APRUEBAN MEDIDAS MIGRATORIAS ESTATALES ANTE FALTA DE REFORMA FEDERAL

Las legislaturas estatales han aprobado unas 170 medidas sobre inmigración para hacer frente a la falta de acción del Gobierno federal en esta materia, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El informe, presentado en la asamblea anual de la Conferencia que se reúne en Boston (Massachusetts), señala que la causa principal de la abundancia de iniciativas en las legislaturas estatales ha sido “el fracaso” del Congreso federal y del gobierno del presidente George W. Bush en el debate sobre inmigración.

“El fracaso del Congreso para aprobar una reforma migratoria integral ha forzado a los estados a actuar”, dijo la senadora demócrata por Texas, Leticia Van de Putte, que preside la conferencia.

“Una vez más los estados se han hecho cargo del liderazgo en uno de los desafíos de política pública más importantes que afronta nuestro país”, añadió.

Las legislaturas estatales han considerado este año cerca de dos veces y media más iniciativas sobre inmigración que en 2006, y el número de las que se han convertido en ley duplica las 84 nuevas normas promulgadas el año anterior, según la Conferencia.

El informe precisa que en total se han propuesto 1.404 legislaciones sobre inmigración en los 50 estados del país, de las cuales 170 se han aprobado en 41 estados distintos.

Los temas que más se han propuesto en los estados como susceptibles de controlarse fueron la concesión de licencias (como las de conducir) y documentos de identidad (229 propuestas y 35 aprobadas), seguidas de las de empleo (234 propuestas y 26 aprobadas) y salud (134 propuestas y 11 aprobadas).

Además también destacaron las de educación (118 propuestas y 10 aprobadas) y las relacionadas con la obtención de otros beneficios públicos (115 propuestas y 15 aprobadas).

Por ejemplo, el Congreso de Luisiana aprobó una ley que prohíbe al estado dar licencias de conducir a los extranjeros hasta que haya revisado sus antecedentes criminales.

Una ley en Tennessee convirtió en crimen, en lugar de delito civil, la contratación de trabajadores indocumentados.

La de Oregón determinó que sólo los abogados pueden realizar consultas sobre inmigración, mientras que en Arizona los empresarios que a sabiendas contraten a indocumentados pueden ser castigados con la suspensión de su permiso para ejercer.

“El mensaje de nuestros votantes es fuerte y claro, están frustrados porque el gobierno no ha tomado medidas necesarias para asegurar la frontera”, resaltó al diario estadounidense “The New York Times” Timothy Bee, republicano que preside el senado de Arizona.

Sin embargo, al tiempo que algunos estados endurecen las medidas contra la inmigración ilegal, otros aprobaron textos para protegerles contra la explotación y para aumentar las prestaciones que éstos reciben para educación y atención sanitaria para sus hijos.

Fueron 15 los estados que adoptaron leyes que castigan el tráfico ilegal de inmigrantes, especialmente si se relaciona con el negocio de la prostitución y de otros delitos sexuales.

Como una consecuencia más de que no se regule la inmigración a nivel federal, las legislaciones en muchas ocasiones se contradicen entre los estados.

Por ejemplo, en Illinois, una ley prohíbe que los negocios consulten una base de datos federal para averiguar el estatus migratorio de sus empleados porque, según ellos, está repleta de fallos.

Sin embargo otros estados como Arizona obligan a consultar esa misma base de datos para que no se contrate a ningún inmigrante indocumentado.

En 19 de los 50 estados de la Unión las nuevas leyes prohíben la contratación de trabajadores indocumentados, en tanto que once estados promulgaron 15 leyes que restringen o niegan los servicios públicos para inmigrantes indocumentados. VN