DHS DEBE COMPLETAR REFORMAS INSTITUCIONALES, AFIRMAN ACTIVISTAS

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha registrado mejoras en el proceso de deportación de extranjeros criminales pero aún debe completar sus reformas institucionales, afirmaron hoy grupos pro-inmigrantes y de derechos civiles en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, anunciaron hoy la cifra récord de más de 392.000 deportados en el año fiscal 2010, la mitad de ellos -más de 195.000- condenados por crímenes, como parte de la estrategia contra la inmigración ilegal.

Según Napolitano, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la aplicación “inteligente” y “eficaz” de las medidas policiales, en particular la deportación de criminales que “suponen una amenaza para la seguridad pública”.

Pero según los activistas el DHS debe, por un lado, completar las reformas institucionales delineadas en 2009 para impedir la deportación de extranjeros sin antecedentes penales y, por otro, continuar impulsando una reforma migratoria integral.

“La realidad es que la mayoría de las personas que están deportando en la actualidad no son criminales. Esto quiere decir que el DHS sigue separando familias, aplicando las leyes de un maltrecho sistema migratorio, y siguiendo el juego de los republicanos que sólo abogan por más de lo mismo”, dijo a Efe Frank Sharry, director ejecutivo del grupo “Americas Voice”.

“Una reforma integral de nuestro sistema migratorio es la única solución sensata y viable al problema”, enfatizó.

Por su parte, el grupo humanitario “Human Rights Watch” (HRW) recordó que, hace un año, ICE propuso reemplazar el modelo punitivo actual con un “modelo civil” en el área de detenciones.

Aunque la agencia intenta lograr esa meta, HRW puso en duda cuántas de las reformas propuestas en 2009 se han establecido.

HRW elogió la puesta en marcha un sistema computerizado que permite que los abogados, funcionarios y familiares de detenidos puedan localizarlos en los más de 300 centros de detención de la agencia en EEUU.

Pero otras reformas “permanecen estancadas o requieren un esfuerzo adicional de la agencia”, dijo.

HRW reiteró su llamado a que ICE reforme los procedimientos relacionados con las detenciones y traslado de extranjeros, el tratamiento de detenidos con discapacidades mentales, la violación sexual de mujeres bajo custodia policial, y el cuidado médico de los detenidos.

En ese mismo sentido se pronunció la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), al señalar que, por ejemplo, las medidas de ICE no han impedido las violaciones de detenidos por parte de empleados o contratistas, y prisioneros con discapacidades mentales “languidecen por años” bajo custodia de ICE.

La reforma del sistema de detenciones “sigue en pañales y necesita que avance vigorosamente y sin demoras”, dijo en un comunicado Joanne Lin, abogada en Washington de ACLU.

El Foro Nacional de Inmigración (NIF) dijo que comparte la meta del DHS de enfocarse en “las amenazas más peligrosas” en las comunidades pero que los resultados reflejan también la “injusta e innecesaria” deportación de muchos inmigrantes.

También criticó la ampliación del controvertido programa de “Comunidades Seguras”, utilizado para identificar y expulsar a extranjeros en cárceles estatales y locales, por considerar que persisten “graves interrogantes” sobre su integridad y aplicación.

El programa comenzó en 14 jurisdicciones en 2008 y ahora se aplica en más de 600 jurisdicciones, incluyendo todas las del suroeste de EEUU. La meta del DHS es ampliarlo a todo EEUU para 2013.

Según NIF, el DHS carece de estructuras “para evaluar o restringir las acciones” de agencias policiales que participan en el programa “287g”, que les permite colaborar con los agentes de ICE en el combate a la inmigración ilegal.

El temor de NIF y otros grupos es que, sin las debidas salvaguardas, las autoridades estén atropellando los derechos y libertades civiles de los inmigrantes. VN