PREOCUPA IMPACTO DE LEY ANTIINMIGRANTE EN INDUSTRIA AGRÍCOLA DE GEORGIA

Atlanta.- Conforme se acerca la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración en Georgia, son cada vez menos los inmigrantes que vienen a trabajar a los campos y con ello crece la preocupación entre los productores sobre las consecuencias para la industria.

La ley HB87, que entra en vigor el 1 de julio, ha puesto una “pesada carga” a los productores del estado, que en muchos casos han visto una disminución de hasta un 50 por ciento de su fuerza laboral y están viéndose obligados a abandonar parte de su producción.

“Esta ley está afectándonos muy duramente porque muchos trabajadores tienen miedo y como Georgia es uno de los pocos estados que tienen este tipo de leyes, ellos prefieren simplemente evadir Georgia e irse a otro estado”, dijo Gary H. Paulk, propietario de Paulk Farms & Vineyards, que cultiva uvas, moras y arándanos.

Paulk opera su finca junto a la de su padre y su hermano y contrata cada año cerca de 300 trabajadores, no obstante para esta cosecha sólo ha logrado conseguir entre 150 a 200 jornaleros.

“Nunca antes habíamos tenido problemas consiguiendo trabajadores calificados para nuestros campos como ahora y no soy solo yo, sino todos los otro agricultores están teniendo problemas y creo que es debido a la ley porque hasta ahora siempre habíamos tenido suficientes empleado”, señaló el productor.

También aseguró que a la escasez de trabajadores se han sumado las consecuencias de las altas temperaturas y la sequía registradas recientemente convirtiendo el panorama en una “tormenta perfecta”.

Una encuesta del Departamento de Agricultura de Georgia divulgada esta semana encontró que existen cerca de 11.000 puestos de trabajo vacantes en la principal industria del estado por el temor de lo inmigrantes a las consecuencias que enfrentan con la nueva ley.

De acuerdo con Paulk, que ha cultivado sus campos desde 1975, esta temporada ha perdido ya entre 20 y 25 por ciento de su cosecha en general y hasta 50 por ciento de algunos de sus productos.

El 25 de mayo pasado, el productor hizo una solicitud al Departamento de Trabajo de Georgia para contratar a 25 trabajadores, que ante la gravedad de la situación están coordinando esfuerzos con el Departamento de Agricultura de Georgia para hacer frente a la situación.

“Teníamos la esperanza de que algunas personas locales vinieran a trabajar a los campos, pero solamente algunos han salido y no aguantan la exigencia física que requiere trabajar en el campo”, aseveró Paulk.

El agricultor sostuvo que la ley, con provisiones como el uso obligatorio del programa federal de verificación de documentos E-verify, les pone en desventaja competitiva con respecto a otros estados e incluso otros países.

“Es un doble estándar porque a los que están a favor de la ley no les importa consumir productos de otros países cultivados por niños o con químicos que aquí están prohibidos, pero no quieren que los productos en Georgia sean cultivados por indocumentados”, indicó Paulk.

Esta semana, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, recomendó a los agricultores contratar a personas que se encuentren en libertad condicional para cubrir los cerca de 11.000 puestos vacantes en los campos agrícolas de Georgia.

Para Paul Bridges, el alcalde de la localidad de Uvalda, ubicada en una zona mayoritariamente agrícola al sureste de Georgia, las consecuencias de la nueva ley ya se están haciendo sentir pese a que la misma todavía no entra en vigencia.

“La ley de inmigración no entra en efecto hasta el 1 de julio, sin embargo ya estamos viendo que los inmigrantes que vienen a trabajar en los campos del área y nuestros productores están reportando que están perdiendo productos o no los tienen listos para el mercado”, señaló a Efe Bridges.

El alcalde indicó que muchos de lo productores de la zona incluso están preocupados ante las consecuencias que enfrentan a largo plazo si la situación actual continúa.

“Muchos de los agricultores me han dicho que les preocupa el hecho de que estos jornaleros van a evitar venir a Georgia en próximos años y al menos uno de ellos ya me ha dicho que si el otro año estos trabajadores no vienen y pierde su cosecha, perderá su finca”, aseveró el político.

Bridges señaló que esta ley no sólo está “ahuyentando” a los inmigrantes indocumentados, sino también a los que tienen papeles, por el hecho de que los inmigrantes están “mezclados”.

“Los inmigrantes no viajan o conviven en grupos separados. Todos están mezclados y tienen familias en las que un esposo es ciudadano y el otro no, o los hijos son ciudadanos y los padres no. Así que no sólo estamos perdiendo a los inmigrantes indocumentados, sino que también estamos perdiendo a los documentados”, señaló Bridges, quien dijo sentirse “frustrado” por el hecho de que los legisladores y el gobernador no entiendan la gravedad de las consecuencias de la ley.

Bridges forma parte de una demanda presentada por varias organizaciones civiles para evitar la implementación de la HB87, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia, el Sindicado de Trabajadores de Servicios (SEIU), el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC). VN