NOTICIAS BREVES PARA LA EDICION DEL MES DE AGOSTO

WASHINGTON (EFE).- El Gobierno del presidente Barack Obama ha dejado en claro, en sendas demandas contra Arizona y Alabama, que es el único encargado de aplicar las leyes de inmigración, pero eso no frena a gobiernos estatales que insisten en crear un infierno para los indocumentados.

Tal como lo hicieron contra la ley SB 1070 en Arizona en 2010, el Departamento de Justicia, y varios grupos cívicos y religiosos, han entablado demandas paralelas para frenar la puesta en marcha de la HB 56 en Alabama el próximo 1 de septiembre.

La ley de Alabama, promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador republicano Robert Bentley, supera con creces la SB 1070 de Arizona, porque además de convertir en criminales a los indocumentados, deja una huella imborrable en toda su vida cotidiana.

De continuar su rumbo, la HB 56 prohibirá a los indocumentados en Alabama el acceso al trabajo, la vivienda, el transporte y la escuela. También castiga a quienes les contraten u ofrezcan cualquier tipo de ayuda.

Si, por mala suerte, son detenidos en la calle por una infracción de tránsito y levantan sospechas de ser indocumentados, la policía podrá exigirles “papeles”.

La HB 56 también exige que el empresariado participe en el programa federal “E-Verify” para confirmar el estatus migratorio de sus empleados, de manera que se cierren las fuentes de sustento para los extranjeros clandestinos.

El Gobierno del presidente Barack Obama ha vuelto a argumentar que es el único con la facultad para hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, y que los estados no pueden crear sus propias leyes.

Los grupos cívicos, entre ellos MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), señalan que la HB 56 es “severa” y viola los derechos constitucionales de los residentes de Alabama, sin importar su estatus legal.

Los grupos religiosos, que representan a centenares de miles de católicos y protestantes en Alabama, agregan que la HB 56 atropella las enseñanzas bíblicas e interfiere “con el mandato divino de imitar al buen samaritano”.

El año pasado, una juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la SB 1070 en respuesta a una demanda del Departamento de Justicia.

El titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, presentó el lunes una demanda para frenar la HB 56, porque considera que ésta contraviene las leyes federales de inmigración.

Holder espera lograr el mismo resultado que obtuvo contra la SB1070. La juez federal Sharon Blackburn deberá pronunciarse sobre la HB 56 el próximo 24 de agosto.

Pese a acciones legales contra medidas similares en Utah, Indiana y Georgia, la SB 1070 sigue germinando, y creando a su paso una grave crisis de derechos civiles en el país.

El promotor de la HB 56, el representante republicano estatal Micky Hammon, cree que “la Administración Obama y sus burócratas han hecho la vista gorda al asunto migratorio” y se niegan a hacer cumplir las leyes vigentes.

“El permitir que centenares de miles de inmigrantes ilegales sigan sin restricciones y bajo el radar pone en peligro nuestra seguridad nacional y es un insulto para los que vienen de forma legal” a EE.UU., ha dicho Hammon.

Lo curioso es que los conservadores que impulsan medidas como la HB 56 suelen ser “pro-empresa” pero, al parecer, es mayor su deseo de asfixiar a la población indocumentada aunque eso suponga reducir las ganancias de los empresarios que financian sus campañas electorales.

La demanda del Departamento de Justicia sólo trata los síntomas del cáncer antiinmigrante en Estados Unidos cuando lo que se requiere es un tratamiento profundo, a largo plazo y definitivo, del problema de la inmigración ilegal.

El Gobierno de Obama se queja de que los estados intentan usurpar sus poderes para aplicar las leyes migratorias, y asiste impotente a la proliferación de medidas como la SB 1070 ante la ausencia de una reforma migratoria integral.

Pero entonces no debe permanecer impasible: la solución yace en una reforma migratoria integral, y debe continuar presionando hasta que el Congreso la apruebe.

HISPANOS DE CALIFORNIA ENTRE LOS MÁS PREOCUPADOS POR POLUCIÓN, SEGÚN ENCUESTA

LOS ÁNGELES.- Cuatro de cada 10 latinos ven como grave el problema de la polución del aire en California, especialmente por las consecuencias en la salud los niños, según una encuesta publicada hoy.

De acuerdo con el estudio presentado por el Instituto de Política Pública de California (PPIC, en inglés), también la mitad de los residentes en Los Ángeles ve como grave la contaminación para las personas de bajos ingresos y la salud de los niños.

Dos de cada tres hispanos -el segundo grupo más alto después de los afroamericanos (76%) – han reducido el uso de sus automóviles debido a los elevados costos de la gasolina, muestra la encuesta. Un poco más de la mitad de los anglos y de los asiáticos manifestaron haberlo hecho también.

En referencia al calentamiento global, el 68% de los latinos -el porcentaje más alto junto con los afroamericanos (65%)- son los más preocupados por los efectos en los incendios forestales, la polución del aire y las sequías, preocupación presentada en el 57% de los anglos y el 53% de los asiáticos.

“Los californianos se mantienen firmes en la creencia de que el calentamiento global sigue avanzando y amenaza el futuro del estado”, afirmó Mark Baldassare, presidente y director ejecutivo de PPIC.

“Ante la debilidad de la inacción federal en este tema (los residentes de California) soportan las políticas del cambio climático del estado. Con el alto desempleo, muchos también ven un potencial de creación de trabajos”, agregó.

El 61% de los latinos y de los afroamericanos aseguran que la calidad regional del aire es peor hoy a lo que era hace 10 años, una afirmación que comparten el 46% de los asiáticos y el 30% de los blancos.

Para la encuesta fueron entrevistados telefónicamente más de 2.500 residentes de California entre el 5 y el 19 julio, en inglés, español, chino (mandarín o cantones), coreano y vietnamita. La encuesta presenta un margen de error de +/-3.

GOBIERNO SALVADOREÑO OFRECE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS A INMIGRANTES

LOS ÁNGELES.- El gobierno de El Salvador promueve en Estados Unidos un programa de préstamos con condiciones favorables para que los inmigrantes puedan comprar viviendas en su país, teniendo en cuenta que ha incrementado el poder adquisitivo de los salvadoreños en el exterior.

“Con el ‘Plan de Vivienda Cercana’ estamos demostrando que creemos en la potencialidad económica de los salvadoreños en el exterior y así ayudarles a crear su patrimonio”, dijo Thomas Chévez, director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (FSV) de El Salvador.

“Los salvadoreños comenzaron a emigrar masivamente a EEUU por la guerra en los ochenta y luego eso se convirtió en una ventaja económica para el país por las remesas familiares, por eso estamos ofreciendo préstamos para casas con intereses más bajos que los bancos”, agregó.

El FSV del gobierno salvadoreño creó en 2006 “El Plan de Vivienda Cercana” para los denominados “Hermanos Lejanos”, como identifican en sectores conservadores a los salvadoreños emigrantes.

“El nuevo gobierno del presidente Mauricio Funes desde 2009 hasta la fecha ha adjudicado 11,4 millones de dólares en préstamos para financiar un total de 413 viviendas para nuestros hermanos que trabajan fuera del país”, destacó.

El funcionario explicó que los préstamos, con una tasa de interés anual del 8 y 9 por ciento que ofrece el FSV a inmigrantes, presenta una mayor ventaja para adquirir casa que con los bancos con tasas de intereses variables de hasta de un 14 por ciento en El Salvador.

“La inversión en viviendas de los salvadoreños en el exterior genera empleo para ingenieros y arquitectos, genera ventas de materiales de construcción y los almacenes venden muebles”, destacó Chévez.

Chévez actualmente se encuentra en Los Ángeles, junto a un equipo de promotores de créditos, para brindar esa información en la “feria agostina de los salvadoreños en Los Ángeles”, a celebrarse desde hoy hasta el 31 de julio en el parque Douglas Macarthur.

Carlos Arias, de 40 años, quien trabaja en el Consejo Regional de Carpinteros del Medio Sur (MSCRC) en Knoxville, Tennessee, es uno de los beneficiarios de los créditos que otorga el FSV.

“Es una gran oportunidad que el Fondo está dando para las personas que vivimos en Estados Unidos para comprar casa”, dijo a Efe Arias.

“La ventaja es que con el préstamo del Fondo he logrado obtener una cuota más baja, de 433 dólares mensuales, a diferencia de un banco con el que tenía que pagar 600 mensuales”, indicó.

Arias explicó que entre los requisitos tuvo que comprobar que tenía empleo estable y que su puntaje de crédito dentro del sistema bancario estadounidense indicaba que podía pagar la mensualidad por los 40,000 dólares de préstamo.

Otro requisito fue incluir un codeudor que haya cotizado de su salario como empleado al FSV en El Salvador, para lo cual le ayudó su padrastro quien fue empleado público.

Salvador Sanabria, director de la organización de ayuda a salvadoreños El Rescate, dijo que “la institución estatal abre por completo las puertas a los inmigrantes salvadoreños en un momento en que el mundo está en recesión económica, cuando el resto de la banca privada lo que ha hecho es cerrar las posibilidades de crédito”.

“Ellos ofrecen préstamos hasta 75 mil dólares para vivienda digna a los inmigrantes con lo que la gente desde acá puede comprar algo más que una cajita de fósforos para sus familias en El Salvador”, argumentó Sanabria.

“Además, les ofrece a esos salvadoreños en el exterior, que trabajan acá algunos desde hace 30 años, a considerar la forma de jubilación que tendrán si se quieren ir allá en una vivienda digna”, finalizó. VN