CIDH OBSERVA CONDICIONES “INACEPTABLES” EN CENTROS DE DETENCIÓN INMIGRANTES

La CIDH denunció hoy que muchos detenidos en centros para inmigrantes en Arizona y Texas se encuentran en condiciones “inaceptables”, y determinó que en muchos casos su derecho al debido proceso ha sido violado.

Ésa es una de las conclusiones contenidas en el informe preliminar de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita que realizó del 20 al 24 de julio a seis centros de detención de inmigrantes en el sur de EEUU.

La visita, encabezada por el relator Felipe González, se produjo después de que el Gobierno de EEUU diera finalmente en marzo en el último periodo de sesiones públicas de la CIDH su visto bueno a las visitas, después de haberse negado durante más de un año.

En sus conclusiones preliminares, que servirán para elaborar un informe completo para finales de año, la CIDH reconoce “ciertos ajustes recientes” al sistema de detención migratoria en EEUU.

Sin embargo, concluye que “muchos hombres, mujeres y niños detenidos (…) se encuentran en condiciones inaceptables y que, en muchos casos, el derecho al debido proceso ha sido afectado”.

Durante la semana que dedicó a investigar las condiciones en los centros de inmigrantes en Arizona y Texas, la CIDH visitó dos refugios de menores no acompañados, una instalación de detención familiar y tres centros de detención de adultos.

En concreto, visitó el Refugio Southwest Key para Menores No Acompañados de Phoenix (Arizona), el Centro de Servicios de Procesamiento de Florence (Arizona), la Cárcel del Condado de Pinal en Florence, El Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor (Texas), el Centro de Detención de Willacy en Raymondville (Texas), y el Centro IES para Menores No Acompañados en Los Fresnos (Texas).

En su informe, la Relatoría destaca “importantes progresos” en la protección de los derechos humanos de menores no acompañados, pero ve que “aún hay temas pendientes de resolver”, como la falta de acceso adecuado a asesoría legal.

La CIDH se refiere además a “cambios positivos” en la Ley sobre protección de víctimas de tráfico de personas, dados los esfuerzos para identificar a menores canadienses y mexicanos para atender las peticiones de asilo, de tráfico de personas y de otros abusos.

Pese a los cambios, a la Relatoría le preocupa la metodología y las preguntas utilizadas por la patrulla fronteriza, que, según sus informaciones, no son efectivas para la identificación de víctimas de tráfico ni para atender solicitudes de asilo.

En lo que se refieren a los centros de detención de familias, la CIDH señala que las instalaciones y los servicios en T. Don Hutto (Texas) han mejorado desde la demanda judicial de 2007.

La CIDH afirma que más del noventa por ciento de las familias que se encuentran en Hutto son solicitantes de asilo y sus hijos, y destaca que, pese a los cambios, la detención de estas personas no cumple con el principio del “interés superior del niño”, que debe conservar sus derechos y estar lo menos posible privado de libertad.

En sus visitas la Relatoría también ha observado “significativas disparidades” en las condiciones de detención de los centros, dado que la subcontratación de prisiones estatales y municipales y de personal a través de compañías privadas “generan obstáculos considerables para que a la atención a los detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos”.

También expresa su preocupación por el extendido uso de cárceles estatales y municipales, sobre las cuales el Servicio de Inmigración y de Aduanas (ICE) carece de control directo, el hecho de que los inmigrantes sin antecedentes penales reciban el mismo trato diferenciado que los convictos y del uso de incomunicación para proteger a los detenidos vulnerables como minorías o homosexuales.

Por último, la CIDH recibió denuncias sobre supuestas prácticas coercitivas empleadas por la Policía Local para forzar a las personas a firmar varios documentos migratorios sin asesoría legal.

Además, la Relatoría recibió quejas sobre la Policía del condado de Maricopa (Arizona), que ha negado la visita a la CIDH, que utilizarían los poderes adicionales para hacer cumplir las normas de inmigración federal civil para efectuar redadas, por lo que la CIDH teme que en lugar de dedicarse a la protección de la comunidad, se comience a detener a personas según su aspecto. VN