PREOCUPA A MÉXICO USO DE FUERZA EXCESIVA EN ARRESTOS DE INMIGRANTES

El cónsul de México en El Paso expresó su preocupación por el uso excesivo de fuerza de agentes de la Patrulla Fronteriza y lamentó la decisión de un alto tribunal que desestimó acusar a un agente federal que mató a un mexicano.

“Nos preocupa el uso excesivo de la fuerza en contra de los inmigrantes, en los casos en los que no corre peligro la vida del agente”, dijo el cónsul Roberto Rodríguez Hernández.

Un Gran Jurado, en la corte federal de El Paso, determinó el jueves que no presentará cargos en contra del agente de la Patrulla Fronteriza que disparó en numerosas ocasiones en contra de Alejandro Ortiz Castillo, de 23 años, quien logró llegar herido a territorio mexicano para luego morir en las márgenes del Río Bravo.

“El agente se sintió amenazado por las acciones del asaltante”, señaló en su momento el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Douglas Mosier.

De acuerdo con los informes del caso, el joven mexicano fue interceptado por el agente fronterizo cuando el inmigrante conducía a dos hombres y a una mujer provenientes de México hacia EEUU a través de un hoyo en la malla que divide los dos países al este del centro de El Paso.

Los testimonios de corte indican que el agente fronterizo, que logró detener a la mujer, sintió que su vida corría peligro cuando Ortiz Castillo se acercó a él con unas pinzas de cortar metal en una mano y una piedra en otra, diciéndole que soltara a la inmigrante e ignorando la orden del agente de detenerse.

El patrullero -cuyo nombre no fue revelado- disparó entonces en repetidas ocasiones en contra de Ortiz Castillo, todavía en territorio estadounidense, y éste logró llegar acompañado por los otros dos inmigrantes hasta México en donde murió.

La inmigrante fue detenida y sirvió como testigo durante una investigación en la que intervino la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Según las autoridades migratorias, Ortiz Castillo había cruzado ilegalmente la frontera en una veintena de ocasiones desde 1999 y recibió en 2004 su deportación formal a México.

Este es el segundo caso que se decide este año a favor de patrulleros fronterizos en cortes federales, ya que a mediados de este mes, un juez federal se negó a ordenar al gobierno de Estados Unidos que compensara económicamente a los padres del indocumentado Juan Patricio Peraza, quien en febrero de 2003 murió a causa de los disparos de un agente fronterizo.

En ese caso, el agente disparó contra Peraza después de una persecución que concluyó con la muerte del joven de 19 años, que de acuerdo con los testigos, blandía un tubo de metal mientras los agentes que lo rodeaban le ordenaban soltarlo.

Previamente a la demanda civil, el caso de Peraza había sido desestimado por un Gran Jurado que encontró que el agente tuvo motivos justificados para temer por su vida.

“El de Ortiz Castillo es el segundo caso de exceso de fuerza en perjuicio de un inmigrante, y no consideramos apropiada la decisión adoptada por el Gran Jurado”, dijo el cónsul, quien no se descarta la posibilidad de que, al igual que en el caso de Juan Patricio Peraza, la familia de Ortiz inicie una demanda civil en contra del agente y de la dependencia migratoria.

Estos dos casos se registraron a dos años de la condena a 10 y 11 años de prisión respectivamente de los agentes de la Patrulla Fronteriza Ignacio Ramos y José Campean, quienes dispararon por la espalda en febrero de 2005 al inmigrante Osvaldo Alderete Dávila, hiriéndolo en un glúteo y después ocultaron evidencia y no informaron del incidente a sus supervisores.

Los dos agentes, que fueron encontrados culpables por la juez federal Kathleen Cardone, perdieron también a principios de este año su apelación interpuesta ante los tribunales del Quinto Circuito.

Alderete Dávila recibió atención médica en El Paso para sus heridas, así como inmunidad para presentarse a declarar en contra de los agentes, bajo el ofrecimiento de que no sería enjuiciado por el cargamento de marihuana que dejó abandonado antes de huir a México debido a los disparos de los agentes.

Sin embargo, el mexicano se declaró culpable el año pasado en corte federal de haber internado droga de México a Estados Unidos, en el periodo en el que se desarrollaba el juicio contra los dos agentes que lo hirieron.

Rodríguez, que ha especializado su carrera diplomática en protección a mexicanos, advirtió que el Consulado estará pendiente de estos casos y de las investigaciones en torno a ellos y apoyará a las familias de los inmigrantes heridos en territorio estadounidense. VN