CON FRACASO DE REFORMA, EEUU ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS CONTRA INMIGRACIÓN ILEGAL

Ante el fracaso de la reforma migratoria, el Gobierno anunció hoy una serie de medidas para reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración, destinadas a castigar a empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

Las medidas anunciadas hoy se enmarcan en la perenne lucha del Gobierno contra la inmigración ilegal, después de que el Congreso, atascado en una pugna partidista, no logró aprobar una reforma migratoria integral.

Sin embargo, el sector empresarial y los grupos pro-inmigrantes piensan frenar estas medidas en un tribunal, tras considerar el impacto que podrían tener en la economía nacional.

Las medidas, anunciadas por los secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, afectarían, por ejemplo, a miles de empleados en los sectores de servicios y agricultura.

“No queremos castigar a la gente que comete errores sin mala intención, errores administrativos… las medidas están dirigidas a quienes violan la ley intencionalmente” al contratar a indocumentados, explicó Chertoff.

Las medidas amplían el programa “Basic Pilot” de 1997, ahora rebautizado como “E-verify”, en el que las empresas pueden cotejar, en cuestión de segundos, toda la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.

La participación en el programa es voluntaria -unas 19.000 empresas ya participan y alrededor de mil se inscriben cada mes-, pero algunos gobiernos estatales ya obligan a sus agencias a inscribirse en el mismo.

A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia.

Las empresas tendrán la obligación de despedir a empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social, y las que hagan caso omiso a las advertencias afrontarán multas iniciales de 2.200 dólares y hasta cargos criminales, según el DHS.

Además, las medidas, que cuentan con la venia del presidente George W. Bush, reducirán el número de documentos -en la actualidad hay 29 categorías- que los empleados pueden presentar como prueba de identidad o estatus legal.

También incluyen multas de 3.000 dólares para los indocumentados que no salgan del país de forma voluntaria.

Bush dijo en un comunicado que estas medidas, en su conjunto, tienen como objetivo el reforzamiento de la seguridad fronteriza y de las leyes de inmigración, tras el fracaso de una reforma migratoria integral.

“Aunque el Congreso no ha respondido a nuestro maltrecho sistema de inmigración mediante una reforma integral, mi Gobierno continuará tomando medidas para mejorar el progreso ya logrado” en estas lides, dijo Bush.

Según observadores, estas medidas también son una respuesta del Gobierno de Bush a los ultraconservadores del Partido Republicano, que frenaron la reforma migratoria en el Congreso y exigen “mano dura” contra la población indocumentada.

La legisladora demócrata Dianne Feinstein (California) tachó las medidas como una “curita” que no frenará la crisis que se avecina en el sector agrícola de EEUU y por la que se perderán muchas cosechas de frutas y verduras.

Feinstein, quien promueve la legalización de trabajadores agrícolas, señaló en tono alarmista que se aproxima una “catástrofe” en el sector agrícola, que depende de la mano de obra indocumentada.

Se calcula que hay alrededor de seis millones de inmigrantes clandestinos en la fuerza laboral de EEUU, y varios grupos cívicos temen que estas medidas, en última instancia, aumenten los precios en los supermercados, restaurantes y demás áreas del sector de servicios.

“Necesitamos mucho más mano de obra de la que tenemos en la actualidad, y la gente va a sentir el impacto de estas medidas en sus bolsillos”, dijo a Efe Cristina López, activista del Centro para un Cambio Comunitario.

“Estas medidas sólo van a crear más ansiedad y temor en nuestra comunidad, pero tal vez esto empuje a los empresarios a presionar al Congreso a reformar las leyes de inmigración”, agregó.

Tanto la Cámara de Comercio de EEUU como la federación sindical AFL-CIO sopesan posibles acciones judiciales para impedir la puesta en marcha de las medidas.

En declaraciones a Efe, la portavoz de asuntos legales de AFL-CIO, Sonia Ramírez, explicó que el enfoque policial de estas medidas, sin proveer alivio a los indocumentados, “es una solución equivocada al problema migratorio actual”. VN