ESTUDIAN MEDIDAS PARA COMPENSAR RECORTES A PROGRAMAS CONTRA ABUSO DE ALCOHOL

Una audiencia legislativa especial de un comité de la Asamblea estatal estudió hoy en Los Ángeles medidas alternativas para compensar los recortes propuestos para los programas de recuperación del abuso del alcohol y las drogas.

Los miembros del Comité de la Asamblea en Temas de Abuso de Alcohol y Drogas analiza la opción de proponer un impuesto al alcohol para ayudar a subsidiar los múltiples gastos relacionados con el consumo, un tributo que no ha aumentado en California desde 1992.

“La eliminación de estos programas conllevará a la pérdida innecesaria de la vida de muchas personas y familias, y a aumentar al costo de nuestro cuidado de salud, cuidado infantil temporal y de prisiones”, aseguró el asambleísta Jim Beall Jr. (D-D24), presidente del comité. “Tenemos que encontrar una forma de continuar estos programas y seguir ayudando a la gente”, añadió.

La Proposición 36 o Acta de Prevención de Abuso de Substancias y Delitos (SACPA, en inglés) fue aprobada por el 61 por ciento de los votantes en noviembre de 2000 en California.

La propuesta cambió la ley y permite que los ofensores no violentos que -por primera o segunda vez- fueran hallados en posesión de drogas, reciban tratamiento contra el abuso de sustancias en lugar de cárcel.

La medida se comenzó aplicar a partir del 1 julio de 2001 con la asignación de 120 millones de dólares anuales durante cinco años. Más de 30.000 californianos reciben tratamiento cada año bajo la Proposición 36, según un informe de la Universidad de California Los Ángeles, UCLA.

De acuerdo con el mismo reporte presentado en octubre de 2008, los tratamientos establecidos por la proposición 36 no reciben los fondos suficientes, lo cual ha afectado la calidad de los programas de tratamiento y rehabilitación.

Según UCLA, los contribuyentes han ahorrado cerca de 2 dólares por cada dólar invertido en la aplicación de la Proposición 36.

La audiencia de hoy contó además con la participación de los asambleístas Charles Calderón (D-D58) y Kevin de León (D-D45), en cuyo distrito se realizó la presentación.

Según explicó Michelle Simon, directora de investigación y políticas del Instituto Marín -una agencia no lucrativa que vigila la industria de bebidas alcohólicas- los ciudadanos de California gastaron 7.300 millones de dólares en 2005 en costos relacionados con la bebida en menores de edad, incluidos gastos médicos, pérdida de empleo y costos emocionales.

El alcohol es la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos y una persona muere cada hora en Los Ángeles como consecuencia del consumo de alcohol, se destacó. Asimismo, cada residente de California debe pagar 1.000 dólares al año para reponer los gastos que el consumo de bebidas alcohólicas causa al estado.

“El aumentar la tarifa al alcohol podría ser una solución para brindar más fondos a estos programas y servicios de tratamiento o mantenerlos en su nivel”, anotó John Viernes, director la Administración de Programas de Alcohol y Drogas del Condado de Los Ángeles.

“Es sumamente importante, especialmente para los programas de drogas de la corte, porque siempre estamos cortos de fondos. Sabemos que estos programas producen buenos resultados en los pacientes y también reducen el cargo a nuestros contribuyentes, en cuestión de cárceles y prisiones”, afirmó Viernes.

Según cifras del Instituto Marín, un incremento general de 25 centavos a todos los productos alcohólicos en California generaría 3.440 millones de dólares en ingresos para el presupuesto, 1.750 millones por cerveza, 723 millones por vino y 966 millones por otros licores.

Dos tercios de las víctimas que sufren violencia por un cónyuge o novio/a actual o pasado, reportaron que el alcohol había sido uno de los factores de los ataques, se destacó hoy en la audiencia.

Edgar Peña, secretario del Departamento de Servicios Familiares e Infantiles de L.A., se refirió a su experiencia personal y al beneficio recibido por los programas de tratamiento.

Peña, quien fue puesto en cuidado temporal cuando era niño debido al descuido de sus padres, ambos alcohólicos y drogadictos, vio reducida la violencia familiar contra él, sus tres hermanos y sus dos hermanas, cuando sus padres recibieron tratamiento.

“Si los programas de tratamiento no existieran -explicó Peña- la situación hubiera podido ser sido mucho peor y quizás yo o uno de mis hermanos, no estaríamos aquí ahora. Era estando bajo la influencia (de alcohol o drogas) cuando mis padres abusaban físicamente de nosotros”. VN