REFORMA MIGRATORIA FAVORECE A TODOS

Hace 15 años que Héctor Santana dejó el Distrito Federal para emigrar a Los Ángeles. Aún no ha podido legalizarse pese a innumerables esfuerzos por hacerlo. Mientras, trabaja en una estación de servicio en el centro de la ciudad en el turno de la noche; dice que a esas horas se siente más protegido de redadas de la “migra. En el día estudia. Ya completó todas las unidades requeridas para transferirse a una universidad, pero su condición de indocumentado le obstaculiza este sueño. El salario que gana es demasiado poco como para poder pagar los estudios, y el gobierno le ha negado asistencia financiera. No se atreve a hacer planes a largo plazo porque no sabe en qué momento podrían deportarlo. Pero desde hace unos meses tiene una esperanza. “Una reforma migratoria cambiaría completamente mi vida. Para mí un programa de legalización es la oportunidad de tener un futuro… el futuro que siempre soñé”, dice con un dejo de emoción.

Más de 11 millones de indocumentados comparten el sueño de Héctor de poder vivir en Estados Unidos legalmente si se aprueba la Reforma Migratoria, un proyecto que está a cargo del bipartidista Grupo de los Ocho del Senado, constituido por cuatro demócratas y cuatro republicanos.

Políticos, organizaciones religiosas, sindicales y comunitarias, así como asociaciones económicas han unido fuerzas para lograr que la legalización sea una realidad. De los alrededor de 11 millones de inmigrantes sin documentos que residen en Estados Unidos, cerca de tres millones viven en California, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Por su parte, el Arzobispo José H. Gomez de la Arquidiócesis de Los Ángeles, presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), el pasado 17 de abril en Washington le dio la bienvenida a la presentación de la legislación bipartidista ante el Senado para reformar el sistema de inmigración. El religioso pidió especialmente respeto por los derechos humanos y dignidad de los inmigrantes, y reiteró el compromiso de la Iglesia católica a esta causa.

También prometió que los Obispos estadounidenses revisarán la legislación. “Esperamos examinar cuidadosamente la medida y trabajar con el Congreso para fabricar una propuesta final que respete los derechos humanos básicos y la dignidad de los nuevos migrantes a nuestra tierra -migrantes, refugiados, y otras poblaciones vulnerables”, dijo. “Una vez completada la revisión de la voluminosa propuesta, USCCB podría buscar mejoras a la legislación para que restaure el cumplimiento de leyes en una manera justa y humanitaria”.

Una reciente encuesta de la USCCB revela que una mayoría de católicos apoya una ley de reforma migratoria que ofrezca un camino a la ciudadanía. “Como una iglesia inmigrante, los católicos comprenden la experiencia de la migración y aceptan el llamado del Evangelio a acoger al inmigrante”, indicó el Arzobispo Gomez.

“Exhorto a los católicos en todo el país a contactar a sus legisladores para que apoyen una reforma migratoria compasiva, la cual ayude a nuestros hermanos y hermanas a salir de las sombras y convertirse en miembros completos de nuestras comunidades”, dijo.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Pero una reforma migratoria va más allá de un acto humanitario, es también una manera de estimular notablemente la economía del país. De acuerdo a investigaciones, un nuevo programa de legalización beneficiaría a toda la sociedad estadounidense, haciendo crecer la economía y expandiendo el mercado laboral.

Uno de los más recientes estudios al respecto es el “Raising the Floor for American Workers: The Economic Benefits of Comprehensive Immigration Reform”, realizado por el doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de Norteamérica en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA). Después de una serie de investigaciones, él concluye que una reforma migratoria integral que legalice a inmigrantes indocumentados y permita un futuro flujo de trabajadores legales, resultaría de gran beneficio económico para Estados Unidos.

Basado en el modelo del programa de legalización de 1986 -el Acta de Control y Reforma Migratoria (Immigration Reform and Control Act), cuya sigla es IRCA, Hinojosa revela que esta nueva reforma agregaría aproximadamente 1.5 trillones de dólares a la economía estadounidense en un lapso de 10 años. Esto provocaría un aumento en el consumo e inversiones.

“Un ingreso personal superior hace que los consumidores gasten más, y esto genera entre 750 mil a 900 mil empleos en Estados Unidos”, dice Hinojosa, y agrega que al ganar mejores sueldos, los trabajadores legalizados también generarían más dinero en impuestos para los gobiernos federales, estatales y locales. Y en realidad aumentarían los salarios de todos en general, incluidos los que ganan los ciudadanos estadounidenses, porque el “piso salarial” (nivel de sueldos) se elevaría para todos los trabajadores.

Según la investigación de Hinojosa, los latinos indocumentados de California, por ejemplo, habrían ganado $ 2.2 mil millones más de lo que realmente ganaron, si hubieran estado legalizados.

Además, la experiencia demuestra que al legalizarse, los trabajadores abren cuentas bancarias, compran casas e inician negocios, estimulando aún más la economía, afirma el experto, y agrega que también invierten más en educación, capacitación laboral y habilidades para adquirir el idioma inglés; esto los convierte en empleados más productivos y con mayores ingresos para invertir en la economía.

Un nuevo programa de legalización podría igualmente ayudar a que continúen floreciendo industrias nacionales como la lechera, en donde la mano de obra inmigrante es esencial. Por ejemplo, una pérdida de sólo el 50% de trabajadores lecheros inmigrantes reduciría a $ 6,700 millones las ventas de productos lácteos. Deshacerse de estos trabajadores costaría cerca de 133 mil empleos en Estados Unidos, lo que afectaría tanto a trabajadores inmigrantes como nacionalizados. Algo similar ocurriría si no se legalizara a los trabajadores agrícolas, lo que resultaría en campos cerrados y tierras de cultivo convertidas a otros usos.

Por estas razones, empresarios de Estados Unidos también apoyan una reforma migratoria. El presidente de la Cámara de Comercio estadounidense, Tom Donohue, en conferencia de prensa en Washington la identificó como una prioridad para aumentar el crecimiento económico y la creación de cientos de miles de nuevos empleos, inclusive para los individuos nacidos en este país.

La Cámara de Comercio, que agrupa a más de tres millones de empresas en Estados Unidos, busca además que la reforma migratoria fortalezca la seguridad fronteriza, amplíe los programas de trabajadores temporales y la cantidad de visas para profesionales especializados y extienda las residencias permanentes a los extranjeros que egresen de universidades estadounidenses en carreras científicas y tecnológicas.

En contraste, las deportaciones resultarían en una pérdida de $ 2.6 mil millones de dólares en el producto interno bruto del país en una década. De hecho, el “Center for American Progress” ha calculado que una deportación masiva costaría hasta $ 230 mil millones en cinco años. Pero independientemente del gasto económico, las deportaciones separan a las familias abriendo heridas profundas en la sociedad.

“En los últimos 4 años hemos deportado a más de un millón de personas. Alrededor de una cuarta parte de ellos estaba viviendo en su casa con sus hijos y familias. Por supuesto, no estamos hablando de ‘estadísticas’. Estamos hablando de familias. Estamos hablando de padres quienes, sin aviso, no regresarían a su hogar en la noche- y quienes no podrían ver a sus familias otra vez por al menos una década”, declara al respecto el Arzobispo Gomez.

APOYO PRESIDENCIAL

Aún no se tiene la versión final, pero millones esperan que se apruebe una reforma migratoria lo antes posible, entre ellos, el presidente Barack Obama. Al ser reelecto -con un sólido apoyo de las minorías étnicas, especialmente de los hispanos-, Obama anunció que sometería al Congreso un proyecto de ley durante su segundo periodo presidencial. En el discurso que ofreció el pasado 16 de abril sobre la Reforma Migratoria, expresó: “Evidentemente, dicho proyecto de ley es un acuerdo, y nadie conseguirá todo lo que quería, incluyéndome a mí. Pero mayormente guarda consistencia con los principios que he planteado repetidamente para una reforma general. Este proyecto de ley continuará reforzando la seguridad en nuestras fronteras y controlará a los empleadores para ver si contratan a sabiendas a trabajadores indocumentados. Les proveerá un camino a ganarse la ciudadanía a los 11 millones de personas que ya están ilegalmente en este país. Y modernizará nuestro sistema de inmigración legal de manera que podamos reunir a las familias y atraer a los empresarios e ingenieros sumamente capacitados que contribuirán a crear empleos bien remunerados y a fomentar nuestra economía”, y exhortó al Senado a aprobarla lo antes posible.

Mientras tanto, se pide a los interesados que vayan recolectando documentos que prueben su estadía en este país desde antes del 31 de diciembre de 2011, y que se cuiden de supuestos notarios o abogados inescrupulosos que ofrecen servicios de legalización fraudulentos. Si usted necesita ayuda para presentar una solicitud o petición al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este departamento recomienda buscar asistencia en el lugar correcto y con personas autorizadas. El gobierno de Estados Unidos ofrece la siguiente página de Internet en español, con información para evitar ser víctima de este tipo de estafas: www.uscis.gov. VN

REQUISITOS

Aún no se ha dado la última palabra, pero en líneas generales estas son las condiciones para legalizarse:

– Las personas en situación de indocumentados pueden solicitar el ajuste de estatus de no inmigrante cumpliendo los criterios de elegibilidad vigentes.

– Deben demostrar que se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011.

– Pagar una multa (a excepción de los estudiantes del DREAM Act elegibles) y pagar impuestos.

– Pagar todos los cargos que implican el costo de tramitación de la solicitud.

– Los cónyuges e hijos de inmigrantes que ingresan al estado de No Inmigrante podrán ser reclamados o pedidos como derivados del solicitante principal (pero deben estar en Estados Unidos).

– Los inmigrantes que califican para la reforma migratoria podrán trabajar para cualquier empleador y viajar fuera de Estados Unidos.

– Las personas que están fuera de Estados Unidos y que vivieron en el país antes del 31 de diciembre de 2011 y fueron deportados pero no tienen antecedentes penales o criminales, pueden solicitar volver a entrar a Estados Unidos con estatus de No Inmigrante si tienen un cónyuge en Estados Unidos, o son padre o madre de un niño ciudadano estadounidense o residente legal permanente, o llegó siendo niño y califica para el DREAM Act.

-El estado de No Inmigrante tendrá una duración de seis años, el que será renovable si el inmigrante no comete ningún acto ilegal que conlleve a ser deportado de Estados Unidos.

-Cuando se cumpla este plazo y gestione una prórroga, deberá pagar una nueva multa.
-No es elegible para recibir ayuda federal o beneficio público (carga pública).

QUIÉNES NO PUEDEN HACERLO

– Aquellos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011.

– Los inmigrantes que han sido condenados por un delito grave.

– Los que han sido condenados por tres o más delitos menores.

– Los condenados por un delitos cometidos en el extranjero.

– Aquellos considerados inadmisibles por ser criminales, constituir un riesgo para la seguridad, amenaza a la salud pública o por otros motivos morales.