AUTORIDADES ESCOLARES DE TORONTO DECIDEN NO FACILITAR INFORMACIÓN MIGRATORIA

El Consejo Escolar de Toronto, que gobierna las escuelas públicas de la mayor ciudad canadiense, ha decidido que no preguntará ni ofrecerá información sobre la situación legal de sus alumnos procedentes de familias inmigrantes.

La medida, denominada “no se pregunta, no se dice” permitirá al personal docente negarse a dar a los funcionarios de inmigración información sobre la situación migratoria de sus estudiantes.

En abril del año pasado, funcionarios del Ministerio de Inmigración detuvieron en su domicilio de Toronto al costarricense Francella Sossa, a su hija de dos años y a sus padres.

Con la familia en un vehículo -el marido de Francella, Gerald Lizano, se libró de la redada porque estaba en su trabajo-, los agentes se dirigieron al colegio donde estudian los otros dos hijos del matrimonio, Kimberly y Gerald, y los detuvieron en presencia de sus compañeros de clase.

Un día después, el 28 de abril, los funcionarios del Ministerio de Inmigración volvieron a actuar contra otra familia costarricense. En esa ocasión, se presentaron primero en la escuela a la que asistían Lisbeth y Hacel Araya (de 7 y 14 años) y amenazaron con llevarse a las niñas si sus padres no se presentaban de inmediato.

La madre, Denia Araya, se apresuró a acudir la escuela, donde fue detenida y llevada junto con sus hijas a un centro de detención, aunque posteriormente fueron puestas en libertad.

Tras conocerse estos dos casos, se supo que las autoridades del Ministerio de Inmigración habían solicitado a las escuelas de Toronto información sobre estudiantes cuyas familias podrían encontrarse ilegalmente en el país.

Uno de los miembros del Consejo Escolar de Toronto, Lloyd McKell, declaró a la prensa local que la decisión está dirigida “a asegurar que ningún estudiante que vive en nuestra comunidad que no tiene documentos migratorios tiene acceso a nuestras escuelas”.

La decisión de las autoridades educativas de Toronto contrasta con la creciente presión en los Estados Unidos a las autoridades locales para que colaboren en la persecución de inmigrantes indocumentados. VN