EL SALVADOR: EL INFRAMUNDO DE LA JUSTICIA

SAN SALVADOR.— Un torso humano aparece una mañana de septiembre en las cercanías del principal estadio de fútbol de San Salvador. Dos días después, el expresidente Francisco Flores, reclamado por la justicia por el desvío de millones de dólares durante su gestión, se entrega a un juez para responder a la acusación. Ese mismo fin de semana, jugadores de la selección salvadoreña de fútbol aterrizan en el banquillo de los acusados en un tribunal, donde se les juzgará por haber aceptado pagos de una red de apostadores que condujeron a la derrota bochornosa de la escuadra nacional, “la Selecta”, en compromisos deportivos internacionales.

Ese puñado de historias, aparentemente inconexas entre sí, caben en un mismo y colorido retrato: ofrecen, con su variedad, cada una en su modalidad, una paleta de la vida, la corrupción y el crimen en este país.

El descuartizador, Rodrigo Chávez Palacios, resultó ser el hijo de un nombre notable en El Salvador, Fidel Chávez Mena, ex canciller de la república durante los Gobiernos de la Democracia Cristiana, excandidato presidencial, y asesor legal corporativo del Grupo Poma, uno de los conglomerados más poderosos de El Salvador y de la región centroamericana. La víctima era un joven empleado municipal de una ciudad cercana a la capital y estudiante de arquitectura, y la motivación del crimen fue, según los mensajes encontrados en el móvil de Chávez Palacios, y divulgados por las autoridades, un ajuste de cuentas. Nada de pasiones amorosas o impulsos sicópatas. El asesino, según la Fiscalía, estaba vinculado con redes del bajo mundo en Honduras.

Un periódico local hizo notar en esos días la extrañeza causada por el hecho de que “un profesional con estudios en el exterior, que habla varios idiomas y es ex ejecutivo de una empresa internacional, estuviera involucrado en un hecho tan horrendo”.

Algo parecido se dijo hace algunos años del empresario Roberto Mathies Hill, que embaucó a centenares de inversionistas, algunos de los cuales perdieron los ahorros de toda una vida, valiéndose del viejo y siempre nuevo timo de la pirámide. Todo se reducía, interpretó un indulgente observador, a los errores de un “buen muchacho”.

El presidente Flores, que según confesión propia recibió cuando menos 15 millones de dólares que nunca llegaron a sus supuestos destinatarios -damnificados del terremoto de 2001, informantes policiales y las fuerzas que combaten al crimen organizado y las pandillas según propia confesión-, también era un buen muchacho. Estudió en la Escuela Americana de San Salvador, asistió a una prestigiosa universidad de Boston y fue seguidor de las enseñanzas de Sai Baba, un asceta indio que despreciaba los bienes perecederos y profesaba el amor, la caridad, el perdón y la paz interior.

Aunque es la primera vez que un ex presidente es encarcelado en El Salvador, muchos salvadoreños se preguntan si es posible hacer justicia en este caso, tratándose de uno de los hombres más encumbrados del país y teniendo a la vista casos parecidos. Un analista expresó hace unos días el temor de que Flores salga en “caballo blanco”, es decir, sin haber pasado antes por un proceso judicial riguroso.

Esta semana, el juez que por arreglo o por fortuna conduce su caso, autorizó que Flores fuera internado en una exclusiva clínica privada para hacerse atender de un coágulo en la pierna. El magistrado, que ya había beneficiado a Flores con arresto domiciliario a pesar de que se le buscaba como fugitivo, dio incontables muestras en el pasado de gran benevolencia hacia figuras influyentes acusadas de cargos graves, incluyendo al ya mencionado Mathies Hill.

La suerte de los futbolistas supuestamente envueltos en amaños, la del ex presidente acusado de desviar millones de dólares de la cooperación taiwanesa (el diario El Faro ha revelado que una gran tajada de ese dinero fue a parar a las arcas del partido Arena), e incluso la del mismo descuartizador son moneda al aire. Recientemente un mayor, y dos elementos de tropa fueron exonerados del robo de cuatro ametralladoras pertenecientes al Ejército, y el caso está cerrado. Algo parecido ocurrió a raíz de la sustracción de 1,800 granadas de mano y 23 cohetes antitanque de los almacenes castrenses. También en estas semanas hemos visto salir con una sonrisa triunfal del juzgado donde tuvo que responder -dos veces- por desviar fondos que estaban destinados a la construcción de tres hospitales, al ex ministro de Salud de la administración de Elías Antonio Saca, Guillermo Maza. Un juez de sentencia lo absolvió de los cargos más serios. Aunque lo condenaron a tres años de prisión por malos manejos de fondos públicos, esa pena fue conmutada por la de 140 horas de trabajos en obras de utilidad pública.

Pocos días después de la salida airosa de Maza, la prensa local anunciaba que el crimen de Katy Miranda, la chica de 9 años violada y asesinada en 1999 mientras acampaba en la playa, quedará en la impunidad. El día que la mataron en el rancho familiar la acompañaban 12 personas, entre ellos su padre, capitán del Ejército; su tío, subjefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) de la Policía; otro familiar, también capitán del Ejército, y su abuelo, abogado de la desaparecida Guardia Nacional. El abuelo y seis empleados de la familia fueron condenados por el crimen, pero quedaron en libertad recientemente por orden de la Justicia salvadoreña, lo que llevó al procurador de Derechos Humanos, David Morales, a recordar cómo, desde el principio de este caso, las pruebas fueron alteradas, la escena del crimen contaminada y el cadáver de la niña manipulado, saboteando la investigación.

Un crimen perfecto más en la historia reciente de El Salvador, donde, según una alerta reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, sólo 5% de los casos criminales son resueltos. VN