ADVIERTEN SOBRE “EFECTOS SECUNDARIOS” DE LEYES DE INMIGRACIÓN

Las nuevas leyes de inmigración recientemente aprobadas por la legislatura de Colorado podrían tener efectos secundarios negativos para los inmigrantes legales, advirtió un profesor mexicano de la Universidad del Norte de Colorado.

Rutilio Martinez, profesor adjunto de estadísticas empresariales y comercio internacional, indicó en rueda de prensa que si el gobierno estatal hace cumplir estrictamente las nuevas leyes, es posible que “los empresarios y dueños de negocios tampoco contraten a inmigrantes legales”.

Esa posibilidad surgiría de dos factores: el hecho de que, por las nuevas leyes, los inmigrantes, aunque tengan papeles en orden, ya no se sentirían atraídos a trabajar en Colorado, y la complejidad y lentitud del proceso de verificación, por parte de los empleadores, de la situación inmigratoria de sus potenciales empleados.

Gracias a un acuerdo bipartidista, el pasado 10 de julio se aprobaron dos proyectos de ley sobre inmigración ilegal.

El primer proyecto, que entrará en vigor el 1 de agosto próximo, requiere que toda persona mayor de 18 años que solicite ayuda del gobierno llene una declaración jurada en la que afirme que está legalmente en el país y que califica para recibir esos servicios.

El otro proyecto, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2007, obliga a las empresas y comercios a verificar, a través de bases de datos del gobierno federal, la situación migratoria de sus potenciales empleados antes de contratarlos.

Los empresarios que no sigan este procedimiento pueden recibir multas de 10 mil a 25 mil dólares, o más, si las autoridades detectan repetidas irregularidades.

Para Martinez, esta segunda ley, así como la propuesta de eliminar las deducciones impositivas para empresarios que a sabiendas contraten a indocumentados (de la que se votará en noviembre próximo), significan, “desde un punto de vista práctico, el despido de trabajadores ilegales”.

Esos despidos, sin embargo, no necesariamente llevarían a la contratación de inmigrantes legales, ya que los empresarios, adoptando una actitud estrictamente comercial, preferirían contratar a empleados nacidos en Estados Unidos, de quienes no haga falta verificar si están legalmente en el país o no.

Pero como la única manera de atraer a los trabajadores estadounidenses es con salarios más altos de los que reciben los inmigrantes, eso llevaría a un aumento en el precio de productos y servicios, explicó el catedrático.

Para Martinez, allí se ve la paradoja de la inmigración, ya que, por un lado, los estadounidenses “no quieren ver a los indocumentados”, pero, por otro lado, “no quieren pagar los salarios altos que los americanos piden”.

En ese proceso, “toda la economía de Colorado podría verse afectada, porque necesita trabajadores, y el actual sistema migratorio no facilita ni la llegada de trabajadores inmigrantes legales ni la legalización de quienes ya están aquí”, sostuvo el economista.

En un reciente estudio (2005), Martínez indicó que, aunque los inmigrantes indocumentados representan sólo el 4,3 por ciento de la fuerza laboral del país, en industrias como la agrícola son el 19 de la mano de obra, el 18 por ciento de los empleados en hoteles y centros turísticos, el 17 por ciento de los obreros de la construcción, y el 15 por ciento de los empleados en fábricas.

Martínez afirma que, con la excepción de algunas localidades en Texas, California y Arizona, “los inmigrantes indocumentados contribuyen (a la economía local) más de los gastos que generan”.

Antes de llegar a Colorado en 1993, Martínez dictó clases de macroeconomía en la Universidad de las Américas en Puebla, México. Actualmente se especializa en los cambios generados por el Tratado de Libre Comercio (TLC, o NAFTA, en inglés) entre Estados Unidos, Canadá y México, en vigor desde 1994. VN