INFORME DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD Y FALTA DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA 287(G)

Washington.- Un nuevo informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) denuncia hoy los fallos de los programas 287(g), que consideran el “antecedente” de la ley de Arizona por “el abuso de autoridad” de policías estatales en la detención de inmigrantes.

Estos programas, que se firman entre el Gobierno federal y agencias estatales, permite a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a las autoridades migratorias si son indocumentados.

Los acuerdos, basados en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad aprobada en 1996, son desde hace años el motivo de denuncia de grupos pro inmigrantes, al considerar que una disposición para detener a delincuentes peligrosos ha derivado en una herramienta para perseguir a inmigrantes indocumentados.

A lo largo de sus casi 30 páginas, el informe denuncia el abuso de autoridad, la falta de supervisión federal, los débiles mecanismos de transparencia pública, los supervisores y agentes sin entrenamiento ni experiencia, y la amenaza a la seguridad pública que estos programas suponen.

“Los informes de investigaciones del Gobierno han revelado problemas importantes y vacíos en la supervisión y gestión de los programas 287 (g) por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”, destaca.

Según el informe, estas prácticas han aumentado desde los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, cuando muchas agencias y políticos renovaron su atención sobre esta medida legislativa.

Los autores consideran que éste es un “antecedente” de la ley de Arizona, aprobada este año y que fue paralizada por orden de una juez federal en respuesta a la demanda el Gobierno.

Esa legislación, que ha revivido el debate sobre la inmigración en el país, dicta que es un delito menor ser indocumentado en este estado.

Según el informe, casi la mitad de los arrestos bajo este programa no eran extranjeros que supusieran el mayor riesgo para los ciudadanos.

Los datos oficiales dicen que se ha conseguido detener a 173.000 extranjeros que podrían ser deportados desde enero de 2006, según la investigación.

Pero los autores argumentan que los incidentes por los que son detenidos no son violentos, sino “delitos menores como conducir con una luz trasera rota, pescar sin un permiso o “conspiración de entrar clandestinamente al país”

Entre los ejemplos, destacan un estudio de la Unión Civil de Libertades Estadounidenses (ACLU) que reveló que un 83 por ciento de los detenidos bajo este programa en el condado de Gaston (Carolina del Norte) en mayo de 2008 tenían cargos relacionados con el tránsito.

El informe hace hincapié en que estas acciones suelen justificarse como una respuesta al aumento de la delincuencia local, pero que según el informe son una respuesta al aumento de la inmigración.

“La mera presencia y crecimiento de la población inmigrante local subrayan la expansión del programa 287 (g)”, denuncia el informe.

Según la investigación, en agosto de 2008, un 61 por ciento de las jurisdicciones en las que hay este tipo de programas tenían índices de delincuencia por debajo de la media, mientras que un 87 por ciento de ellos tenían índices de crecimiento de inmigración más altos a la media nacional.

Otra de las críticas es los problemas para la seguridad pública que suponen porque “además de la reducción de recursos dedicados a arrestar verdaderos delincuentes peligrosos, se ha demostrado que el programa 287 (g) ha puesto en peligro la habilidad de la policía a cooperar con residentes en la investigación de delitos graves”, afirma.

El informe ofrece también un análisis de cómo estas prácticas denunciadas se evidencian en el condado de Davidson (Tennessee), al aplicarse el programa “desproporcionadamente” en áreas donde hay una comunidad inmigrante en crecimiento. VN