LA CONFERENCIA CATÓLICA DE CALIFORNIA: LA VOZ DE LA COMUNIDAD CATÓLICA EN LA ARENA POLÍTICA DE SACRAMENTO.- Vida Nueva conversó con Al Hernández, Director de Asuntos Hispanos de este órgano de la Iglesia Católica que radica en Sacramento

La Conferencia Católica de California es la voz oficial de la comunidad católica del estado en la arena pública. Este organismo ha jugado un papel de vital importancia en Sacramento, apoyando e involucrándose en innumerables proyectos de leyes que benefician a toda la comunidad religiosa de California. Una de las prioridades que tiene esta organización es defender los derechos de los ancianos que residen en el estado, principalmente a los más vulnerables y pobres: los latinos.

Para conocer más acerca del trabajo que realiza la Conferencia Católica de California, Vida Nueva conversó con Al Hernández, Director de Asuntos Hispanos de este órgano de la Iglesia Católica que radica en Sacramento.

Según Hernández, la Conferencia Católica de California es la voz oficial de la comunidad católica en la arena política del estado. Según las encuestas, en California residen alrededor de 10 millones de católicos, los cuales representan el 29% de toda la población del estado. La misión principal de la Conferencia es cooperar con las instituciones legislativas, administrativas y judiciales que tiene el estado, así como facilitar los esfuerzos pastorales de la comunidad católica en California. Los principios básicos de la Iglesia pueden ser utilizados para construir una mejor sociedad para todos.

En el curso de dos años, la legislatura de California introduce alrededor de 5 mil a 6 mil leyes o proyectos de leyes. De esta cantidad, aproximadamente 1,000 son estudiados y apoyados por la Conferencia Católica de California, en dependencia de la repercusión que tengan para la comunidad católica del estado. La Iglesia considera entre sus prioridades aquellos que se refieren a la defensa de la vida, la libertad de religión, derechos humanos y civiles, defensa a la educación y a la familia.

“Como parte de la Conferencia Católica, nosotros cabildeamos para que se aprueben leyes favorables para la comunidad católica de California”, expresa Hernández. “En estos momentos estamos enfrascados en varios proyectos de leyes que van a tener gran repercusión en la calidad de vida de nuestros ancianos, principalmente los latinos que no tienen los recursos económicos para disfrutar de una vejez digna”.

EL DERECHO DE LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA A CASAS DE ANCIANOS Y ASILOS

“No todos los residentes de California tienen los mismos derechos a los asilos de ancianos. Muchos ancianos que no participan en los programas de Medicare o Medi-Cal no están protegidos por las leyes de California. Como resultado, de los miles de personas que residen en los asilos, la mayoría de ellos tienen que pagar los gastos de sus ahorros y son tratados como ciudadanos de segunda clase. No tienen el derecho de escoger a su propio médico y en ocasiones son desalojados de estos centros cuando no tienen dinero suficiente para pagar. Hay muchos inmigrantes latinos que nunca arreglaron sus papeles cuando eran jóvenes y después de viejos tienen que pagar los gastos médicos de su bolsillo”, explica Hernández.

Según nos comentó el Director de Asuntos Hispanos, en Sacramento se está discutiendo el proyecto de ley SB 1248, el cual garantizaría iguales derechos a todos los residentes de California que estén viviendo en asilos de ancianos. Esto incluiría el derecho a seleccionar el médico de cabecera, la posibilidad a apelar un traslado hacia otro centro y de recibir todos los servicios de la instalación, entre otros.

EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL SUICIDIO ASISTIDO

“Uno de los temas más importantes en el que está involucrado la Conferencia Católica es el referido al suicidio asistido”, agregó Hernández. “Estamos trabajando en contra de la legalización de esta propuesta de ley. Básicamente es una idea que está en contra de la cultura latina y de la doctrina de la Iglesia Católica. Según una reciente encuesta realizada por nuestro organismo, alrededor del 65% de los latinos residentes en California están en contra del suicidio asistido.

“Desgraciadamente los viejos son los más vulnerables, sobre todo aquéllos que no tienen los recursos económicos para hacerle frente a los gastos cuando se enferman. Esta ley pretende proteger sus derechos. Nosotros creemos que cada vida humana es sagrada, desde el momento de la concepción hasta la muerte. La Iglesia Católica muestra un especial cuidado por los pobres y los ancianos, por eso trabaja para garantizar que sus necesidades sean consideradas como prioridades dentro de las políticas públicas”.

La Conferencia Católica de California es uno de los miembros de la Coalición En Contra del Suicidio Asistido, alianza que incluye organizaciones como la Asociación Médica de California, grupos que trabajan por los derechos de los incapacitados, organizaciones latinas de derechos civiles, así como otros organismos religiosos y grupos pro-vida.

OTROS PROYECTOS DE LEYES QUE FAVORECERÁN A LOS MÁS NECESITADOS

Otro de los proyectos de leyes que la Conferencia Católica se encuentra apoyando es el FB 1196, también de gran impacto para las personas de bajos recursos. Según nos explicó el activista hispano de la Conferencia, muchas de las personas de edad que se encuentran en casas de ancianos, una vez que no tienen más recursos para pagar aplican al programa Medi-Cal. Existe una ley federal que por mucho tiempo no se usaba en el estado de California. Esta ley tiene una provisión que regula que el estado recupere el dinero que ha invertido en el cuidado de la persona una vez que fallece. Esta ley antes no se usaba, pero con la crisis económica que atraviesa California, el estado se ha vuelto más agresivo. Esta ley va en contra de la herencia que el anciano deja a su familia.

“La ley que estamos apoyando busca que el proceso se realice de una manera más equitativa y que se avise a la familia dentro de un tiempo definido”, apunta Hernández. “Si el estado no toma acción dentro de los límites de tiempo establecidos, pierde el derecho a recuperar el dinero. Actualmente no hay un tiempo definido. Pretendemos que se tome una acción legal luego de un período de cuatro meses después de recibir notificación de la muerte de la persona. Esta propuesta protege la herencia que deja el fallecido a su familia y la estabilidad económica de la familia.

“Igualmente me gustaría referirme brevemente a otros proyectos de leyes que estamos apoyando, por ejemplo una ley que requiere que las compañías privadas de salud ofrezcan servicios de traducción escrito y verbal a las personas que no hablan inglés. También estamos colaborando con un proyecto de ley para que se haga permanente un programa de asistencia a los servicios de ciudadanía para la comunidad latina. A través de las Caridades Católicas estamos ofreciendo este servicio desde el año 1997, pero nunca hemos tenido un fondo establecido. Queremos crear un programa permanente para recibir una cantidad adecuada de dinero que nos ayude a restablecer clases cívicas, prácticas para las entrevistas y otras clases que ayuden a los latinos a obtener la ciudadanía”, apuntó Al Hernández.

Dentro del pensamiento pro-vida, La Conferencia de Obispos Católicos de California igualmente apoya el poner fin a la pena de muerte, y ha afirmado en la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Una Cultura de Vida y la Pena de Muerte: “Como obispos católicos, enseñamos y proclamamos la visión del Evangelio de una ‘cultura de vida’. Creemos que estamos hechos a imagen de Dios, lo cual nos exige que enseñemos una ética consistente de vida y nos obliga a proclamar que la pena de muerte no protege la vida humana ni promueve la dignidad humana. Reconocemos que los seres humanos pueden, y de hecho, cometen crímenes deplorables, pero rechazamos el uso de la pena de muerte -especialmente cuando podemos proteger a la sociedad con la pena alternativa de prisión de por vida-. Además, nos preocupa de manera particular el hecho de que la aplicación de la pena de muerte tiene defectos severos al imponérsele más frecuentemente a sujetos pobres o de las minorías raciales”. VN