DESPENALIZACIÓN DE INDOCUMENTADOS EN MÉXICO ENVÍA MENSAJE A EEUU

La Coalición 25 de Marzo y el diputado federal mexicano José Jacquez y Medina coincidieron en que la despenalización de los inmigrantes indocumentados aprobada en México es un mensaje a las autoridades y fuerzas políticas de EEUU.

“Con mucho orgullo podemos decir ahora, que en México ya no se van a arrestar inmigrantes indocumentados, la mayoría en tránsito hacia los Estados Unidos”, dijo Javier Rodríguez, líder de la Coalición 25 de Marzo.

La iniciativa, surgió entre otros, de un diputado federal que vivió 40 años en los Estados Unidos y ahora regresó a su país con una visión “más real de lo que son los inmigrantes”.

“Nos habíamos convertido en el ‘candil de la calle y la oscuridad de la casa'”, señaló a Efe el diputado José Jacquez y Medina, (PRD-Distrito Federal), autor de la propuesta que se convirtió en ley.

“La penalización de la inmigración indocumentada -la mayoría en tránsito hacia EEUU- se había convertido en una ‘mina de oro’ para las autoridades, que habían creado una red de extorsión para quitarle el poco dinero a los migrantes de paso por México”, denunció el dirigente.

De esta manera, explicó el diputado, se da el primer paso para que se respeten los derechos humanos de los migrantes, pues “en adelante la inmigración documentada ya no será un delito en México”.

Según señaló el legislador, se calcula que en México diariamente hay 25.000 inmigrantes indocumentados de paso hacia EE.UU.

“Esta propuesta aprobada por México arroja una luz sobre lo que se espera de Estados Unidos, con respecto a los millones de inmigrantes en el país. Debemos dejar de aterrorizar a estas comunidades”, anotó Rodríguez.

Igualmente, el diputado federal mexicano señaló que los migrantes indocumentados eran víctimas de las autoridades desde el nivel local hasta el nivel federal, “y últimamente también del ejército y la armada naval”.

“Esto nos va permitir iniciar una campaña de legalización para quienes se encuentran en México, promoviendo una ley de amnistía”, anunció el legislador, “con el objetivo – también- de mandar el mensaje a Estados Unidos que la migración debe ser tratada con soluciones humanas, porque son problemas humanos”.

Jacquez y Medina resaltó que -de esta forma- se están buscando soluciones “a esta crisis del siglo XXI con el objetivo de que la gente no tenga que abandonar su país de origen y -por otro lado- que se respeten sus derechos dondequiera que se encuentren”.

Al tratar con Efe el tema de mejores oportunidades de los mexicanos en su propio país, el funcionario se refirió a la privatización de la industria petroquímica que se quiere promover en México.

“Se ha demostrado que si hubiéramos explotado los recursos petroleros en nuestro país en los últimos 10 años como debería de ser, con beneficio no para particulares y pequeños grupos sino para la nación, hubiéramos podido generar un millón y medio de empleos al año solamente con esa industria”, afirmó.

Destacó que de haberse impuesto el beneficio nacional, “estaríamos vendiéndole a los Estados Unidos, no crudo sino gasolina, con una gasolinera de Pemex (Petróleos Mexicanos) en cada esquina”, generando empleo en los Estados Unidos y muchos empleos en el país mexicano.

“Así, México podría volver a ser un jardín otra vez y no como está ahora, que es un completo desierto”, agregó.

Otra de las razones más importantes que los líderes destacaron de la medida, es que México muestra coherencia con lo que exige para sus connacionales en el exterior.

“Estábamos defendiendo los derechos humanos en todas partes y defendiendo a los inmigrantes pero también estábamos siendo más terribles con esos inmigrantes en el territorio mexicano”, expresó Jacquez y Medina.

El congresista señaló que el argumento para convencer a los legisladores fue muy simple: “llegué a México, ya no como activista sino con poder legislativo y dije, ‘Antes de poder nosotros exigirle a Estados Unidos, tenemos que predicar con el ejemplo'”.

El Senado mexicano aprobó por unanimidad el 28 de abril una modificación a la ley sobre la inmigración indocumentada convirtiéndola en una infracción menor, que puede ser castigada con una multa de entre 475 y 2.400 dólares.

La ley anterior, consideraba un delito la inmigración indocumentada, sancionable con penas desde 18 meses hasta seis años en prisión. La reforma votada por el Senado mexicano había sido aprobada por la cámara de diputados el 4 de septiembre de 2007. VN

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