EEUU Y EL SALVADOR EN CONTENCIOSO SOBRE DEPORTACIÓN DE SALVADOREÑOS

EEUU y El Salvador se enfrentan actualmente en un contencioso por una orden judicial estadounidense que impide la deportación expedita de miles de indocumentados salvadoreños, y cuya caducidad ha pedido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El secretario del DHS, Michael Chertoff, ha pedido al Congreso que adopte medidas para dejar sin efecto la orden judicial que, afirma, le ata de manos para la pronta expulsión de los salvadoreños que han transgredido las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Por su lado, el Gobierno de San Salvador está a la espera de una resolución del tribunal respectivo sobre una extensión de este mandado, para proceder a presentar un nuevo recurso, según fuentes de su embajada en Washington.

La disposición que dilata la expulsión de los indocumentados fue emitida en EEUU durante la guerra civil en El Salvador que finalizó con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992.

“La guerra civil se acabó, y ya no hay motivos para mantener ese beneficio”, declaró Chertoff el miércoles en una rueda de prensa celebrada tras instar al Congreso a tomar acción contra una eventual prórroga.

“Estamos (batallando) en la corte ante la que presentamos una petición hace cuatro meses”, destacó el funcionario, al dejar claro que su gestión simultánea ante el Congreso está destinada a motivar a los representantes sobre lo perjudicial de la medida conocida como “orden Orantes”.

“Sería grandioso que la corte disolviera ese mandato. Usaré todos los mecanismos disponibles para lograr su caducidad”, aseguró Chertoff.

Fuentes del gobierno salvadoreño manifestaron en San Salvador, que llevan a cabo una serie de actividades para la continuación de la “orden Orantes”, pero siempre teniendo en cuenta que esa disposición es un asunto interno de EEUU.

El DHS estima que la eliminación del mandato judicial beneficiaría la seguridad nacional de EEUU.

Las autoridades salvadoreñas sostienen que sus ciudadanos en EEUU no representan ningún peligro a la seguridad de este país, y citan como un ejemplo su colaboración militar en Irak.

El Salvador es el único país latinoamericano que mantiene 380 soldados cooperando en la ocupación de Irak desde agosto de 2003, los que rota cada seis meses.

El canciller salvadoreño, Francisco Laínez, manifestó en la capital de su país que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno de Washington sobre sus deseos de dar por concluida la orden que impide la deportación expedita de los ciudadanos de El Salvador.

Según la decisión de un juez emitida hace 20 años, los inmigrantes indocumentados de El Salvador deben ser puestos en un proceso de deportación cuya resolución puede durar meses o años en lugar de expulsarlos de forma rápida como pretende el DHS.

Mientras tanto, otros 225.000 salvadoreños están amparados bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS), ampliado por la Casa Blanca por otro año más del 9 de septiembre próximo a la misma fecha y mes de 2007.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reiteró hoy que quienes no se reinscriban en el plazo de 60 días para cumplir este requisito, que finalizará el 3 de septiembre próximo, quedarán expuestos a la deportación.

El portavoz de USCIS, Dan Kane, dijo a Efe que hasta hoy solo han solicitado su nuevo registro obligatorio un total 113.136, de los que 3.750 lo han hecho a través de internet.

La administración estadounidense otorgó el TPS a los salvadoreños como consecuencia de los terremotos de enero y febrero de 2001 que causaron muerte y destrucción en ese país.

Este beneficio es facilitado por EEUU a los ciudadanos de naciones afectadas por desastres naturales o por conflictos bélicos. VN