DOS EMPLEADOS PÚBLICOS, SOSPECHOSOS DE CREAR LA LISTA DE 1.300 INMIGRANTES

Denver.- El gobernador de Utah, Gary Herbert, y el fiscal general del estado, Mark L. Shurtleff, confirmaron que dos empleados públicos son sospechosos de realizado una lista de 1.300 inmigrantes hispanos enviada a los medios locales.

“Es una violación muy calculada, deliberada y pacientemente preparada de los protocolos de seguridad con respecto a cómo se compila la información en este estado”, dijo Herbert en rueda de prensa.

Según el gobernador, la difusión de la lista con información protegida es un delito estatal, con penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 1.000 dólares.

Los dos sospechosos, pertenecientes al Departamento de Servicios Laborales de Utah, podrían haber infringido además leyes federales, explicó Herbert.

“Los trabajadores del Departamento de Servicios Laborales de Utah violaron las leyes federales al compartir información con otras personas, sin importar las razones por lo que lo hicieron. Creo que cuando las investigaciones concluyan se presentarán serios cargos que llevarán a declaraciones de culpabilidad”, indicó.

El Departamento de Servicios Laborales de Utah está a cargo de la administración de los servicios de desempleo, Medicaid, seguro de salud para niños y estampillas de comida.

Por su parte, el fiscal Shurtleff dijo en otra rueda de prensa que esperan que concluya la investigación para presentar cargos.

“Queda claro que hubo una severa violación a la seguridad estatal por el acceso electrónico no autorizado a una de nuestras bases de datos. Una vez que concluya la investigación a cargo del gobernador, recibiremos esa información y, junto con el fiscal federal, presentaremos cargos en contra de los responsables”, dijo.

“Es inaceptable que se pida que el público vigile a una mujer embarazada simplemente porque se sospecha que esa persona es indocumentada”, agregó.

Shurtleff consideró necesaria una reforma migratoria y que esta nueva legislación “no se logrará con el espíritu de odio y racismo que está detrás de esta lista”.

La lista, difundida a inicios de semana, es un documento de 30 páginas y enviado por un grupo denominado “Concerned Citizens of the United States” (Ciudadanos Preocupados de Estados Unidos), del cual nada se conoce.

El documento contiene información privada de 1.300 inmigrantes latinos, incluyendo nombres, fecha de nacimiento, teléfonos y direcciones, y en algunos casos seguro social y fecha de nacimiento de los hijos.

Para la senadora estatal Luz Robles, que participó de la conferencia de prensa con Shurtleff), “resulta obvio que se cometió un crimen, quizá motivado por el hecho que la nueva ley de Arizona elevó el debate sobre inmigración a un nuevo nivel”.

Robles calificó la distribución de la lista como algo “alarmante, triste y negativo” y afirmó que “el derecho a la privacidad de todos los habitantes de Utah ha sido violado”.

Por este motivo, dijo, los legisladores estatales ya están trabajando en proyectos de ley que aumenten las medidas de seguridad para proteger información confidencial e incrementar las sanciones por su uso indebido.

Robles explicó que también están trabajando en otros proyectos que tratarán de proveer una “solución local y racional” al problema inmigratorio.

“Necesitamos leyes y soluciones progresistas y proactivas, no reaccionarias como las de Arizona”, declaró la legisladora.

Otro de los participantes en la misma rueda de prensa, el obispo John C. Wester, de la Diócesis Católica de Salt Lake City, enfatizó que “la lista no refleja la manera de pensar ni de actuar de la gente de Utah”.

El religioso recalcó la necesidad de no “prestar atención a los pedidos de deportación masiva” que aparecían en la lista, ya que esas expulsiones “generarían caos y la destrucción de la trama de la sociedad”. VN