DEMANDA CONTRA EL ALGUACIL DE OTERO POR ACCIONES CONTRA INMIGRANTES

Organizaciones pro inmigrantes presentarán el miércoles una demanda civil en un tribunal federal de Nuevo México contra el alguacil del condado de Otero al que acusan de haber detenido en sus viviendas particulares a inmigrantes.

La demanda establece como demandante a la Red Fronteriza por los Derechos del Inmigrante, en representación de 12 personas que se encuentran en Ciudad Juárez (México), a donde fueron deportadas después de que el personal del alguacil las entregara a las autoridades migratorias.

La Red Fronteriza, establecida en El Paso (Texas) cuenta con promotores comunitarios en el condado hispano de Chaparral (Nuevo México), en el que gran número de habitantes son inmigrantes, algunos indocumentados.

“Con el pretexto de “vigilancia especial en la frontera” los oficiales de la oficina del Alguacil de Otero han irrumpido ilegalmente en viviendas, arrestado a miembros de la comunidad, separado a sus familias y han creado un sentimiento de inseguridad y miedo entre los residentes de Chaparral”, dijo a Efe el coordinador de la Red Fronteriza, Fernando García.

García explicó que la demanda denuncia la violación a los derechos civiles de los inmigrantes, así como de sus familias.

Las detenciones de estas personas que hoy están en territorio Mexicano buscando la forma de regresar con los suyos se llevaron a cabo a través de una redada orquestada por el alguacil en viviendas del poblado de 20.000 personas.

García asegura que el personal del alguacil irrumpió en viviendas deteniendo gente y preguntando por el estatus legal de los vecinos, enarbolando estas acciones como parte del operativo “Stoneguard”, iniciado para utilizar fondos otorgados por el gobierno federal para el reforzamiento de la seguridad fronteriza,

García mencionó también que tanto la Red, como el Proyecto de Derechos Civiles Paso del Norte, que representa legalmente a los demandantes, ha documentado docenas de testimonios que han revisado cuidadosamente, y han llegado a la conclusión de que es necesaria una acción legal a favor de las familias afectadas, para proteger a la comunidad de futuras violaciones a sus derechos civiles.

El personal del alguacil explicó que estas detenciones fueron originadas por violaciones de tráfico, o por multas sin pagar, que derivaron en el descubrimiento del estatus indocumentado de las personas a las que aceptan haber entregado a la Patrulla Fronteriza.

Agregaron que su personal no realiza detenciones basadas en grupo étnico, ni ejerciendo acciones migratorias que corresponden a las autoridades federales. VN