DENUNCIAN QUE REFORMA MIGRATORIA AFECTARÍA TAMBIÉN RESIDENTES Y CIUDADANOS

La reforma migratoria que debate el Senado contiene elementos difíciles de aplicar y que afectarían severamente a los residentes legales y ciudadanos del país, denunciaron hoy activistas pro-inmigrantes.

Mientras el Senado continúa puliendo el texto final de la reforma, los activistas critican, en particular, un programa electrónico de verificación del estatus legal de los empleados, y un sistema de puntos que privilegia a extranjeros con altos niveles educativos a la hora de solicitar la residencia permanente.

La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley, estipula la creación de una base de datos federal para que las empresas verifiquen el estatus legal de cada solicitante de empleo, sean residentes legales o ciudadanos.

También niega a los solicitantes de visas el derecho a una revisión judicial en caso de que las autoridades federales cometan errores en sus trámites migratorios.

Además, los residentes y ciudadanos tendrían restricciones a la para solicitar visas para sus familiares en el exterior.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) pidió hoy que el Congreso modifique sustancialmente el proyecto de reforma porque “sin una eficaz supervisión judicial, cualquier programa aprobado por el Congreso puede ser debilitado con una burocracia sobrecargada, inepta, u hostil”.

La medida exige que las empresas comprueben el estatus legal de todo solicitante de trabajo a través del “Sistema de Verificación sobre Eligibilidad de Empleo (EEVS), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pero ese sistema “está plagado de errores” y “contiene una extensa base de datos gubernamental con una cantidad extraordinaria de datos personales de toda la gente” en este país, señaló Caroline Fredrickson, directora de ACLU en Washington.

Si el DHS comete un error al determinar si un solicitante puede o no ser contratado, “no habrá manera de protestar ese error o recuperar salarios perdidos, porque el proyecto de ley prohíbe una revisión judicial”, se quejó.

ACLU, al igual que otros grupos cívicos, reconoce que las empresas deben responsabilizarse por la contratación legal de los empleados, pero le preocupa la forma en que ese programa sería ejecutado.

Dentro del sistema “EEVS”, todo habitante en EEUU que desee cambiar de empleo, por ejemplo, tendría que portar una licencia de conducir y una tarjeta de Seguridad Social con información biométrica.

ACLU considera que el sistema EEVS, tal como está concebido, “sería una pesadilla financiera y burocrática tanto para las empresas como para los empleados”.

En ese sentido, Randy Johnson, de la Cámara de Comercio de EEUU, dijo al diario “USA Today” que hay 140 millones de trabajadores en la fuerza laboral del país, y “aún con una tasa de error de un uno por ciento (del sistema de verificación)… un millón de estadounidenses quedarían descalificados” y sin acceso a un empleo.

El senador demócrata Edward Kennedy cree que ese sistema es un elemento clave de la reforma, aunque reconoce que cualquier error en su aplicación sería “desastroso”.

Según el Instituto de Política Migratoria (MIP), EEUU recibe a 1,8 millones de inmigrantes cada año, y el sistema de puntos incluido en la reforma perjudicaría a los latinoamericanos que soliciten visas, porque éstos tienden a tener menores niveles educativos y calificaciones laborales que los asiáticos, por ejemplo.

“En primer lugar, tiene que haber un aumento de visas permanentes. En segundo lugar, el sistema de puntos tiene que ser más equilibrado, y en vez de privilegiar a los más educados, debería reflejar las necesidades de cada industria”, dijo a Efe Angela Kelley, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración (NIF).

Añadió como ejemplo que los sectores de construcción y hotelería, o los asilos de ancianos, afrontan una alta demanda laboral “y no requieren necesariamente altos niveles de educación o dominio del inglés, como exige el sistema de puntos”.

Durante una rueda de prensa, una coalición de grupos a favor de la reforma migratoria instó hoy al Congreso a que apruebe una que sea justa, proteja los derechos laborales y responda a las necesidades económicas del país.

El Senado continuará debatiendo enmiendas la semana del 4 de junio, después del receso legislativo de la próxima semana con motivo del “Día de Conmemoración” de los caídos en guerras. VN