PROPUESTAS DE LEY PODRÍAN AFECTAR RECIÉN FIRMADO PRESUPUESTO DE CALIFORNIA

El veto por 702 millones de dólares que el gobernador de California aplicó al proyecto final de presupuesto antes de firmarlo convirtiéndolo en ley el viernes sigue levantando críticas entre diferentes sectores políticos.

Aunque los recortes aplicados por el gobernador al proyecto final de presupuesto del estado afectaron muy poco los renglones de educación y seguridad, el recorte de otras partidas, especialmente en salud, ha generado duras críticas.

Por otra parte, varias propuestas legislativas con fuerte respaldo político han empezado a hacer su recorrido por la Asamblea y el Senado, lo que amenaza el equilibrio entre ingresos y gastos del presupuesto, logrado tras el veto final del gobernador.

Las críticas por los recortes se escucharon inmediatamente.

“La acción de hoy no es el final de los problemas de presupuesto del estado”, señaló el viernes, el líder de la mayoría del Senado Don Perata, D-Oakland, al oponerse a la celebración de la firma del presupuesto argumentando que los recortes finales afectan desproporcionadamente a los más pobres.

Perata fue una de las principales voces que se alzaron contra el punto más criticado del veto de Schwarzenegger: el recorte de 330 millones al programa Medi-Cal de seguro de salud para las personas más pobres, que formó parte de un total de 527 millones retirados del presupuesto de salud y servicios sociales.

Por su parte, el presidente de la asamblea Fabián Núñez, D-Los Angeles, manifestó su desacuerdo con la forma en que Schwarzenegger aplicó su poder de veto.

“Muchos de los recortes adicionales que el gobernador hizo son innecesarios y frustrantes”, criticó Núñez. No obstante, al señalar que Schwarzenegger debía satisfacer muchos intereses, Núñez reconoció que, “es bueno ver que por lo menos algunos servicios vitales fueron protegidos”.

El mismo Núñez ya comenzó a impulsar su propuesta de reforma de salud, que requiere a los empleadores el pago de un seguro médico para sus empleados.

“Esta es una de las pocas medidas que, no sólo no generaría más gastos del presupuesto, sino que ahorraría dinero estado al descargarlo de algunos de sus costos actuales y trasladarlos a los empleadores”, explicó a Efe Jorge Salazar, analista político de Los Ángeles.

“Lo que viene ahora es un proceso de ajuste realizado por los Comités de Apropiaciones -de la Asamblea y del Senado- para decidir qué propuestas pasan a estudio de las plenarias”, señaló el analista.

Según anotó Salazar, el Comité de apropiaciones de la Asamblea estudiará esta semana alrededor de 190 proyectos de ley aprobados previamente por el Senado por un valor de cerca de 3.000 millones de dólares.

De otro lado, “el Comité de apropiaciones del Senado estudiará esta misma semana cerca de 250 propuestas de gasto provenientes de la asamblea”, señaló Salazar. “Por la carga política y social que muchas de estas propuestas llevan para su aprobación, podríamos estar enfrentando un déficit de cerca de 5.000 millones el próximo año”.

Las propuestas del asambleísta John Laird, D-Santa Cruz, y del senador Darrell Steinberg, D-Sacramento, permitirían que 300.000 niños más fueran elegibles para programas de salud del estado con un costo adicional anual de 300 millones de dólares.

El senador Gil Cedillo, D-Los Ángeles, por su parte, presentará dos propuestas, la primera de las cuales contempla extender los programas de tratamiento por alcoholismo y drogadicción para los jóvenes con un costo anual de 20 millones de dólares.

Otra propuesta de Cedillo crea un fondo estatal para pagar compensaciones a los latinos que fueron ilegalmente deportados a México en la década de 1930. Sin embargo la propuesta no contempla inicialmente dar dinero al fondo. La financiación debería ser obtenida a través de legislaciones futuras.

Un proyecto del senador Alex Padilla, D-Los Ángeles, requiere que los restaurantes coloquen en sus menús la cantidad de calorías, grasa, sal y carbohidratos de sus platos, lo que según un estimado previo de la Asamblea, podría costar 100.000 dólares para su control anual.

La senadora Christine Kehoe, D-San Diego, presenta una ley que requiere que la Junta de Recursos del aire, reduzca las emisiones contaminantes de los vehículos de gasolina, cuyo costo estimado de estudio y control de aplicación es de 1,5 millones de dólares para los próximos tres años.

“Es interesante seguir observando lo que pasará esta semana en los comités de apropiaciones, que tomarán decisiones que pueden producir un nuevo déficit al recién balanceado presupuesto”, señaló el experto. VN