DECISIÓN SENADO ABRE LA PUERTA PARA QUE CONTINÚE ABUSO EN CONTRA INMIGRANTES

El estancamiento en el Senado del proyecto de reforma migratoria abre la puerta para que los estados y municipios continúen impulsado medidas que buscan penalizar a los indocumentados, según activistas.

“El fracaso del Congreso de resolver efectivamente la urgente necesidad de una reforma migratoria solamente fomenta que grupos de vigilantes continúen acosando a los trabajadores inmigrantes, que continúen las redadas en los sitios de trabajo que aterrorizan a las comunidades y separan a las familias”, aseguró Jennifer Allen, directora de Acción Fronteriza en Arizona.

“Si no se llega a un acuerdo, nuestras comunidades tendrán que continuar soportando el dolor, la violencia y la explotación debido a su estatus. Mientras que el Senado no pudo sostener un debate de dos semanas, nuestras comunidades han mantenido años de organización y lucha para que se reconozcan sus derechos y dignidad”, agregó la activista en un comunicado.

Como parte de una campaña iniciada el pasado abril, Acción Fronteriza ha entregado más de 10.000 cartas a las oficinas de los senadores republicanos de Arizona John McCain y Jon Kyl a favor de una reforma migratoria.

Para la activista, aunque éste fue “un duro revés”, los activistas continuarán luchando para que los miembros del Congreso sean responsables ante sus votantes para que implementen una política justa y humanitaria.

La noticia del fracaso del Senado de aprobar una iniciativa bipartidista que hubiera otorgado un camino para la regularización del estatus migratorio de los más de 12 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos cayó como un balde de agua fría para los inmigrantes que viven en Arizona.

Un estado donde en los últimos años los inmigrantes indocumentados se han convertido en el blanco de una serie de iniciativas que buscan hacer más difícil la vida para aquellos que han cruzado la frontera de manera ilegal.

En Arizona existen leyes que les niegan a los indocumentados la posibilidad de obtener una licencia de conducir, de solicitar beneficios públicos e, inclusive, la posibilidad de salir bajo fianza en caso de que enfrenten cargos por un delito mayor.

El pasado mes de noviembre, los votantes aprobaron la ley 300 que obliga a los estudiantes indocumentados a pagar matrículas como estudiantes extranjeros en universidades y colegios comunitarios sin importar el tiempo que vivan en Arizona.

Actualmente, en el escritorio de la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, se encuentra una iniciativa de ley que establecería duras penalidades a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados.

“Sabíamos que iba a ser una lucha difícil, pero creo que en el fondo todos teníamos una esperanza de que se iba a lograr algo”, dijo Maria del Consuelo Sánchez, inmigrante mexicana, quien participó en cada una de las marchas que se hizo a favor de una reforma migratoria.

“No sé por qué no nos quieren dar una oportunidad, solo venimos a trabajar muy duro por nuestras familias”, dijo la inmigrante originaria del Distrito Federal y quien tiene más de 12 años sin ver a su familia en México.

El temor en la comunidad inmigrante en Arizona es mucho mayor desde que varias agencias del orden a nivel local y estatal anunciaran acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tenemos que seguir trabajando no solo a nivel nacional, pero también a nivel local y estatal para detener las fuerzas anti-inmigrantes, nuestra lucha no termina con un voto en el Senado”, aseguró Allen.

Por su parte otros activistas, como Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, dijo que comparte el dolor de la comunidad inmigrante ante la derrota en el Senado, pero aseguró que de todas maneras la propuesta que estaba en la mesa iba a ser de más daño que beneficio para la comunidad inmigrante.

“Creo que tenemos que trabajar mucho más fuerte, para que los políticos se den cuenta de que nuestra gente no va a aceptar solo migajas”, dijo García. VN