LEGISLADORES COMIENZAN A ANALIZAR CONSECUENCIAS DE NUEVA LEY MIGRATORIA

Un comité del Legislativo de Utah comenzará a analizar las posibles consecuencias de la ley de reforma migratoria estatal SB08-81, ya aprobada pero que recién entrará en vigor en julio de 2009, para determinar si esta medida podría perjudicar la economía de este estado.

El comité, compuesto por siete representantes y cuatro senadores estatales, cuenta además con la participación de tres abogados, un analista político y una experta en temas legislativos.

El senador Scott Jenkins (R-Plain City) y copresidente del comité, explicó que el primer paso en la reunión inicial será analizar los resultados de la implementación de leyes similares en otros estados para asegurarse que las medidas contra la inmigración ilegal no tengan un impacto negativo en la economía estatal.

La ley SB08-81 se basa en una iniciativa similar que ya está vigente en Oklahoma e incorpora además elementos de leyes de Arizona y de Colorado que restringen el acceso de personas sin “estatus legal” a beneficios públicos y penalizan a empleadores que a sabiendas contraten a inmigrantes indocumentados.

Según el Senador Ross Romero, demócrata de Salt Lake, el comité también tendrá en cuenta otros elementos, como estadísticas de robo de identidad cometido por presuntos indocumentados o fraude con respecto a servicios médicos estatales prestados a personas no elegibles para esos servicios.

Una vez que el comité complete su análisis, los legisladores podría decidir que SB08-81 entre en vigor en pleno y tal como fue aprobada, o que se posterguen o modifiquen alguno de sus elementos, o que la ley quede intacta pero se modifique la manera de implementarla.

Por ejemplo, se analizará si efectivamente los estados tienen la autoridad de exigir que los empleados públicos verifiquen los documentos de identidad y la situación inmigratoria de quienes lleguen a solicitar beneficios o a hacer trámites, con el propósito de evitar que fondos públicos lleguen a manos de inmigrantes indocumentados.

El comité también determinará si es posible pedirle a la policía local que cumpla con ciertas funciones migratorias, ya que SB08-81 transforma en delito estatal el transporte y alojamiento de indocumentados (las iglesias y los grupos de ayuda comunitarios están excluidos).

En la reunión de hoy, los legisladores escucharán los testimonios de, entre otros, Mark Shurtleff, fiscal general de Utah; Brett L. Tolman, fiscal federal del Distrito de Utah; y Ann Morse, directora de programa del Proyecto de Políticas Inmigratorias de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Para Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah, los legisladores en realidad no tendrían mucho para debatir ya que “reportes públicos claramente indican que las leyes anti-inmigrantes de Arizona y de Oklahoma han tenido un efecto negativo en esos estados”. VN

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