ORDEN DE PROTECCIÓN A SALVADOREÑOS BENEFICIARÁ A INMIGRANTES DETENIDOS

La orden federal Orantes, que brinda protección a salvadoreños que buscan refugio o asilo político en EE.UU., continuará vigente de acuerdo con un fallo de una jueza de Los Ángeles y, según activistas, beneficia a otros inmigrantes.

El pasado 26 de julio, la magistrada Margaret M. Morrow, de la corte de Distrito de EE.UU., tras revisar informes sobre la condiciones de detención en más de 200 instalaciones federales encontró serias irregularidades en cuanto al acceso de los detenidos a documentos legales, uso del teléfono y la visitas de abogados.

“La decisión mantiene en efecto la orden que protege a los salvadoreños detenidos por Inmigración en EE.UU.”, dijo Linton Joaquín, director del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés) y principal propulsor de la orden que entró en vigor de forma preliminar en 1982.

“Nosotros consideramos que es una victoria porque esta orden en la corte sí ofrece una protección a los derechos de los inmigrantes en el país”, agregó.

A principios de la década de los ochenta se inició un éxodo de salvadoreños hacia EE.UU. debido a la guerra civil entre el gobierno y una coalición de guerrillas izquierdistas.

Según Joaquín, a principios de los ochenta 19 salvadoreños demandaron al Gobierno federal, “por no dejarlos conseguir información acerca de sus derechos de inmigrantes”.

“Y por el mal tratamiento que recibieron de parte del Servicio de Inmigración, que usaron varios métodos para conseguir que los salvadoreños firmaran su propia deportación”, agregó el abogado, quien recordó que muchos de los salvadoreños corrían el riesgo de ser asesinados o perseguidos al regresar a su país.

En 1988, la ordenanza Orantes fue aprobada por la Corte de Distrito de EE.UU. en Los Ángeles y establece que los inmigrantes salvadoreños detenidos tiene derecho a una audiencia judicial y a permanecer en un centro de detención hasta su repatriación.

En noviembre de 2005 un grupo de abogados del Departamento de Justicia de EE.UU., por órdenes del Fiscal General Alberto Gonzales, pidió que se derogara la medida para poder incluir a los salvadoreños en los procesos de deportación expedita.

“El gobierno pidió la terminación de la orden argumentando que las condiciones han cambiado y que ahora hay estándares nacionales sobre la detención de personas en Inmigración”, contó Joaquín quien junto con otra abogada del NILC y seis colegas de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés) lucharon por la continuidad de la orden.

“Nosotros demostramos y la corte encontró que hay violaciones de esos estándares”, aseguró Joaquín, quien con su equipo consiguió 20.000 documentos que revelan que en 200 centros de detención de Inmigración no se respetan los derechos de los detenidos como facilitar un teléfono por cada 25 personas y acceso a información sobre sus derechos o a abogados, entre otros.

Por ello, “la decisión de la jueza demuestra la importancia de que haya reglamentos con fuerza de ley para garantizar un trato humano básico para personas en detención por inmigración”, aseveró.

“La orden Orantes es sólo para salvadoreños; pero las condiciones mínimas (de detención) se aplican a todos (los inmigrantes)”, aclaró.

Marvin Andrade, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo a Efe que solamente en el año 2005 los salvadoreños que solicitaron formalmente asilo político fueron 3.630, de los cuales solamente 64 fueron otorgados.

“La razón por la que el gobierno estadounidense no asilaba a los salvadoreños en la década de los ochenta era porque no quería admitir que había guerra civil”, afirmó Andrade.

Y la ordenanza Orantes puso en concordancia los valores de los EE.UU.” que acoge a los perseguidos”, aseguró.

El dirigente de CARECEN destacó las palabras de la jueza Morrow, quien dijo que “a pesar de que la guerra (civil) haya terminado, que fue la base para el asilo político, las condiciones en ese país existen para que la gente no regrese, porque ya no hay una guerra ideológica; pero sí una guerra social”.

De acuerdo con Andrade esta decisión “envía un mensaje claro que las condiciones de los inmigrantes presos tienen que cambiar en los Estados Unidos”. VN