COMISIÓN ACUSA A ICE DE DIRIGIR REDADAS “INCONSTITUCIONALES” DURANTE ERA BUSH

Una comisión nacional calificó hoy de “inconstitucionales” las redadas que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU condujo en hogares y lugares de trabajo durante la administración de George W. Bush.

La acusación es la principal conclusión de un estudio elaborado a lo largo de más de un año por la Comisión Nacional de Conducta del ICE y Violaciones de los Derechos de la Cuarta Enmienda, constituida en 2007 por ex funcionarios de Estado, líderes sindicales, académicos y expertos legales.

Según el informe, titulado “Redadas de trabajadores: destruyendo nuestros derechos”, las actividades de ICE bajo el mandato de Bush desafiaron protecciones constitucionales tales como “el derecho a estar libre de indagaciones ilegales y confiscaciones, el derecho a hablar con un abogado y la protección ante la discriminación”.

Los miembros de la comisión, encabezada por el líder sindicalista Joseph T. Hansen, llegaron a esta conclusión después de meses de entrevistas con víctimas y decenas de audiencias regionales.

Una de las principales denuncias del informe es el recurso a órdenes de arresto emitidas para un número reducido de empleados indocumentados como pretexto para detener a toda la plantilla de la compañía en la que trabajan, y determinar así si hay más inmigrantes ilegales entre ellos.

“Este tipo de prácticas vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores y suelen acabar en vejaciones. Ninguna agencia gubernamental debería situarse por encima de la ley”, denunció Hansen en una conferencia telefónica.

Hansen subrayó que las redadas también afectan a ciudadanos estadounidenses, y puso como ejemplo el caso que vivió en primera persona Michael Graves, un trabajador afroamericano que trabajaba en la planta procesadora de alimentos en Iowa que sufrió una masiva redada en diciembre de 2006.

El propio Graves explicó en la teleconferencia cómo fue retenido durante ocho horas, esposado y sometido a un interrogatorio pese a haber mostrado a los agentes su carné de identidad estadounidense.

Las acusaciones injustificadas a los trabajadores de haber falsificado sus documentos de seguridad social también se han convertido en moneda corriente, según Hansen.

A ello se suman los allanamientos de morada sin órdenes judiciales y los “disparos al aire dirigidos a atemorizar a los trabajadores retenidos ilegalmente”, destacó Mary Bauer, directora del Proyecto de Justicia para Inmigrantes en el Centro Sureño de Pobreza y Justicia.

“Estas prácticas son profundamente inconstitucionales y no funcionan. Sólo han conseguido eliminar unos miles de indocumentados de un total de millones, han costado una fortuna y han devastado comunidades enteras”, dijo Bauer.

Según la comisión, el coste de cada uno de los arrestos que efectúa el ICE es de unos 13.000 dólares.

Bauer también condenó la aplicación del programa 287(g) del ICE, que permite a los agentes federales delegar en las funciones de un agente de inmigración los oficiales locales, algo que conduce a “prácticas racistas” que, según la comisión, están continuando durante la administración de Barack Obama.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno, que la comisión espera desglosar en una próxima entrevista con la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Entre las recomendaciones destaca la petición de que la posible reforma migratoria se acompañe de una revisión completa de las funciones y prácticas del ICE, asegurándose de que no interfiere en los derechos de los trabajadores.

Esa revisión debería concretarse en el cese de las prácticas relacionadas con el programa 287(g), la creación de una oficina de supervisión del ICE, y el aumento de la vigilancia que el Departamento de Trabajo hace del cumplimiento de las leyes laborales.

Además, la comisión pide que el Congreso coordine el apoyo humanitario de las asociaciones locales a las familias afectadas por las redadas. VN