DICTAMEN DE JUEZ DEMUESTRA DERECHO DE INDOCUMENTADOS AL DEBIDO PROCESO

El dictamen reciente de un juez federal en Connecticut sobre la ilegalidad de unas redadas de junio de 2007 es una victoria para la comunidad inmigrante, que desde siempre ha sonado la voz de alarma sobre los atropellos a los derechos de los inmigrantes.

El juez de inmigración Michael W. Straus determinó la semana pasada que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), violaron los derechos constitucionales de cuatro inmigrantes que fueron arrestados en una redada en New Haven (Connecticut) en junio de 2007.

Según Straus, los agentes violaron la cuarta y quinta enmienda de la Constitución porque entraron a los apartamentos de los cuatro extranjeros “sin una orden judicial, sin causa probable y sin consentimiento”.

Para el juez, la conducta de los agentes, que entraron por la fuerza a los apartamentos, no fue aceptable “ni siquiera marginalmente”.

Una de las torpezas de los agentes de ICE fue que se presentaron en las viviendas de los cuatro hombres pero con una orden judicial equivocada, es decir con los nombres de gente que no vivía allí.

El error de los agentes de ICE le costó caro al Gobierno, ya que el juez ordenó suprimir las pruebas recabadas durante las redadas porque, además, los agentes violaron el derecho de los inmigrantes al debido proceso judicial.

Ni hablar del pánico que sembraron entre los residentes de uno de los domicilios. El padre de una menor de edad relató ante el tribunal el “terror” que sintió su hija de diez años cuando una agente de ICE la tomó bruscamente del brazo.

Straus se quejó de que los agentes de ICE violaron un aspecto fundamental de la cuarta enmienda de la Constitución, que literalmente ofrece a los estadounidenses protección de allanamientos injustificados.

Para el juez, la cuarta enmienda sin duda permite el derecho a la vida privada, algo que, a su juicio, fue claramente violado en las redadas.

En uno de los casos, los agentes siguieron insistiendo en preguntar sobre el estatus migratorio de uno de los inmigrantes, aún cuando éste, mediante la traducción de su hijo, les indicaba que no deseaba responder.

Otro error de ICE fue que no permitió que los agentes involucrados en el operativo diesen testimonio frente al juez Straus en un tribunal de Hartford, donde debían someterse al interrogatorio de la defensa.

Para el juez, el Departamento de Seguridad Nacional “simplemente no ha logrado sustanciar” sus acusaciones contra los extranjeros.

El fallo de Straus dejó sin efecto una orden de deportación contra los cuatro inmigrantes, que figuraron entre los 32 arrestados por ICE en horas de la madrugada el 6 de junio de 2007.

Treinta de los arrestados quedaron en libertad bajo fianza o con orden de supervisión judicial, y 17 de ellos impugnaron sus arrestos ante Straus.

Si el Gobierno, en concreto el Departamento de Seguridad Nacional, decide no apelar el dictamen -algo que no se sabrá sino hasta dentro de un mes-, entonces sería “como si los arrestos nunca ocurrieron”, dijo recientemente Anant Saraswat, quien representó a uno de los detenidos.

El fallo de Straus del pasado 2 de junio fue seguido al día siguiente por otra victoria para la comunidad inmigrante, esta vez del propio Departamento de Justicia.

El fiscal general, Eric Holder, ordenó la asignación de abogados competentes para defender a inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.

La orden deroga una resolución de enero pasado del gobierno del presidente George W. Bush que limitaba el derecho de extranjeros a exigir una defensa legal competente en proceso de inmigración.

Los grupos defensores de los indocumentados habían criticado esa decisión por considerar que constituía una virtual discriminación jurídica dirigida contra los inmigrantes.

En ambos casos, las autoridades judiciales han dejado en claro que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Constitución, entre estos el derecho al debido proceso, aplica a toda persona, incluidos los indocumentados. VN