A UN AÑO DE LAS SISTEMÁTICAS SEPARACIONES FAMILIARES, LA TRAGEDIA ESTÁ LEJOS DE TERMINAR

(fOTO: Padre e hijo estuvieron separados por meses sin conocer su paradero. Ahora aguardan su juicio. La Iglesia Católica y organizaciones no lucrativas realizan una ardua labor para ayudar a familias como ellos).

Por PILAR MARRERO

A pesar de la buena voluntad de las comunidades de fe, abogados y activistas, muchas familias migrantes aún no se han reunido, y otros siguen llegando en cantidades sin precedentes

Cuando hace poco más de un año la Administración Trump comenzó a separar sistemáticamente a las familias solicitantes de asilo en la frontera, el objetivo era “disuadirlos” de seguir viniendo a buscar protección en Estados Unidos por medio de la política de “cero tolerancia”.

Desafortunadamente para Carlos, de 34 años, y su hijo Enrique, de 13 (nombres ficticios), ellos no vieron otra opción que huir de Guatemala al mismo tiempo que esta política estaba en pleno vigor entre mayo y junio de 2018, y sufrieron lo más duro de la misma. Padre e hijo estuvieron separados por más de 2 meses y durante la mayor parte del tiempo, Carlos no sabía dónde estaba su Enrique.

“No tenía intención de salir de mi país, donde vivía muy bien plantando y cosechando en temporada y luego comprando y vendiendo en el mercado de la ciudad de Guatemala”, explica Carlos, un hombre delgado cuyo comportamiento suave se vuelve feroz cuando piensa en perder a su hijo. “Pensar que me fui de Guatemala porque la policía corrupta amenazó mi vida y la de mi hijo, para venir aquí y que aquí la autoridad me lo quite. No lo podía creer.

“Cuál es la diferencia entre eso y lo que amenazaron los corruptos de mi país”, pregunta, con una lógica aplastante.

En el último año, familias como Carlos recibieron ayuda a través de un ejército de activistas y abogados que trabajaron contra las políticas federales y a través de voluntarios de la Iglesia que están ofreciendo asistencia legal y social a miles y miles de personas que han venido desde entonces.

En Los Ángeles, 18 abogados trabajan en el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes Esperanza, de Caridades Católicas, donde todavía procesan los casos de 35 de las familias separadas el año pasado en el apogeo de la política de “tolerancia cero”.

“Los casos están en curso, presentamos las solicitudes de asilo y estamos esperando las audiencias, la mayoría de estos casos toman mucho tiempo”, dijo Patricia Ortiz, directora del programa de Esperanza.

“Hemos visto la importancia de tener abogados, porque algunos de estos casos nunca llegarían a ninguna parte sin ellos”.

Por ejemplo, los abogados de Esperanza tomaron el caso de una mujer indígena de Guatemala a quien inicialmente se le había negado su entrevista de “miedo creíble”. Había sido entrevistada en su idioma, pero estaba demasiado preocupada por saber dónde estaba su hijo para entender el proceso y lo que estaba sucediendo, dijo Ortiz.

El año pasado, la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles y Guadalupe Radio ayudaron a recaudar suficiente dinero para financiar el trabajo de un abogado y un poco más para tarjetas de regalo para las familias, dijo Ortiz. Sin embargo, el dinero es limitado.

“No sólo tenemos los casos de separación familiar, tenemos a cientos de otras familias que buscan asilo y que estamos representando”, dijo Ortiz. “Esta crisis no se detiene y cualquier nueva regla que impongan no va a arreglar los problemas de fondo que causan que estos migrantes abandonen su país”.

Carlos y su hijo Enrique ilustran una de las razones típicas por las que la gente abandona su país, huyendo por su vida: son blanco de pandillas o, en su caso, de la policía corrupta.

Carlos cuenta que fue secuestrado el pasado año por miembros de la Policía Nacional de Guatemala que aparecieron en su pequeño pueblo una noche. Durante dos días lo golpearon, hasta que dio el número de teléfono de su hermano para que pudieran llamar y pedir dinero a cambio de su vida.

El dinero, que vale lo que un año de ingresos de Carlos, fue prestado por los mayoristas más acaudalados del mercado. Tras su entrega, fue liberado, pero un par de semanas después, llegó otra amenaza y esta vez pedían más dinero.

“Dijeron que irían tras mi hijo, que entonces tenía 12 años”, recuerda Carlos. “Así que le dije que íbamos a una aventura, juntamos un poco de dinero y nos fuimos. Mi esposa y mis dos hijas pequeñas se quedaron atrás. Es por eso que yo no puedo decir mi nombre o mostrar mi cara”.

El viaje duró un mes y al menos 12 arriesgados saltos sobre trenes en México. En la frontera en McAllen, cruzó la línea varias veces hasta que vio a agentes de la Patrulla Fronteriza acercándose a él. “Quería hacer las cosas legalmente, e ir a ellos con una solicitud de asilo”, dice.

Cuatro horas después, un agente se llevó a su hijo. Nadie le dijo adónde iba ni por qué. Llevaron a Carlos a la corte, donde fue condenado rápidamente por cruzar ilegalmente la frontera y sentenciado a tres días de cárcel. Luego fue trasladado al Centro de Detención de Port Isabel, donde continuamente enviaba solicitudes de información sobre su hijo.

“No paraban de decirme que no sabían dónde estaba. Yo les decía ¿cómo es que no lo saben? Ustedes se lo llevaron”, recuerda. “Más adelante un agente del ICE me dijo que era mi culpa por hacer esto y que no lo vería más porque iba a ser adoptado. Dije no es posible, tiene un padre”.

Por suerte para Carlos, una noche vio las noticias y escuchó que el juez federal Dana Sabraw había emitido una orden judicial que ordenaba la reunificación de las familias. Se imaginó que su hijo tenía que estar en uno de los refugios para niños migrantes y le dijo a un trabajador social que si su hijo no era devuelto, él llamaría a Telemundo a denunciarlo.

“Dos días después me lo entregaron”, recuerda. “Creí que no volvería a verlo, que había venido a este país a regalar a mi hijo”.

Ambos viven ahora en Riverside, California, en la casa de un amigo de la familia de Guatemala, mientras esperan la fecha de su juicio. Afortunadamente, aparte de la persona de buen corazón que les ha dado un hogar, hay personas, organizaciones y entidades que han realizado un intenso trabajo para ayudar a familias como ellos.

EL LARGO CAMINO HACIA LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Las autoridades federales aún no han ofrecido un informe completo de todos los que fueron separados arbitrariamente el año pasado. Un estudio adicional del Inspector General del Departamento Federal de Salud encontró que las separaciones masivas no comenzaron en mayo con el anuncio de “tolerancia cero” por parte del entonces Procurador General Jeff Sessions, sino meses antes, en el verano de 2017.

Muchos de ellos siguen separados, en particular decenas de familias en las que los padres fueron deportados y los niños se quedaron atrás.

“¿Recibieron las familias separadas alivio y justicia luego de la orden del juez Sabraw?”, pregunta la abogada Linda Dakin-Grimm, defensora voluntaria que representa a Carlos y Enrique como parte de los esfuerzos conjuntos con KIND, “Kids in Need of Defense”, en Los Ángeles.

“Mi experiencia es que muchas familias fueron terriblemente maltratadas”, responde. “La separación familiar dejó de ser la política por defecto porque el juez ordenó al gobierno que dejara de hacerlo, pero ha seguido siendo la práctica que utilizan cuando les da la gana”.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración Trump sostienen que la tolerancia cero ya no es una práctica, y tienen hasta octubre para presentar un informe completo de cuántas familias se separaron y qué les sucedió. “Esos asuntos volverán al juez”, añadió Dakin.

Las cifras publicadas recientemente indican que el flujo de solicitantes de asilo alcanzó su punto álgido en mayo, cuando más de 144,200 migrantes fueron arrestados a lo largo de la frontera suroccidental, un aumento del 32 por ciento desde abril y el mayor total mensual en siete años. El presidente Donald Trump culpó del aumento a la terminación de las separaciones familiares, lo que calificó de “desastre”.

Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza están tan saturadas que ya no tienen la capacidad de mantener a los migrantes detenidos cerca de la frontera, así que comenzaron a dejar a cientos de familias en las paradas de autobús en Coachella, una ciudad agrícola en el Condado de San Bernardino, California. Eventualmente la Arquidiócesis Católica de San Bernardino desarrolló una relación con la Patrulla Fronteriza y ahora los migrantes son dejados en la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, en Coachella.

“Estamos llenos hasta el límite”, explica el Reverendo Guy Wilson. “Afortunadamente tenemos un local ideal con un dormitorio, lugares para dormir, ducha, una cocina grande, habitaciones para hacer la recepción de las familias, habitaciones para que los niños puedan recrearse. Aquí es donde muchas de estas familias han encontrado ayuda transitoria gracias a nuestros numerosos voluntarios”.

Entre 5 mil a 6 mil personas, familias migrantes en el proceso de solicitud de asilo, han pasado por la parroquia en los últimos 6 meses. John Andrews, director de comunicaciones de la Diócesis de San Bernardino, explicó que ahí tienen “un lugar para descansar, tiempo para ser abrazados por la comunidad local de fe, comida y ropa, así como ayuda para llevarlos al transporte público y a su destino final en todo el país”.

Las familias tardan aproximadamente 3 días en hacer la transición. Pero muchos más han continuado llegando.

“Ahora mismo tenemos de 100 a 200 personas nuevas que llegan cada día”, dijo Wilson. “Hemos podido conseguir dinero del estado y muchos voluntarios, pero sólo tenemos fondos hasta el final de este mes. Le pedimos al Congresista Raúl Ruiz, quien representa al área, que nos encuentre más recursos, y tenemos fe en que así será”. VN