ESTADOS Y CIUDADES HACEN LA VIDA MÁS DIFÍCIL PARA INMIGRANTES SIN “PAPELES”

Para los inmigrantes indocumentados que viven en muchas regiones del país, este año la vida se ha vuelto más difícil, ya que numerosos estados y municipios han tomado medidas drásticas para descubrirlos y sancionarlos.

Aunque el control de la inmigración es una tarea del Gobierno federal, el celo anti-inmigrante que ha ganado fuerza en EEUU en los últimos años ha hecho que gobernadores y alcaldes hayan tomado cartas en el asunto.

La ciudad de Hazelton, en Pensilvania, por ejemplo, se convirtió en julio en la primera localidad en establecer una multa de 1.000 dólares por día a los caseros que alquilen apartamentos a inmigrantes indocumentados.

También ha decretado la revocación de los permisos para operar a las empresas que contraten a trabajadores sin permiso laboral.

En total, 115 normas de ese tipo han sido aprobadas este año en pequeñas ciudades de todo el país, según explicó a Efe Muzaffar Chishti, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York.

Típicamente declaran el inglés como lengua oficial, excluyen de licitaciones municipales a las compañías que emplean a trabajadores clandestinos y prohíben a los indocumentados congregarse en puntos de la ciudad a la espera de patrones que les contraten para trabajos temporales.

Las organizaciones que promueven la restricción de la inmigración creen que estas medidas son una reacción lógica de los municipios, pues los indocumentados aumentan sus facturas de salud, educación y policía.

“La presencia en sus comunidades de extranjeros ilegales se debe a la existencia de trabajos y vivienda”, dijo a Efe John Keeley, del Centro de Estudios de Inmigración, entidad que aboga por medidas más restrictivas a la inmigración ilegal.

Al negarles ambos, los municipios “están haciendo lo que el Gobierno federal debería estar haciendo”, añadió.

En cambio, las asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes destacan la aportación que los extranjeros hacen a la economía del país y han demandado a los municipios por unas medidas que consideran ilegales.

El 14 de diciembre lograron una victoria, al forzar a la ciudad de Escondido, en California, a retirar la prohibición de alquilar viviendas a los indocumentados. Mientras, en Hazelton, un juez ha suspendido temporalmente las nuevas normas.

“Es probable que todas esas medidas sean declaradas inconstitucionales” porque no respetan los procesos legales normales, predijo Chishti.

Una base legal más sólida tienen los acuerdos firmados por cuatro estados con el Gobierno federal para que algunos de sus agentes de policía vigilen el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Florida, Alabama, Arizona y, desde este mes, Massachusetts cuentan con escuadrones de policía que pueden indagar sobre la situación legal de las personas y detenerlas si creen que son indocumentadas.

También los tienen algunos condados de California y Carolina del Norte.

Para los partidarios de los inmigrantes eso es un gran error. “Hay un gran potencial para el abuso y la discriminación”, dijo a Efe Jimmie Reyna, abogado del bufete Williams Mullen y presidente del Colegio Nacional de Abogados Hispanos.

Reyna teme que la policía pare a vehículos sólo porque el conductor parece ser latino.

Además, los trabajadores indocumentados no denunciarán delitos o se prestarán a ser testigos en lugares donde la policía puede arrestarlos por su situación legal, según los defensores de los inmigrantes.

A juicio de Chishti, “la gente puede estar frustrada con la inmigración, pero el remedio no es aplicar leyes de una legalidad dudosa, sino aprobar una reforma amplia” que contemple la regularización de las personas que viven en las sombras.

Mientras esa reforma se debate en el Congreso, continuará la tendencia de los estados y los municipios a meter la mano en la inmigración, según coinciden tanto quienes la apoyan como quienes la rechazan.

Está alimentada, de acuerdo con los expertos, por políticos que ven el tema como una oportunidad para granjearse el apoyo popular. VN