LÍDERES DE LOS ÁNGELES CELEBRAN DECISIÓN CONTRA ENVÍO DE CARTAS SEGURO SOCIAL

Líderes y activistas de Los Ángeles manifestaron hoy su satisfacción por la decisión de un juez federal de suspender el envío de cartas a los empleadores para corregir inconsistencias en la información del Seguro Social de sus empleados.

“Los demandantes han demostrado que habría daños irreparables si se permite al Departamento de Seguridad Nacional aplicar la nueva norma”, dictaminó el magistrado Charles Breyer.

“Es una decisión sabia, aunque no es permanente”, explicó hoy a Efe Jorge-Mario Cabrera, gerente de Comunicaciones de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas, (NALACC, en inglés).

Cabrera señaló que aunque el juez tendrá que analizar los argumentos a favor y en contra, “este descanso nos permite seguir educando a la comunidad en general sobre lo dañino que sería crear este ‘zoológico económico’ que no va resolver de ninguna manera la problemática de la inmigración indocumentada”.

En agosto, varias organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos entablaron una demanda contra DHS por la aplicación de la reglamentación “E-verify”, que responsabiliza a las empresas de la información sobre autorización legal para trabajar que presenten sus empleados.

A raíz de esta medida, el Seguro Social recopiló información de inconsistencias entre la información de los empleadores y sus propios datos, preparando notificaciones para cerca de 140.000 empresas, con errores de alrededor ocho millones de trabajadores, muchos de ellos ciudadanos o residentes legales en el país.

“El juez decidió detener la aplicación de estas nuevas regulaciones y las va a suspender hasta que se oiga todo el caso, para decidir si lo que busca el gobierno es legal”, dijo Paulina Gonzales, portavoz del Sindicato United Here de L.A.

“Es una victoria para los trabajadores inmigrantes del país y también para los documentados porque sabemos que el Seguro Social comete muchos errores y ellos también pueden ser impactados por estas regulaciones”, aseguró Gonzales.

Entre los argumentos de la demanda, se alega que esta nueva ley está ayudando a que algunos empleadores abusen de las personas que no tienen documentos legales para trabajar.

Las otras entidades demandantes son el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés) y la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Según informes citados por NILC, en diciembre de 2006 la oficina del Administrador General del Seguro Social elaboró un reporte sobre 435 millones de personas, en el que encontró 17,8 millones de inconsistencias.

“Lo que sigue es ir a la corte para demostrar que estas regulaciones son discriminatorias”, dijo la portavoz de United Here.

“Tenemos que seguir presionando al Congreso y a la Casa Blanca para que se busquen alternativas”, expresó Cabrera al referirse a los próximos pasos.

Otro de los argumentos de la demanda, es que con esta reglamentación el DHS busca modificar las leyes de inmigración por la vía administrativa y no por el camino legislativo.

“Sabemos que ellos quieren implementar 22 puntos para demostrar que están aplicando las leyes de inmigración, pero las leyes de inmigración están quebrantadas en Estados Unidos, son obsoletas, son inhumanas”, aseguró Cabrera. VN