CUESTIONAN ALCANCES DE LA “LEY DE JESSICA”

La llamada “Ley de Jessica”, aprobada por los votantes de California el pasado 7 de noviembre y que impone castigos más severos a los condenados por delitos sexuales, sigue creando controversias en cuanto a su alcance.

En el ojo de la tormenta está la provisión de la Proposición 83, como también se le conoce, que prohíbe a convictos de ofensas sexuales registrados a vivir dentro de un área de 2 mil pies de distancia de una escuela o un parque.

Tanto el gobernador, como el autor de la medida, el senador republicano George Runner, han indicado que la ley no es retroactiva y que -de hecho- sólo se aplicará a aquellos que cometan crímenes sexuales a partir de la fecha de implementación de la ley, el pasado 8 de noviembre, un día después de las elecciones.

Sin embargo, abogados de la Procuraduría estatal, así como el saliente Procurador Bill Lockyer, argumentaron esta semana en un tribunal que la redacción de ley es tan ambigua, que podría afectar a los más de 80 mil convictos por delitos sexuales registrados que actualmente radican en California y que han cumplido con sus sentencias.

En particular, la Procuraduría indicó que la restricción de vivienda podría prohibir la futura mudanza de cualquiera de estas personas.

“Eso es algo que las cortes van a tener que decidir. Pero nuestra interpretación preliminar es que cualquier ofensor que quiera mudarse dentro de los 2 mil pies, podría tener un problema legal en sus manos”, dijo Nathan Barankin, portavoz de la Procuraduría estatal.

La supuesta ambigüedad de la ley ha creado confusión entre la población.

“Yo pensé que estaba votando a favor de poner todas estas restricciones y castigos a ofensores sexuales ahora, no en un futuro. ¿Qué hacemos con los de ahora?.¿Acaso no cuentan?”, dijo Benjamin Lewis, un padre de familia en el parque McKinnley de Sacramento y que votó a favor de la Proposición 83.

La Ley de Jessica, aprobada con más de un 70 por ciento de los votos, fue nombrada en honor a Jessica Lunsford, una niña de 9 años que fue secuestrada y asesinada en Florida en el 2005 por un violador.

La 83 impone castigos más severos a ofensores sexuales, e incluye sentencias más largas, así como el monitoreo electrónico de por vida. También prohíbe a los ofensores sexuales registrados vivir a menos de 2 mil pies de distancia de una escuela o un parque.

Pero la Proposición 83 es demasiado ambigua en su lenguaje.

Por ejemplo, la nueva ley dice que cualquier escuela, sea privada o pública, califica bajo los parámetros de las restricciones de vivienda.

Sin embargo, la misma no detalla las escuelas en sí, y podría incluir a colegios comunitarios o, inclusive, escuelas especificas como de cosmetología o cocina.

Sendas demandas en contra de la iniciativa fueron interpuestas casi inmediatamente después de su aprobación en las pasadas elecciones.

Los opositores de esta ley afirman que es inconstitucional imponer las restricciones de vivienda, ya que son consideradas castigos adicionales a depredadores sexuales que ya cumplieron con sus sentencias.

Asimismo, un juez de San Francisco detuvo la implementación de la restricción de vivienda a ofensores sexuales registrados y aquellos que no están en libertad condicional aún, así como la posibilidad de que sean desalojados.

Una de las demandas en contra de la ley será tratada el próximo 23 de febrero en esa misma corte.

Opositores, como el senador Dean Florez, se opusieron a la Proposición 83 desde un principio, bajo el argumento de que la mayoría de los ofensores sexuales serán obligados a vivir en áreas rurales, lo que, a su entender, beneficia a las áreas urbanas de manera desproporcionada.

“No cabe duda que va a ser más difícil (para ofensores sexuales) encontrar un lugar donde vivir, particularmente en las ciudades más pobladas,” dijo Runner, durante la pasada sesión legislativa.

La administración del gobernador Schwarzenegger ha indicado que defenderá los pormenores de la ley, para que su aplicación se de desde su entrada en vigor el pasado 8 de noviembre.

“Todo este proceso va a empezar en las cortes, y sí, podrían seguirle tanto la Legislatura como el público”, agregó Barankin. VN