LA ABOLICIÓN DE LA CIUDADANÍA AUTOMÁTICA VIOLARÍA LA CONSTITUCIÓN DE EEUU

La iniciativa republicana para prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos en EEUU de padres indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la Constitución y que, si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la era de la esclavitud.

No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles.

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque viola la 14 enmienda de la Constitución.

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando a las clases media y trabajadora en EEUU, sus promotores insisten en que es urgente eliminar los resquicios e incentivos de la inmigración ilegal.

La iniciativa que promueve el legislador republicano Gary Miller se conoce en inglés como “LEAVE Act”, que en español se traduce en una orden para que los inmigrantes se vayan.

El proyecto de ley incrementa los recursos para la policía local y los agentes fronterizos en contra de esos inmigrantes.

Según explicó recientemente Miller, la medida es la “mejor solución” a los problemas que aquejan al país, en unos momentos en que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados mientras “siete millones de indocumentados” sí tienen trabajo.

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la población indocumentada en cinco años y crearía siete millones de puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, al cerrar el grifo en el mercado laboral a los indocumentados.

Quienes apoyan el proyecto de ley señalan que sólo buscan modificar una ley federal de inmigración y así “esclarecer” la interpretación de la 14 enmienda.

Pero éstos no lo tendrán fácil porque esa enmienda, ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen”.

Esa enmienda fue ratificada precisamente para resguardar los derechos civiles de los esclavos que obtuvieron su libertad tras la Guerra Civil.

Desde entonces, EEUU concede la ciudadanía automática a quienes nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Eso molesta a grupos conservadores que, con argumentos económicos y hasta medioambientales, aseguran que las indocumentadas vienen a EEUU para tener a sus hijos acá y que éstos, a costas de los contribuyentes estadounidenses, tengan los mismos derechos, beneficios y privilegios que los ciudadanos y residentes legales.

A menos que el Congreso actúe, por ahora el Gobierno puede retirar la ciudadanía a quienes se han naturalizado sólo en casos excepcionales, normalmente relacionados con inmigración.

En general, los estadounidenses tienen que renunciar formalmente a su ciudadanía para perderla, y el proceso comienza con una carta al Departamento de Justicia.

La medida de Miller, de ser aprobada, sólo concedería la ciudadanía si al menos uno de los padres del niño es ciudadano, residente legal o miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU.

La legislación no afectaría a los niños que nacieron antes de su puesta en marcha.

El Congreso también sigue dividido sobre el futuro de una reforma migratoria integral, complicado también por el reciente activismo de los conservadores del llamado “Tea Party”, que se oponen a una “inmerecida amnistía” para los indocumentados.

La comunidad inmigrante saldrá a las calles en una manifestación nacional el próximo 21 de marzo para recordarle al presidente Barack Obama la promesa que hizo en 2008 y a los demócratas en el Congreso su compromiso con la reforma migratoria.

Mientras, la iniciativa de Miller, que más parece un truco para atraer votos de la base conservadora en los comicios de noviembre próximo, terminará ante el Tribunal Supremo si prospera en el Congreso.

La 14 enmienda reforzó los derechos de los esclavos negros emancipados tras la Guerra Civil, ha pasado las pruebas del tiempo, y debe continuar protegiendo a todos los que nacen en EEUU.

Sin duda, la inmigración ilegal es un problema grave en EEUU pero responsabilizar a los niños por las acciones de sus padres no es una solución ni razonable ni democrática. VN