AGRICULTORES DE GEORGIA SE OPONEN A LEY MIGRATORIA QUE DISCRIMINE JORNALEROS

Atlanta.- Agricultores de Georgia expresaron su preocupación a los legisladores estatales ante la posibilidad de que se apruebe una ley migratoria que discrimine contra los jornaleros.

La Asociación de Agricultores de Georgia (GFB, por sus siglas en inglés) aprobó esta semana una moción en la que manifestaron su oposición “a cualquier ley de inmigración que discrimine contra los jornaleros y ponga a los agricultores de Georgia en desventaja con respecto a agricultores de otros estados”.

De acuerdo con la organización, que agrupa a cerca de 400.000 familias, la inmigración es “un asunto federal, no un asunto estatal o local” y destacaron la necesidad de que se tomen en cuenta los intereses de los agricultores al debatir cualquier ley migratoria en el estado.

Pese a que varios medios locales han señalado que la moción aprobada sería un giro a la postura que la organización ha tenido respecto al tema, la entidad señaló que ésta ha sido su posición por los últimos 10 años.

“Esta posición ha sido parte de nuestra política nacional por al menos 10 años. El único cambio es que este año hemos indicado de nuevo nuestra preocupación”, indicó en un comunicado Paul Beliveau, vocero de GFB.

Actualmente, una comisión compuesta por 14 legisladores republicanos evalúa la posibilidad de aprobar una ley que regule la inmigración ilegal en el estado.

Entre las opciones que contempla la comisión, presidida por Matt Ramsey, de Peachtree City y Jack Murphy, de Cumming, está la adopción de una ley similar a la de Arizona o permitir a las autoridades locales de todo el estado hacer cumplir las leyes de migración.

Al menos nueve condados del estado – entre ellos Gwinnett, Clayton y DeKalb- implementan actualmente el programa “Comunidades Seguras”, que permite a sus autoridades identificar a detenidos extranjeros con antecedentes penales.

Asimismo, los condados de Gwinnett, Cobb, Hall y Whitfield, así como la Patrulla estatal de Georgia ponen en práctica el programa 287(g), que permite a agentes locales investigar el estatus migratorio de los detenidos. VN