ESTADOS TOMAN SARTÉN POR EL MANGO EN DEBATE MIGRATORIO

Mientras el proyecto de reforma migratoria está en suspenso en el Congreso, al menos 30 estados han adoptado medidas que dificultan el acceso a los servicios públicos y la búsqueda de trabajo de los indocumentados.

El ejemplo más reciente es el de Colorado, que prohibió esta semana el acceso a los servicios públicos, exceptuando los de emergencia, a los inmigrantes ilegales.

La ley de Colorado replica otra aprobada en el estado de Georgia en abril y pone de manifiesto que los estados han agarrado la sartén por el mango ante la lentitud del Gobierno federal a la hora de dar la estocada final a la ley de reforma migratoria.

“Estamos ayudando a sentar un precedente en el que los estados toman la iniciativa y hacen frente a un problema que el Gobierno federal no resolverá”, aseguró Fred Elbel, director de Defend Colorado Now, una organización partidaria de restringir los servicios a los que tienen acceso los inmigrantes.

Michele Waslin, del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor organización defensora de los hispanos en EEUU, está de acuerdo con Elbel en que el Gobierno federal “no está actuando”, pero no cree que las medidas adoptadas por los estados sean la solución.

“Creo que este problema es responsabilidad de Washington”, dijo a Efe Waslin, quien señaló que aunque es entendible que los estados pasen a la acción, lo único que están consiguiendo “es que haya una mayor discriminación y que personas que realmente necesitan los servicios públicos se queden sin ellos”.

Para otros activistas lo más preocupante es ver cómo “la línea dura” gana terreno en el acalorado debate migratorio.

“Es realmente un día triste para Colorado cuando un Congreso de mayoría demócrata alardea de unas nuevas leyes que se traducirán en que alguna gente se quede sin ayuda”, aseguró en declaraciones al diario “Los Angeles Times”, Bill Vandenberg, portavoz de Colorado Progressive Coalition, grupo que ayudó a organizar las marchas pro-inmigrantes en Colorado hace unos meses.

Colorado, de todos modos, no está en solitario.

Otros estados como Luisiana, Illinois, Wyoming, Idaho o Pensilvania también han endurecido sus políticas migratorias.

En total, los gobiernos estatales han dado luz verde a 57 leyes, según la National Conference of State Legislatures, que señala que en muchos casos las normativas establecen multas a aquellas compañías que contratan a indocumentados.

A la espera de ver si las medidas aprobadas en los últimos meses se llevan realmente a la práctica, el efecto disuasorio de las mismas se deja notar ya en algunas partes del país.

Ese es el caso de Florida, donde millones de naranjas podrían pudrirse este año en los árboles ante la ausencia de suficientes recolectores, que tradicionalmente han sido inmigrantes.

Los agricultores se han quejado en las últimas semanas de los problemas que afrontan a la hora de encontrar trabajadores, mientras que representantes de la industria señalan que los problemas se agravaron en mayo cuando una gran porcentaje de los hispanos pareció abandonar el estado.

Dave Crumbly, vicepresidente de Natural Growers, el tercer mayor procesador de cítricos de EEUU, asegura que “la escasez de mano de obra es lo que nos ha atrasado este año”.

Crumbly asegura que hubo una estampida de trabajadores de la zona, que huyeron ante el temor a ser deportados.

Mientras tanto, republicanos y demócratas en Washington siguen intercambiándose acusaciones y culpándose mutuamente de la lentitud con la que avanza el proyecto de reforma migratoria.

La luz verde a la ley está pendiente de la armonización de las versiones aprobadas respectivamente por el Senado y la Cámara de Representantes, un proceso que podría demorarse dada la proximidad de las elecciones legislativas en noviembre. VN

EFE