LATINOS CONTRA AFROAMERICANOS.- El problema actual en la cárceles de Los Angeles

Los zafarranchos estallaron un sábado. Latinos contra negros. Alrededor de dos mil presos se apoderaron de cuanto fierro pudieron (y los había en exceso, debido a que las literas de metal donde duermen los internos no estaban fijadas a las paredes y los pisos, tal como prescriben los reglamentos) y se armó una tremolina con dos mil presos, que dejó un muerto y alrededor de cien heridos graves. A los agentes del Sheriff, que son los carceleros del condado, les tomó más de tres horas –y buena cantidad de gas pimienta y gas lacrimógeno– para sofocar la pelea.

Esto ocurrió el 4 de febrero en el centro de detención de Pitchess, y desde entonces ha habido alrededor de una docena de estallidos similares, unos más intensos y masivos que otros, además de un segundo muerto, afroamericano igual que el primero, en la Prisión Central de Hombres.

Las autoridades lo han intentado todo: segregación de los presos por raza, encierro forzado en las celdas, suspensión de las visitas familiares y del acceso a teléfonos y televisores, e incluso, según dio a conocer el sábado pasado Los Angeles Times, el extremo de despojar a más de un centenar de presos de su ropa y sus colchones “para que no tuvieran lugar donde ocultar un arma”. Pero ni esos correctivos y medidas han bastado para acabar con los enfrentamientos. Este martes se produjo otro en Pitchess, con el resultado que 4 internos fueron hospitalizados.

Las peleas entre presos no son un fenómeno reciente en las prisiones del condado de Los Angeles. Según Advancement Project Los Angeles, organización que busca aplicar principios de derechos civiles para reformar las instituciones públicas y que desde hace años trabaja en ese plan con el Departamento del Sheriff, alrededor de 150 refriegas tuvieron lugar en Pitchess en los 90, predominantemente entre bandos latinos y afroamericanos. Igual que el actual sheriff del condado, su predecesor, Sherman Block, recurrió a la separación de presos por raza por la misma razón, pero sin mayor éxito. Las peleas en prisión figuraron en su récord hasta el último momento. Aunque la Suprema Corte de Justicia no admite la segregración racial en las cárceles, hace una salvedad en casos de emergencia. La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo en febrero que estaba bien separar a los presos por raza, siempre y cuando fuera una medida temporal y con tal que el Departamento del Sheriff abordara las cuestiones de fondo en las prisiones: la falta de personal entrenado y la sobresaturación en los pabellones de presos.

Segregar a los presos, por otro lado, crea problemas adicionales al permitir nuevas combinaciones explosivas. Existen en prisión más de cuarenta distintas categorías que no siempre conviene mezclar: presos de alta, mediana y baja peligrosidad, delincuentes de cuello blanco, pederastas, enfermos de distintas clases, homosexuales, informantes, etc. Wayne Tyznor, el hombre que murió en Pitchess el 4 de febrero, estaba en prisión por infringir los términos de su libertad condicional (tenía que anotarse en el registro de depredadores sexuales y no lo hizo). Por alguna razón, el día que perdió la vida, compartía celda con presos violentos.

El Departamento del Sheriff maneja cuatro prisiones: Pitchess, un complejo ubicado a la par de la autopista 5, entre Santa Clarita y el lago Castaic, dividido en tres instalaciones: Este, Norte y Condado Norte; Miraloma, administrado por el Sheriff bajo contrato con la Policía de Inmigración; la Cárcel Central de Hombres, indicada para reos de máxima peligrosidad, en el centro de Los Angeles, y las Torres Gemelas, al otro lado de la calle del anterior, para internas femeninas y enfermos mentales. La población carcelaria del condado anda por los 20,000 internos y la Ley no tiene suficiente personal para vigilarlos. En ocasiones, según testimonios presentados por el Departamento del Sheriff ante la Junta de Supervisores, la relación guardias-presos ha llegado a ser de setenta a uno, lo que pinta un cuadro desesperante. A pesar de que el año pasado la Junta de Supervisores aprobó una partida de setenta millones de dólares para el reclutamiento de nuevos agentes, el Sheriff pierde más elementos de los que alcanza a incorporar. Se dice que el requisito de servir cierto número de años como guardias en prisión antes de incorporarse al patrullaje en las calles, una condición de la que están exentos otros cuerpos del orden, aleja a muchos agentes del Departamento.

Por otro lado está lo que podría llamarse hiperconcentración del elemento violento en las prisiones. Ya en los tiempos de Sherman Block se empezó a liberar a docenas de presos no violentos antes de que cumplieran su condena. Era la respuesta a los recortes presupuestarios, que empezaron a volverse comunes a principios de los 90. Mandaba en Sacramento Pete Wilson y el gobierno del estado, que se resentía por una contracción económica inducida por el fin de la Guerra Fría (la industria armamentista se fue a pique en esos días) le dio por echar mano de una parte de los ingresos de las ciudades y condados de California, incluido el de Los Angeles, para reparar su endeble base tributaria. Esa política condujo a que el sistema carcelario del condado se deshiciera, por oleadas, de sus presos más pacíficos, decantándose con los, por así decirlo, más difíciles de supervisar. Una buena parte de estos fue a parar a Pichess, donde son albergados en gigantescos dormitorios de 90 camas cada uno.

La explicación oficial más reciente de los choques recientes es que fueron ordenados por la Mafia Mexicana (MM), una pandilla muy poderosa en el mundo carcelario, celosa por reafirmar su poder especialmente ahora que los afroamericanos están en minoría en las cárceles. Usando grabaciones en video de los disturbios más recientes, las autoridades planean identificar a los supuestos instigadores de los zafarranchos y juzgarlos como responsables. Lo más grave es que esos espasmos violentos, hasta el momento confinados a las cárceles, podrían replicarse en los barrios de Los Angeles, iniciando un ciclo interminable.

Aun si esto no ocurre, no cabe duda que las autoridades han perdido el control de las prisiones y los internos, independientemente de su etnia, están más inseguros que nunca. En los próximos días las tensiones podrían reducirse o bien repuntar en un estallido tan violento como el del 4 de febrero. El martes, urgido por las crecientes presiones políticas, el gobierno del condado anunció la ruptura de un contrato con el estado para albergar presos de alta peligrosidad. Un primer paso comporta la transferencia de 1,300 reos a las penitenciarias estatales.

Pero aun si las disposiciones de emergencia funcionan y los ánimos se enfrían, este es precisamente el momento para ir al fondo de las cosas. Las últimas estadísticas policiales indican que el crimen tiende a bajar en Los Angeles, pero si no hay una reforma auténtica del sistema carcelario esta vez, podríamos estar a las puertas de un verano violento. VN