NO HAY OTRA ALTERNATIVA SINO REDOBLAR LOS ESFUERZOS EN FAVOR DE LA REFORMA MIGRATORIA

Probablemente no destaque entre sus prioridades del momento, pero el Presidente Obama eventualmente tendrá que abordar tarde o temprano el tema de los aproximadamente doce millones de trabajadores sin papeles que, según estimaciones de Pew Hispanic Center, laboran en el país. De cierta forma ya ha comenzado a hacerlo. La decisión de poner a la gobernadora Janet Napolitano al frente del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) ha sido probablemente la primera pieza de una estrategia para cambiar la doctrina sobre la inmigración. Para algunos, Napolitano es un enigma. Por un lado, hace sólo unos años solicitó al gobierno que movilizara a la Guardia Nacional a la frontera con México como fuerza de contención (al mismo tiempo que decía que si se construye un muro de 500 pies de alto, alguien vendrá con una escalera de 501 pies). Por el otro, se ha pronunciado a favor de que se lleve a cabo una reforma integral de migración, además de que su historial legislativo se distingue por su apoyo a medidas que tienden a elevar el nivel de vida de los trabajadores. Napolitano ha sostenido que a falta de una revisión y readecuación de las leyes migratorias del país, varios estados y municipalidades se han apresurado a crear sus propias disposiciones. La vasta mayoría de estas, si no todas, han estado encaminadas a frenar la inmigración y a satisfacer las demandas de grupos xenofóbicos como FAIR. A la vez que estados como Arizona y New Jersey empezaban a aplicar estas leyes, el Gobierno Federal echó a andar una estrategia basada en medidas policiales, como si los inmigrantes fueran un problema delictivo.

En las elecciones presidenciales pasadas, la mayoría de votantes hispanos apostó por un cambio en materia de inmigración, y es hora de que las promesas que les hicieron se cumplan. Ni siquiera es necesario que el Congreso adopte una nueva ley de inmigración para que el Presidente empiece a erradicar el pensamiento policial hacia los inmigrantes. En sus manos –y en las de Napolitano– está el poder de suspender las redadas, las capturas a altas horas de la noche, la separación de grupos familiares, los asaltos a plantas y factorías ejecutados con precisión y despliegue militar que han sido en la práctica la política oficial de migración de Washington en los últimos ocho años.

Sólo el tiempo podrá decir cuál es el rumbo que la nueva administración piensa darle al tema migratorio. El problema es que no hay mucho tiempo. La economía se deteriora cada día más y las cosas podrían ir de mal en peor. Miles de personas son despedidas de sus trabajos casi diariamente y miles de negocios cerrarán sus puertas este año, así que no faltará quien culpe a los inmigrantes por la debacle. Ocurrió algo parecido a principios de los 90, en California, y el resultado fue la Proposición 187. En los próximos meses, sino años, habrá mucha competencia por los empleos, y en esta atmósfera tensa la idea de regularizar a 12 millones de indocumentados no despertará mucha receptividad que se diga. Los grupos y personajes antinmigrantes van a sacarle provecho a estas condiciones para atizar su guerra contra los extranjeros.

Pero no hay alternativa sino redoblar los esfuerzos en favor de la reforma migratoria. Los trabajadores extranjeros, con o sin papeles, son parte de la fuerza de trabajo, y han contribuido, con su trabajo –y sus miserias– a la riqueza del país. No sólo eso, sin su aporte Estados Unidos no podrá superar su actual empantanamiento. VN