. Blake, pastor de la Iglesia de Dios del Oeste de los Ángeles y Obispo Presidente de la Iglesia de Dios en Cristo, una denominación de la Iglesia de Santidad Pentecostal que cuenta con 6 millones de miembros, para oponerse a una legislación que limitaría la libertad religiosa de las instituciones de estudios superiores y universidades confesionales de California. Su declaración conjunta aparece a continuación.

Esta semana, la Asamblea de California está programada para empezar las deliberaciones finales sobre “la Ley de Equidad en la Educación Superior”, del senador Ricardo Lara (SB 1146).

Este proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado a fines de mayo, tiene un propósito saludable: proteger contra la discriminación por motivos de orientación sexual en los campus de California.
Sin embargo, esta legislación tiene un alcance mucho mayor que eso.

Como está escrito actualmente, el proyecto SB 1146 es una extralimitación que viola la libertad religiosa de las instituciones que prestan sus servicios a decenas de miles de californianos, incluyendo a muchos negros, latinos y a muchas personas de bajos ingresos.

El proyecto SB 1146 dictaría prácticas y políticas en cualquier institución de estudios superiores o universidad religiosos, que reciben dinero del estado o que dependen del programa de ayuda financiera Cal Grants.

Este proyecto de ley cuenta con disposiciones detalladas con respecto al empleo y a los requisitos de admisión, a las reglas para el uso del baño y a la disposición del acomodamiento de los dormitorios. Este proyecto de ley prevé incluso que el gobierno establezca directrices acerca de cuáles “prácticas religiosas” y cuáles “reglas de conducta moral” han de ser aceptables en estos recintos.

Si se aprueba, este proyecto de ley obligaría a las instituciones confesionales a elegir entre hacer concesiones referentes a creencias suyas, profundamente arraigadas, o correr el riesgo de una avalancha interminable de litigios costosos para defenderse.

Esta es una elección que ningún individuo o institución deberían jamás ser obligados a realizar en los Estados Unidos de América. De hecho, la Primera Enmienda y la Carta de Derechos se promulgaron para evitar precisamente el tipo de intromisión por parte del gobierno y la interferencia que se reflejan en el proyecto SB 1146.

La actual ley de California es sensata y coherente con los principios fundamentales de nuestra nación. Exime a las escuelas religiosas de las leyes contra la discriminación cuando la aplicación de estas leyes “no sería coherente con los principios religiosos de esa organización”.

El proyecto de ley SB 1146 reduciría drásticamente la exención de manera que sólo se refiriera a los seminarios y otras escuelas que se encargan de la formación de clérigos y ministros. Al mismo tiempo, este proyecto de ley está trazado de manera tan amplia que una universidad judía no podría permitirse el ofrecer únicamente un menú kosher.

Los que realmente serían más castigados por este proyecto de ley son las comunidades de bajos recursos y de minorías de California, que incluyen a millones de negros y latinos atendidos por nuestras respectivas comunidades de fe aquí en Los Ángeles.

Históricamente, las instituciones confesionales han sido un refugio para los negros y otras minorías que, ante las dificultades económicas y la discriminación racial, buscan una educación universitaria. Eso fue cierto en los días anteriores a la Ley de Derechos Civiles y sigue siendo cierto hoy en día.

Las instituciones cristianas de estudios superiores privadas y sin fines de lucro de California atienden a un alumnado diverso: casi el 60 por ciento de sus estudiantes pertenecen a minorías y casi el 90 por ciento requiere de ayuda financiera.

Muchas de las escuelas a ser afectadas por esta legislación participan en instituciones que sirven a las Instituciones al Servicio de los Hispanos del gobierno federal (HIS, por sus siglas en inglés), una iniciativa que tiene como objeto hacer más accesible la educación superior para los Latinos. Entre otras, están escuelas tales como California Lutheran, Azuza Pacífico, Fresno Pacific y Notre Dame de Namur.

Para calificar para un estatus HIS, estas escuelas tienen que tener poblaciones de estudiantes de al menos un 25 por ciento de hispanos. Muchos de estos estudiantes son hijos de inmigrantes y los primeros en sus familias en asistir a una facultad de estudios superiores.

Nos preguntamos por qué los legisladores tendrían interés en hacer más difícil para los latinos y para otras minorías el recibir una educación, negándoles la oportunidad de recibir el apoyo financiero de Cal Grants. Esto nos parece una injusticia cruel, una ofensa para las nobles tradiciones del estado, que busca ampliar las oportunidades educativas y económicas para todos los californianos.

Existe una solución sencilla para proteger los derechos de los estudiantes homosexuales, lesbianas y transgénero. Una solución que no implica que el gobierno ponga en riesgo el acceso a la educación de las poblaciones pobres y pertenecientes a las minorías del estado, ni que se entrometa en el funcionamiento interno de las escuelas religiosas.

La respuesta es simplemente requerir que estas escuelas afirmen claramente —en sus sitios web y en sus materiales escritos— lo que creen, qué adaptaciones tienen la intención de proporcionar a los estudiantes, y qué es lo que se espera de los estudiantes en cuanto a la práctica religiosa y a la conducta personal.

La mayoría de las instituciones de estudios superiores y universidades confesionales ya lo hacen.

Es importante recordar que nadie está obligado a asistir a una escuela religiosa privada. Los que lo hacen, toman una decisión deliberada porque están buscando un ambiente académico y comunitario en el que puedan vivir, aprender y servir a la comunidad con otras personas que comparten sus creencias, valores y aspiraciones.

Instamos respetuosamente al senador Lara y a los legisladores de California a que modifiquen el proyecto de ley SB 1146 de manera que proteja la libertad e integridad de las instituciones de educación superior cimentadas en su fe, y que preserve la libertad de los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías de California para que puedan asistir a la universidad de su elección, independientemente de sus creencias religiosas. VN

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