PRINCE WILLIAM DESOYE PROTESTA POPULAR Y APRUEBA RESOLUCIÓN ANTI INMIGRANTE

Tras varias horas de reunión y cientos de testimonios, la Junta de Supervisores del condado Prince William (Virginia) aprobó hoy por unanimidad el presupuesto para poner en marcha una de las resoluciones antiinmigrantes más duras del país.

De hecho, tras esta iniciativa, otros condados de Virginia, como Loudoun y Fairfax, han comenzado a estudiar la posibilidad de aprobar medidas parecidas.

En el caso de Prince William, la comparecencia de 375 residentes del condado, de los cuales el 70 por ciento estaba en contra de la resolución, no pudo evitar que las autoridades aprobasen el presupuesto y publicaron una lista con los servicios que “recomiendan” sean negados a los inmigrantes indocumentados.

Durante las más de 12 horas que duró la reunión – desde las 2 de la tarde a las 2,30 de la madrugada- más de 1.500 opositores a esta medida se concentraron a las puertas del edificio de Gobierno de Prince William, a grito de “Sí se puede” y “No en mi nombre. Rescindir la Resolución”.

“Es una burla y realmente vergonzoso que escucharan todos estos testimonios durante tantas horas, para luego aprobar la puesta en marcha de la resolución por unanimidad y en tan sólo tres minutos”, dijo a Efe Ricardo Juárez, portavoz de “Mexicanos Sin Fronteras”.

Juárez relató cómo las horas de movilización pacífica en la calle tuvieron muchos momentos de tensión, sobre todo “cuando un grupo de entre 15 y 20 antiinmigrantes se acercaron a nuestras filas, acompañados por un policía, y empezaron a insultarnos”.

Sin embargo, cuando ya de madrugada se aprobó la puesta en marcha de la resolución, que entrará en vigor a finales de enero de 2008, lo que reinaba en la comunidad inmigrante era una sensación de decepción e impotencia.

“Todos nuestros esfuerzos no han servido para sensibilizar a las autoridades del condado acerca de que con la aprobación de la resolución muestran un desprecio total por lo que somos, hacemos y contribuimos”, dijo Juárez.

La resolución establece que se negará a los residentes indocumentados todos los servicios públicos, excepto los que deben ser proporcionados según la ley federal, tales como los servicios de emergencia médica o los educativos.

La lista de servicios establecida esta madrugada por la Junta de Supervisores “recomienda negar” la asistencia domiciliaria para los ancianos y programas de ayuda a los alquileres e hipotecas a todos los residentes indocumentados.

Además, aconseja que se les paralicen todas las ayudas tributarias, que no se les aprueben licencias de negocio y establece un acuerdo entre los servicios de inmigración y los centros juveniles para facilitar la deportación de los jóvenes delincuentes.

Las autoridades aprobaron además un presupuesto de más de 575.000 dólares para la policía local que, a partir de ahora, deberá verificar el estatus migratorio de cualquier persona sobre la que exista una “sospecha razonable” de que es un indocumentado.

Esta cantidad se destinará al entrenamiento de los agentes policiales, ahora también de inmigración, y a la creación de un grupo especial de seis detectives y un analista legal que se encargarán exclusivamente de investigación de cualquier inmigrante que cometa “cualquier tipo de delito”.

“Desde saltarse un stop, o un semáforo, hasta el robo de una bolsa de caramelos. Cualquier excusa es buena”, apuntó Juárez.

A pesar de su aprobación, la resolución no entrará en vigor hasta finales de 2008. Mientras tanto la única esperanza para la comunidad inmigrante es la demanda interpuesta este mes ante la presunta inconstitucionalidad de la medida.

“Esperamos que el fallo se produzca a finales de este año y se evite así la entrada en vigor de la resolución”, dijo Juárez.

A partir de ahora, miles de inmigrantes que clamaron ayer durante horas para que se rechazase la medida, comenzarán a pensarse si quieren permanecer en un condado en el que se considera que “no tienen derechos”. Ni siquiera el de protestar. VN