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VÍCTIMAS DE REDADAS TESTIFICARON ANTE COMISIÓN NACIONAL EN LOS ANGELES

Varios trabajadores, detenidos en las redadas de inmigración, presentaron sus testimonios ante la Comisión Nacional creada para evaluar la conducta de las autoridades y determinar si se violaron los derechos de los arrestados.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Conferencias de la Catedral de Nuestra Señora de los Angeles, varios líderes comunitarios dieron su mensajes y algunos trabajadores apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) destacaron las irregularidades presentadas durante la redadas y los procesos posteriores.

En su participación, el Cardenal Rogelio Mahony, Arzobispo de Los Angeles, renovó el compromiso de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos de todas las personas sin importar su raza o su país de origen.

“Proclamar y defender la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de nuestros trabajadores, y señalar sus maravillosas contribuciones que han engrandecido a este país, es parte de nuestra herencia. Es una ironía que estas redadas estén teniendo lugar donde la gente está trabajando. Esta es gente que está trabajando, contribuyendo a su propio bienestar, al de sus familias, las empresas, la comunidad… pagando sus impuestos y ayudando a fortalecer esta nación”, dijo el cardenal.

“Tambien quiero que vean esta semana la revista Times con su nota de portada: ‘La gran muralla de Estados Unidos’. Realmente es un triste comentario el que en esta gran nación hayamos considerado necesario construir murallas que nos separen de la gente. Esto realmente es casi un pecado contra nuestra herencia nacional. Así que cuenten con mi ayuda en cualquier manera que yo pueda”, concluyó el Cardenal Mahony.

“A mí me arrestaron el 7 de febrero en la redada a la empresa Micro Solutions”, relató “María”, quien pidió anonimato debido al proceso jurídico que enfrenta.

“En medio de gritos, nos separaron a los hombres de las mujeres para empezar a interrogarnos sobre nuestros nombres, de donde éramos y cómo habíamos entrado al país”, explicó la empleada de la empresa ubicada en Van Nuys, al norte de Los Angeles.

Según la mujer, los funcionarios de inmigración -fuertemente armados- se los llevaron a un centro de detención del condado “y allí pasamos toda la noche sin poder dormir”.

Para la trabajadora, que lleva varios años viviendo en el país, la única opción que le ofrecieron fue colocarse un grillete electrónico además de pagar una fianza de 1,500 dólares, para poder salir.

“Nos trataron mal y cometieron con nosotros muchas injusticias, negándose a reconocer nuestros derechos como seres humanos”, declaró María, al señalar que cuando la dejaron salir con el grillete, eran las 11:30 de la noche y nadie la ayudó a buscar transporte.

“Se están cometiendo injusticias y abusos que yo en más de 30 años de ser activista nunca había visto”, aseguró María Elena Durazo, secretaria-tesorera ejecutiva de la Federación del Trabajo del Condado de Los Angeles, AFL-CIO, quien forma parte de la Comisión.

“Esto se está poniendo más y más peligroso para nuestras comunidades y el impacto ya no es sobre unos cuantos trabajadores detenidos, sino sobre muchas familias incluidos sus niños”, agregó.

Otro de los puntos que se denunció en la audiencia fue la manera cómo las autoridades han arrestado incluso a ciudadanos estadounidenses y desconocido sus derechos.

Uno de los testimonios presentados fue el de un hermano de Pedro Guzmán, un ciudadano estadounidense que fue deportado erróneamente a Tijuana en mayo de 2007, mientras cumplía una sentencia de 120 días por un delito menor en la cárcel Central de Hombres de Los Angeles.

“Esperamos poder mostrar a la comunidad y al país lo malo que está ocurriendo con la aplicación de la leyes de inmigración”, señaló Francisco Ugarte, abogado de la Red de Educación Legal de Inmigrantes de San Francisco, que representa a varios de los inmigrantes detenidos.

Ugarte espera que “todo esto lleve a conseguir leyes migratorias más racionales, que entiendan por qué existe la inmigración”.

Otro de los casos fue el de Evangelina, quien trabajaba en la taquería El Balazo, de San Francisco, cuando fue detenida por agentes de inmigración.

“Las personas pidieron algo de comer y luego nos llamaron a todos diciéndonos que querían hablar con nosotros. Pensé que querían aclarar algo sobre un crimen, pero cuando nos dimos cuenta las puertas del restaurante estaban cerradas”, contó esta madre indocumentada que mantiene a sus cuatro hijos.

Según relató Evangelina, su detención ocurrió el 2 de mayo de 2008 y desde entonces no ha podido volver a trabajar, lo que le ha creado una grave situación para el sustento de sus hijos, dos niñas y dos varones, de 20, 18, 14 y 12 años de edad.

Así, con el trabajo su hija mayor “estamos tratando de sobrevivir”, contó la madre, quien durante más de 10 años había sido el único sustento de su hogar.

En sus intervenciones, los miembros la Comisión destacaron la importancia histórica de la inmigración y resaltaron cómo Estados Unidos ha sido siempre “una nación de los derechos humanos”.

Por su parte, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, en inglés), otro de los miembros de la Comisión, destacó la necesidad respetar los derechos de los trabajadores inmigrantes y de hacer saber al país, las irregularidades que se están cometiendo.

La sesión fue presidida por Joseph T. Hansen, presidente internacional del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW, en inglés), una de las organizaciones sindicales más grandes de Estados Unidos. VN

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