GRUPOS PRO INMIGRANTES CONDENAN APROBACIÓN LEY QUE CRIMINALIZA INDOCUMENTADOS
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos condenaron hoy la aprobación de la ley estatal 1070 en Arizona, la primera en convertir en delito la presencia de indocumentados en el país.
Para Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, con su firma la gobernadora Jan Brewer “no sólo ha autorizado la violación de los derechos de millones de personas viviendo y trabajando aquí, sino también le ha dado a cada agencia policíaca en Arizona la orden de acosar cualquier persona que parezca o suene como extranjero”.
Añadió que para evitar ser arrestados todos los ciudadanos, sin importar su estatus, e incluso extranjeros de visita en Arizona, tendrán que traer siempre consigo sus “papeles”.
La ley 1070 convierte en delito menor la presencia de indocumentados en el estado y otorga a los cuerpos policiales la facultad de cuestionar el estatus de una persona si existe “sospecha razonable” de encontrarse ilegalmente en el país.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos de policía, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
“Obligar a la policía a exigir papeles de inmigración a las personas y arrestar aquellos que no pueden comprobar de inmediato su estatus no hará nada para hacer este estado más seguro”, sostuvo Dan Pochoda, director legal de ACLU en Arizona, en el mismo comunicado.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor agrupación de hispanos del país, dijo que este es “un día triste” para el pueblo de Arizona y para todo el país.
“Estamos extremadamente decepcionados porque la gobernadora Brewer haya preferido la politiquería por encima de la Política razonable”, agregó.
La promulgación también fue condenada por Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano-Americano para la Educación y la Defensa Jurídica (MALDEF), quien advirtió de que conducirá a Arizona a una “espiral de miedo, desconfianza comunitaria, aumento del crimen y de los litigios costosos”.
“Este cobarde acto de la gobernadora es una ilustración de liderazgo irresponsable”, añadió.
Carlos García, representante de la organización PUENTE con sede en Phoenix, dijo no estar sorprendido con la decisión, “aun así no podemos contener nuestro enojo”.
PUENTE junto con las organizaciones Somos América y la Red de Acción Fronteriza realizaron en los últimos días una intensa campaña en contra de la medida con movilizaciones frente a la oficina de la mandataria republicana y con la entrega de más de 80.000 peticiones para que la misma fuera vetada.
También inundaron la oficina de Brewer con correos electrónicos, llamadas telefónicas y faxes con la misma solicitud.
Desde que la SB1070 fue aprobada por el Senado estatal el pasado lunes, todos los días se llevaron a cabo demostraciones en varias ciudades del estado en su contra.
Políticos, religiosos, líderes comunitarios, familias enteras y estudiantes salieron a las calles para pedir el veto de la gobernadora, que busca la reelección en los comicios de noviembre.
Al conocerse la noticia de la aprobación de la nueva ley estatal la desilusión fue visible en cientos de personas que se encontraban congregadas en el Capitolio estatal en Phoenix.
Hasta el momento el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) ha reportado el arresto un joven por agredir a un oficial. Asimismo otra persona fue escoltada fuera de los terrenos del Capitolio estatal por incitar a la alteración del orden.
“Es un día muy triste para Arizona, un día muy triste para todos los latinos en los Estados Unidos”, dijo a Efe Francisco Barraza, activista en la ciudad de Tucson.
Por su parte, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL por su sigla en inglés) rechazó la media asegurando que desperdicia los recursos del estado y representa una violación a los valores estadounidenses y a la Constitución de EEUU.
El congresista demócrata Raúl Grijalva, cuyas oficinas en Tucson y Yuma fueron cerradas hoy después de recibir llamadas amenazantes, pidió a aquellos que estén considerando hacer convenciones en Arizona que no lo hagan en repudio a la nueva ley. VN
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