PREOCUPACIÓN ENTRE TRABAJADORES INDOCUMENTADOS POR NUEVA LEY ANTIINMIGRANTE

La preocupación y el temor aumentan entre miembros de la comunidad inmigrante en Arizona, donde en enero próximo entrará en vigor una ley estatal que sancionará duramente a los negocios que contraten a trabajadores “sin papeles”.

El futuro del mexicano Arturo Álvarez y de su familia, como la de otros indocumentados que viven en Arizona, es incierto ante la posibilidad de perder su empleo.

Desde que llegó a este país hace ocho años, procedente de Oaxaca, Álvarez se ha desempeñado en varios empleos: desde la construcción, hasta la reparación de techos, pasando por la venta de comida y más recientemente como mesonero en un restaurante de Phoenix.

“Si pierdo el trabajo, vamos a tener serios problemas”, dijo el inmigrante, quien está casado y tiene dos hijos.

La ley estatal HB2779 obliga a los dueños de negocios a verificar el estatus migratorio de cada uno de sus empleados con una base de datos establecida por el Gobierno federal.

Quienes contraten indocumentados a sabiendas podrían enfrentar la suspensión de su licencia de operación hasta por 10 días en el caso de la primera infracción.

En caso de reincidir la licencia sería suspendida permanentemente.

Activistas como Elías Bermúdez, fundador y director de la organización Inmigrantes Sin Fronteras, han realizado foros para informar tanto a empleados, como empleadores, sobre la nueva ley.

De acuerdo con Bermúdez los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 2008 no deben ser cuestionados sobre su estatus migratorio.

La organización recomienda a los negocios mantener dos archivos separados, con los trabajadores que contrataron antes y después de que entre en vigor la nueva ley.

Pero a pesar de estas recomendaciones, los dueños de varios negocios en ciudades como Phoenix y Tucson han comenzado ha advertirles a sus empleados y decirles que tienen hasta dos meses para presentar la documentación correcta si quieren seguir trabajando, de no hacerlo les piden que mejor busquen otro empleo.

“Hay mucho temor y mucha incertidumbre”, dijo Bermúdez quien diariamente recibe llamadas de inmigrantes durante su programa de radio.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos se unió esta semana a una coalición de organismos en Arizona que busca suspender la entrada en vigor de la ley por medio de una orden judicial.

En la demanda presentada por varios empresarios se indica que es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal hacer valer las leyes de inmigración y no del Gobierno estatal.

Mientras tanto diversas organizaciones de todo el estado han iniciado una intensa campaña para informar a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, de sus derechos.

Bermúdez ha convocado a la comunidad inmigrante a participar en un boicot laboral durante una semana a partir del próximo 3 de septiembre.

“Este es el momento de luchar, ya que este tipo de leyes están siendo aprobadas a través de todo el país”, sostuvo el activista.

Algunos activistas han expresado preocupación ante la implementación de la nueva ley, que no otorga garantía, ni protección en contra de la discriminación laboral.

Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, mantuvo que esta ley “abre una puerta” para que los abusos y la explotación de los inmigrantes sea mucho mayor.

“Hay mucha gente que ahora tendrá que soportar abusos mayores, con tal de no perder sus empleos’, finalizó García. VN