<!--:es-->OTRO “MURO DE LA VERGÜENZA”.- El  Proyecto H.R. 4437, “Ley de control de la inmigración ilegal y el antiterrorismo de 2005”.<!--:-->

OTRO “MURO DE LA VERGÜENZA”.- El Proyecto H.R. 4437, “Ley de control de la inmigración ilegal y el antiterrorismo de 2005”.

“Estados Unidos ondea la bandera de la libertad pero castiga con el látigo, se hace llamar el campeón de la libertad, pero su política dice todo lo contrario” se lee en un sitio de Internet dedicado a comentar la moción H.R. 4437, el proyecto de inmigración del senador federal de Wisconsin Jim Sensenbrenner que oficialmente se denomina “Ley de control de la inmigración ilegal y el antiterrorismo de 2005”.

En cambio, en México y otras partes de Latinoamérica, el plan del senador es conocido como “el muro de la vergüenza”. Así se llamaba al que cayó en Berlín en 1989 y al que construye el colonialismo israelí en los territorios árabes que ocupa. Según el columnista de La Jornada de México Carlos Fazio, la propuesta de Sensenbrenner recuerda los proyectos del apartheid sudafricano que pretendían perpetuar la superioridad blanca.

“¿Qué seguiría?”, se pregunta Fazio, “¿el arresto de cientos de miles de ilegales? ¿La creación, en Estados Unidos y México, de cárceles y campos de concentración privados, rentables y autofinanciables, donde los ‘huéspedes’ tendrían que pagar su ‘alojamiento’ mediante trabajo forzado?”

La ley propuesta por este senador republicano de Wisconsin vincula de manera perversa dos conceptos: inmigrantes y terrorismo, como si los pizcadores de uva, los jornaleros, las niñeras que cuidan a los críos de los estadounidenses tuvieran algo que ver con los extremistas islámicos (todos ellos residentes legales) que pilotaron aviones secuestrados para estrellarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Con la excusa del 911, el poderoso presidente del Comité Judicial del Senado parece obstinado en deshacerse de quienes desempeñan los oficios más duros y humildes en este país.

Su propuesta contempla el reforzamiento y extensión por varios kilómetros adicionales del muro que separa a Estados Unidos de México, de por sí una barrera impresionante provista de sensores electrónicos, torres de observación, patrullada de noche y de día por tierra y por aire. En realidad, el proyecto de Sensenbrenner es mucho más que un muro. Es un proyecto de guerra total contra los trabajadores extranjeros. Su aspecto más siniestro es su intención de aplicar la categoría de “criminal” a todo inmigrante indocumentado, marcando de por vida a un grupo de 11 millones de almas.

Según la Asociación Americana de las Libertades Civiles (ACLU) “la H.R. 4437 expande políticas que erosionan seriamente las libertades civiles del país. Militarizaría aún más la frontera, otorgando poderes extraordinarios a cualquier agente de rango inferior, permitiéndole expulsar a cualquier persona que se encuentre a 100 millas de la frontera que considere un inmigrante ilegal acabado de ingresar al país”.

Asimismo, la aprobación del paquete permitiría que un trabajador indocumentado sea encerrado en prisión indefinidamente y sin derecho a que su caso sea revisado por una corte, convirtiendo el territorio de Estados Unidos en una especie de Guantánamo.

“Nos parece una verdadera afrenta hacia toda América Latina el que un gobierno que se dice amigo y socio de la región quiera únicamente nuestro dinero y nuestras mercancías, pero ve a nuestra gente como si fuera una epidemia”, dijo el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein.

El presidente de México, Vicente Fox, declaró que un programa como el que propone el Congreso habla muy mal “de un país que se precia de ser democrático, que se precia de ser un país de migrantes”. “No es posible que en el siglo XXI”, agregó, “estemos construyendo muros entre dos naciones que somos vecinas, hermanas, dos naciones que somos socias”.

Hermanas, quién sabe, pero lo de socios es innegable. De prosperar la iniciativa republicana, vendría a ser la otra cara de la moneda de los tratados de liberalización comercial que Estados Unidos persigue en Latinoamérica bajo la bandera del libre comercio. Mientras los gobiernos de esos países abren sus puertas a los productos estadounidenses, Estados Unidos cierra las suyas a los latinoamericanos, y de pasada los llama criminales.

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el anteproyecto republicano, y en algún momento éste será considerado por el Senado. Inmediatamente, la Casa Blanca le ofreció su respaldo, a pesar de que el Presidente Bush afirmó en un discurso hace dos años que los trabajadores extranjeros eran gentes trabajadoras que llegaban a este país a buscar oportunidades.

Durante la sesión de la Cámara Baja que aprobó el proyecto, el obispo católico Gerald Barnes, de San Bernardino, presidente del Comité de Obispos para las Migraciones, expresó que el proyecto de ley “tendría serias consecuencias no sólo para los inmigrantes, sino también para el país.

“Es una medida sumamente punitiva, y si es promulgada va a dañar excesivamente a los inmigrantes y a sus familias, aun a aquéllos que son residentes legales”.

Barnes expresó a los legisladores que a los obispos les preocupa el espíritu policial que anima la iniciativa, y la ausencia en ella de verdaderas reformas que contribuyan a resolver los problemas de la inmigración.

El Concejo Nacional de La Raza (NCLR), una de las organizaciones hispanas más importantes del país, envió al Presidente una carta deplorando su apoyo al paquete extremista de Sensenbrenner.

“El impacto que tendría la H.R. 4437 en la comunidad latina sería devastador”, expresa el mensaje.

“Algunas de las atrocidades que contempla ese documento: criminaliza a 11 millones de indocumentados; expone a familias enteras, empleadores, instituciones religiosas y a otras personas a ser procesados bajos cargos de dar albergue, traficar y proveer transporte a criminales”.

El proyecto exige a los empleadores verificar el estatus legal de sus trabajadores y aprueba la utilización de tropas y policías para detener a los inmigrantes que no tengan sus documentos en regla. Lo único que la Cámara Baja no se atrevió a aprobar fue un artículo del anteproyecto que le negaba la ciudadanía estadounidense a los bebés de los sin papeles. Por el momento esta idea es considerada demasiado extrema.

La 4437 no surge en el vacío. Es la expresión organizada más reciente de la misma mentalidad que produjo en California la Proposición 187. Recientemente, grupos de paramilitares autollamados “minutemen”, un nombre que usurparon a los patriotas que peleaban por liberar a este país del colonialismo británico en el siglo XVIII, se desplegaron a lo largo de las fronteras de Arizona y California para impedir supuestamente la entrada de migrantes. La moción de Sensenbrenner le presta un cuerpo legal al ideario de quienes engendraron la 187 y de los minutemen nativistas que se van a sentar en la frontera con un fusil y un parasol.

Pero las medidas policiales, como indica el ACLU y el obispo Barnes, no funcionan para detener las migraciones. Entre 1993 y 2004, el número de agentes de la Patrulla Guardafronteras pasó de 4,000 a 11,000, y el costo de sus operaciones de $740 millones a $3,800 millones. Sin embargo, el número de indocumentados en Estados Unidos ascendió en ese período de 4.5 millones a 9.3 millones.

Lo único que han conseguido la Operación Guardián y la triplicación de la Patrulla Guardafronteras es que más de dos mil personas murieran de insolación y sed en el desierto mientras trataban de alcanzar el llamado sueño americano.

Sus cruces deben servir para que los legisladores del gobierno sepan hasta qué extremo pueden conducir sus decisiones. VN

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